Lo que comenzó como una iniciativa en búsqueda de equidad viene dejando de ser un riesgo y se ha convertido en una amenaza para miles de productores que habitan en los campos del país, esos de los cuales derivan su sustento y que les están arrebatando de forma violenta.   Varios jueces del país vienen emitiendo una serie de fallos que obligan a integrantes de la Fuerza Pública ir a determinados predios, comunicar sus decisiones y proceder a desalojar a sus habitantes. No entienden de razones, cumplen su deber aunque el proceso implique el uso de la fuerza y destruir el fruto del trabajo de muchos años.   Estos hombres está amparados en la Ley conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la 1448, que ”en su título IV capítulo II, creó un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto armado interno.” (Lea: “Sector rural del país enfrenta 3 grandes amenazas”: Lafaurie)   Sin embargo, en los últimos meses se están empezando a presentar un panorama complejo por cuenta de darle cumplimiento a los fallos, esto porque los dueños de la tierra reclaman ser sus legítimos propietarios y para ello se valen de todo tipo de argumentos legales para demostrarlo.   El problema radica en que a la justicia poco parece importarle esta situación, prevalece por el contrario el afán de mostrar resultados y hacerlo rápido, de hecho la celeridad parece haber aumentado en cuanto se habla de una inminente firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.   La problemática se repite a lo largo y ancho de la geografía nacional con una, sino extraña, por lo menos curiosa coincidencia: hasta el momento, no se conocen casos en los que los expropiados sean dueños de extensas áreas de tierra, sino que por el contrario el común denominador son pequeños productores, que derivan su sustento y el de sus familias de eso de los que llegan para sacarlos.   En no pocas oportunidades los propietarios se resisten, despertando la solidaridad de sus trabajadores, vecinos e incluso algunos extraños. Eso  ha generado episodios de violencia, esa que se trata de erradicar de Colombia, pero para lo que pareciera necesario complacer los intereses de unos pocos y ya después sí, pensar en paz.   Hombres y hasta niños heridos, policías recurriendo a la violencia como si de delincuentes se tratara, mujeres que se encadenan, gritos, improperios, la escena se lee dramática, pero se queda corta frente a la realidad que sufren quienes lo están perdiendo todo. (Lea: Víctimas de Restitución de tierras dicen ser falsos positivos del Gobierno)   Aunque se da por descontado que son muchos los casos que pasan sin que de ellos queden registros, existe ya un prontuario que detalla casos de personas a las que los quieren sacar de sus tierras legalmente adquiridas en Sucre, Meta, Córdoba, Santander, Guaviare, Boyacá y Bolívar, por solo  mencionar algunos.   Muchos se preguntan a quién acudir, si existen nuevas instancias, lugares a los que puedan dirigirse a interponer sus quejas y reclamos, pero lo cierto es que, y de ello son conscientes, difícilmente podrán volver a esa tierra que tanto trabajo les costó adquirir y volver productiva.   La idea que se vendió por parte del Gobierno fue siempre la de reparar víctimas, pero muchos sostienen que se están creando unas nuevas y con el agravante de dejarlos en la calle, sin protección alguna y sumándoles el estigma de despojadores; un problema que es hoy en día una bomba de relojería a punto de estallar en la Colombia rural.