El país vio en videos cómo dos hombres armados ingresaron a la casa de Leoncio Picón y sacaron a su hijo adolescente de su casa en Aguachica, 15 días después el joven fue liberado. Pablo Sánchez no contó con la misma suerte, pues, luego de ser asaltado y torturado, recibió un tiro en la cabeza.

Hace pocos días el gobernador del Cesar, Andrés Meza Araujo, anunció, tras un consejo de seguridad, que en ese departamento opera un cartel dedicado al abigeato y carneo de reses, que luego de sacrificar a las animales in situ, ingresa la carne al mercado negro local y regional poniendo en riesgo no solo la estabilidad económica de los ganaderos, sino también, la salud de los ciudadanos que eventualmente consuman ese producto.

Las autoridades pudieron determinar que se trataba de una estructura bien organizada porque utilizaron el mismo sistema para sustraer ganado de varias fincas ubicadas en la zona rural de los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego y Bosconia. Según Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno Departamental, la forma de operar confirmaría “la existencia de un cartel que está al frente de este delito y que están comercializando la carne en los centros de alto consumo”.

A este problema de tamañas magnitudes y que parece estar fuera de control, según declaraciones del gobernador porque “los ganaderos no están recibiendo la seguridad que merecen”, se le suma ahora el secuestro extorsivo, delito que desde hacía varios años era solo asunto de los libros de historia y las declaraciones de personajes alzados en armas que hoy se encuentran en libertad o purgando penas en cárceles colombianas o estadounidenses.

La grave situación de hoy día empieza a preocupar al gremio ganadero del Cesar en pleno, pues en el pasado reciente, fue precisamente el secuestro uno de los delitos qué más utilizaron los grupos armados ilegales para presionar a los empresarios. Un informe de la Fundación Colombia Ganadera (Fundagán) asegura que en el marco del conflicto que vive el país desde hace más de 60 años, este sector aportó alrededor de 3293 víctimas.

Ese mismo estudio da cuenta que de los 3293 hombres y mujeres del gremio ganadero que se han declarado perjudicados por el conflicto armado, un número cercano a los 1354 afectados reside en la Región Caribe y, el departamento del Cesar, en particular, registra casi la mitad del total: 41 % de las víctimas con 216 asesinatos y 352 ganaderos secuestrados.