“Pretender que el Gobierno pase de una reforma agraria concertada a una radical equivaldría a prender la llama que acabaría con la posibilidad de distribuir la tierra, de incentivar el campo, de movernos hacia una economía sostenible y de hacer posible la transición energética”.

Así lo sostuvo la exministra de agricultura del gobierno Petro, Cecilia López Montaño, en una columna publicada en el diario El Tiempo donde señala que una reforma agraria radical, a la fuerza, como se está planteando ahora, debe analizarse en el contexto actual del mundo rural.

Para la exfuncionaria y experta en temas agropecuarios, el campo colombiano está en guerra, los fantasmas del pasado reciente siguen vivos, como por ejemplo el asesinato de líderes sociales, el paramilitarismo y otras fuentes de violencia.

Indica en su nota que la polémica que ya empezó necesita una visión equilibrada entre quienes podrían estar defendiendo el statu quo y el gobierno que plantea su visión de cambio.

Sostiene que se debe analizar objetivamente otras alternativas para hacer realidad la reforma agraria, y en tal sentido “vale la pena preguntarse: ¿en qué quedó la propuesta que se le entregó al Presidente en marzo, en la que se identificaron seis millones de hectáreas en la región Caribe y el Magdalena Medio, dentro de las cuales había un potencial de compra cercano a la meta del millón y medio?” (Lea en CONtexto ganadero: “O me vende la tierra que quiero comprar…, o se la quito”)

Se trataba de una negociación con los propietarios para que además de venderle al Estado una parte de su predio pudieran recibir incentivos para explotar más eficientemente la tierra que conservaban. Esta era una reforma agraria concertada que no generaba temores como los actuales que se derivan de una reforma a la fuerza que sería la llama que Colombia no necesita.

Asegura López que “desafortunadamente, el diálogo, elemento esencial de la democracia, ha sido sustituido en todos los ámbitos por una profunda polarización, parecería que tender puentes entre sectores opositores no se considera parte esencial de la paz”.

Añade que la posibilidad de frustrar nuevamente la reforma agraria en Colombia por decisiones equivocadas, aceleradas y sin medir los costos está latente y representaría un error histórico. “No solo perdería el 23 % de los colombianos que viven en el campo, sino todo el país. Un país con una economía desacelerada no puede darse el lujo de frustrar la reactivación de un sector clave por la incertidumbre que se está generando sobre su futuro”.

No se estaba preparado

Manifiesta la exministra que un tema que no se ha planteado es que para lograr este reto se necesitaba un aparato estatal eficiente, despolitizado, que hiciera uso de los instrumentos disponibles para responder a una demanda que no había existido antes.

Ninguna entidad del sector agropecuario se había visto enfrentada a las tareas que ahora tendría que asumir. Era evidente que errores como comprar tierra de origen ilegal o improductiva podían matar la reforma. Por eso siempre se dijo que esta reforma agraria concertada era una tarea de filigrana. (Lea en CONtexto ganadero: ¿Quién está detrás de la extinción de dominio?)

Pero esta complejidad no la entendió el Gobierno, asegura López: “El Presidente perdió la paciencia y sus funcionarios se enfrentaron al siguiente dilema: o se volvían muy eficientes y superaban rápidamente los obstáculos y las debilidades de los instrumentos vigentes o se movían de una reforma agraria concertada a una radical. Desde hace meses aparecieron señales de que la primera no fue la opción elegida. Se empezó a afirmar que era imposible actuar hoy con normas viejas, refiriéndose, entre otras, a la Ley 160 de 1994 y al Decreto ley 902 de 2017 que reglamentó el primer punto del Acuerdo de Paz. Bajo el argumento de supuestas normas obsoletas se ha estado ocultando la ineficiencia de los funcionarios, es decir, su incapacidad de avanzar cumpliendo las leyes vigentes”.

Para los conocedores de la actividad agropecuaria y de sus instituciones era obvio que comprar tierras, distribuirlas y acompañarlas con proyectos productivos tomaría su tiempo. Este reconocimiento llevó a considerar la necesidad de ajustar la meta de los tres millones de hectáreas a un millón y medio durante el gobierno actual, lo cual ya sería un gran avance.

Salidas en falso

Ante el dilema planteado, la primera salida fue la expropiación exprés, con la que se buscaba que en 21 días se declarara la transferencia de un predio a la Agencia Nacional de Tierras, sin que mediara la decisión de un juez, procedimiento muy riesgoso, porque limitaba las garantías de los propietarios. Hubo un gran rechazo, aun dentro del mismo Gobierno, y obviamente el Congreso se negó a debatirlo.

Dada esta negativa surgió ahora la posibilidad de aplicar la extinción del dominio por incumplimiento de la función social de la propiedad con un argumento loable, producir alimentos para enfrentar el hambre. Si bien esa figura legal está contemplada para algunos casos, la nueva reglamentación contenida en un proyecto de decreto crea nuevas causales para su aplicación, lo cual corresponde a una decisión del Congreso y no del Ministerio de Agricultura.

Un análisis jurídico de esta reglamentación advierte que “la extinción es una figura que anula los derechos de propiedad por cuanto, su uso debe estar limitado solo a los casos más graves y claros de la violación de la función social y ecológica”. Otra preocupación se refiere a la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras que tiene funciones administrativas asuma funciones judiciales. (Lea en CONtexto ganadero: Así se ha avanzado en el tema de tierras durante el primer año de gobierno)

“Si el diagnóstico es de insuficiencia operativa, hacia allá hay que orientar esfuerzos, sin distraerse en alternativas, como el proyecto de decreto que establece la extinción administrativa del dominio, que amenaza la legítima propiedad privada y, lejos de ser una opción de agilidad, enrarece el ambiente y afecta el proceso de oferta verdaderamente voluntaria, que hoy sube ‘en ascensor’”, manifestó el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, en una columna de opinión.

Y expresó además que es necesario eliminar trabas, reducir trámites y fortalecer la Agencia Nacional de Tierras para que, a manera de piloto, logre ejecutar el presupuesto de la vigencia y pueda enfrentar con solvencia el reto de 2024, con una adición anunciada de 5 billones, exclusivamente para compra de tierra.