En diálogo con el periódico regional, Lafaurie expuso las razones por las cuales considera inconvenientes los dos proyectos de decreto publicados recientemente por el Ministerio de Agricultura: el primero da vía libre a financiar movilizaciones por parte del Estado y el otro tiene que ver con extinción de dominio “administrativa”.

A su juicio, si el acuerdo que firmó Fedegán con el Gobierno nacional en octubre del año pasado va en marcha, y el propio director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, afirmó que ya tienen más de 1’600.000 hectáreas ofrecidas y más de 700.000 con factibilidad técnica y jurídica, no hay necesidad de ninguno de los dos decretos.

“Si el problema no es la tierra, ¿para qué van a movilizar a la gente? Son dos decretos que no se entienden y es el Gobierno que tiene que salir a explicar. Por eso la importancia de la Comisión de Paz del Congreso”, afirmó. (Lea en CONtexto ganadero: Mis obligaciones con los ganaderos son irrenunciables: Lafaurie)

El dirigente gremial se refirió a la propuesta de 17 congresistas que integran la Comisión de Paz y Posconflicto del Senado de la República, quienes propusieron abrir un espacio de diálogo para discutir los recientes proyectos de decreto expedidos por el Gobierno y que han generado malestar en el sector agropecuario.

Sobre el primer decreto, que habilita la extinción de dominio por vía administrativa, aseguró que “pone en altísimo riesgo la propiedad privada: en lugar de que sea un juez el que finalmente, a través de un proceso garantista, resuelva extinguir el dominio, le da potestad a un funcionario administrativo que termina siendo juez y parte”.

Y precisó: “El Gobierno tiene tres formas de hacerse un bien: una es comprarlo, que es el acuerdo. Dos, expropiarlo, pero toda expropiación, de acuerdo con la ley, obliga a que el Gobierno indemnice o pague el valor del bien. Y tercero, extinguir la propiedad, que implica quitarle la propiedad a un tercero”.

Con el decreto, un funcionario público de la Agencia Nacional de Tierras puede quitarle su propiedad a un tenedor de buena fe, aquel que compra o hereda un bien y tiene una matrícula inmobiliaria, sin ningún tipo de resarcimiento económico. (Lea en CONtexto ganadero: Gran preocupación causa decreto del Gobierno que promueve movilizaciones campesinas)

“Eso se haría bajo dos tipos de argumentos: que el bien no cumple la función social o porque ha violentado cualquier norma en materia ambiental. Eso no sucede en ninguna parte del mundo, salvo en los países comunistas o socialistas. En Venezuela pasó: le quitaron la propiedad a mucha gente y el Gobierno la incautó. Ese es un decreto que no tendía ningún sentido”, declaró.

“Mi obligación es advertir sobre los riesgos”

Sobre el decreto que “promueve la movilización y organización campesina” con financiación estatal, explicó que esta normativa puede tener un impacto muy fuerte en los territorios porque causará conflictos innecesarios, a pesar de que es el propio Gobierno el que “promueve una política de paz total y un gran acuerdo nacional”.

“Mi interés no es controvertir, es advertir. Además, si yo soy en este momento un aliado del Gobierno en los temas de la tierra, ¿no te parece que mi obligación...? No, la obligación de ellos era haberme informado. No lo hicieron. La obligación mía es advertirles los riesgos que puede traer esto, porque es que ya vimos lo que pasó en Los Pozos (Caquetá). Eso fue terrible. Terminaron provocando unas movilizaciones de campesinos que terminaron instrumentalizados por las disidencias y mataron a uno de los campesinos. Además, degollaron en la cara de sus compañeros a un policía”, sostuvo.

De acuerdo con el presidente del gremio cúpula de la ganadería, en los territorios donde hay control de grupos armados, que son más de 300 municipios, las movilizaciones pueden terminar siendo instrumentalizadas por esos mismos grupos al margen de la ley. Por ello, hace una advertencia al país, que no se trata de cuestionar la protesta sino de que el Gobierno entienda el deber del Estado.

“El Estado tiene un deber, el más importante, cuidar la vida, pero también la propiedad y la honra. Esa es la obligación constitucional del Estado. La libertad natural que todo individuo tiene, que se le transfiere al Estado, es justamente para eso: para que proteja esos derechos y esas libertades. Para qué el Estado promueve movilizaciones que algunas, no digo que todas, pueden terminar en la generación de conflicto, cuando él es el obligado a darle una respuesta a cualquier desbordamiento del orden público. Me parece inconsecuente”, sostuvo.

Y añadió: “El Estado no está para crear conflictos, sino para prevenirlos. El Estado está constituido para proteger los derechos de los ciudadanos, no para generar situaciones de riesgo. Entonces lo que yo estoy haciendo es advirtiéndole al Gobierno que lo que está haciendo es una muy mala idea”.