El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, instaló este domingo 20 de julio el nuevo Congreso, al que invitó a legislar las reformas necesarias para el posconflicto tras más de medio siglo de confrontación armada.
En el discurso de inauguración de la nueva legislatura en el Capitolio Nacional en Bogotá, el mandatario afirmó que el país está cambiando y "está dejando atrás los lastres de la guerra y del odio".
Santos, quien previamente presidió el tradicional desfile militar con el que cada 20 de julio Colombia celebra el Grito de Independencia de la Corona española de 1810, afirmó que "este será, no les quepa duda, el Congreso de la Paz".
Luego de 19 meses de conversaciones, los diálogos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc, comunistas) han alcanzado acuerdos parciales sobre 3 de los 6 puntos en agenda: reforma agraria, participación política de los guerrilleros y narcotráfico. Con la presencia como nuevo senador del expresidente Álvaro Uribe (2020-2010), el más fuerte opositor del gobierno y del proceso de paz que adelanta en La Habana con la guerrilla, Santos recordó que fue reelecto el pasado 15 de junio con la propuesta de seguir avanzando en esos diálogos con las Farc, principal grupo rebelde del país.
Aún quedan por negociar la reparación de las víctimas, el abandono de las armas y el método para refrendar los acuerdos. (Columna: ¿Quién le teme a Álvaro Uribe?)
Sin mencionar al expresidente, Santos dijo que aún sus opositores quieren la paz. "¡Por supuesto que la quieren! No hay colombiano en su sano juicio que no la desee".
En su discurso, el mandatario mencionó 29 veces la palabra paz y convocó a los senadores y parlamentarios a dejar, al término de los 4 años que su legislatura, un país "del que todos nos sintamos orgullosos". Santos encontrará en el nuevo Legislativo, de 102 senadores y 163 representantes, un entorno más hostil que durante su primer mandato. A este Congreso, más dividido y diverso, deberá presentarle los proyectos de ley que reflejen los posibles acuerdos que se firmen en La Habana.
El presidente contará con 48 senadores y 92 representantes que hacen parte de su coalición, mientras que el Centro Democrático, movimiento creado por Uribe en 2013, tendrá 20 senadores y 19 representantes.
Santos aseguró que el acuerdo de paz requiere que las víctimas sean reparadas y sepan la verdad y enfatizó que no habrá impunidad.
Por su parte, Uribe, quien acusa al gobierno de ofrecer impunidad a los rebeldes, permaneció adusto durante el discurso de su sucesor, ex ministro de Defensa y ahora contrincante político. (Lea: Uribe reclama a Santos por descuido del sector agrícola)
El expresidente tendrá sus propios opositores liderados por los senadores Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, y Claudia López, del independiente Partido Verde, quienes en diversas oportunidades cuestionaron la supuesta cercanía del expresidente con los grupos paramilitares.
Varias reformas en la agenda legislativa
Uribe también podría afrontar fuertes debates políticos por los escándalos de su Gobierno relacionados con las escuchas ilegales a opositores, jueces y periodistas, además de presuntos actos de corrupción y asesinatos de civiles presentados como guerrilleros dados de baja en combates.
Sin embargo, para que el nuevo Congreso pueda abordar estos temas los eventuales acuerdos deberán ser primero refrendados por voto popular antes de ser reglamentados por los legisladores, según dijo el mandatario. Santos, reelegido para un segundo periodo que se iniciará el 7 de agosto y durará hasta 2018, tiene el desafío de lograr la aprobación de normas que faciliten la desmovilización de los guerrilleros y regulen su posible participación en la vida política.
Además del de la paz, el nuevo Legislativo tendrá que atender entre otros temas reformas del sistema de salud, del Código minero, la justicia y de la estructura política, que incluye la abolición de la reelección presidencial, que benefició a Santos y a Uribe. Por otra parte, poco antes de ser reelecto, Santos anunció conversaciones exploratorias con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), segunda guerrilla del país, para iniciar un proceso de paz paralelo, que también requerirá de leyes aprobadas por el Congreso.