Esta semana debe quedar aprobado el Plan Nacional de Desarrollo para la vigencia 2022-2026 del presidente Gustavo Petro, el cual como lo han denunciado varios congresistas está cargado de micos.

Uno de los aspectos que más preocupa tiene que ver con las facultades dadas al mandatario para algunos aspectos, desconociendo la labor del Congreso y evitando trámites en el Legislativo, lo cual no es exclusivo del Plan sino que también aparece en las otras reformas ya radicadas.

Entre las facultades extraordinarias, estaría la de permitirle al jefe de Estado determinar las tarifas correspondientes al costo del Soat. Según la senadora Paloma Valencia, con esas capacidades otorgadas a Petro podría generarse hasta un desfinanciamiento del sistema, similar al que podría ocurrir con el de la salud y los poderes presidenciales planteados en esa reforma.

Además, da facultad extraordinaria para modificar y acabar con el programa de Familias y Jóvenes en Acción. Programas que han beneficiado a más de 2,6 millones de hogares y cerca de 400.000 jóvenes.

También emitió reparos sobre la nueva política antidrogas y aseveró que el PND podría generar graves afectaciones al medio ambiente. “Destruyen la transición energética subiéndole los impuestos a las energías alternativas y limpias del 1 al 6 %, y acuérdense que el impuesto para el carbón está en el 4 %. De manera que producir energías limpias va a ser más costoso que usar carbón”, afirmó Valencia.

Añadió que “van a entregar las zonas de reserva forestal, que las tenemos que proteger por nuestra biodiversidad, en concesiones para que las exploten los campesinos durante 20 años”. (Lea en CONtexto ganadero: Aspectos relevantes para el agro en el Plan Nacional de Desarrollo)

Más facultades para decidir

Otro de los micos, aprobado por las comisiones económicas de Cámara y Senado es el que establece que los funcionarios públicos tendrán como obligación afiliarse a la ARL Positiva, compañía estatal manejada por el Ministerio de Hacienda. Consideró la congresista que esto “rompe con la libre competencia y además desdibuja el marco jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado”.

Por su parte, David Luna manifestó sobre el tema que, ese artículo viola la libertad de los ciudadanos a elegir la compañía aseguradora de riesgos laborales de su preferencia. “Claramente atenta contra el principio de la libre acción que contempla nuestra Constitución”.

Así mismo, Valencia se refirió a otros micos como que el presidente quiere “definir a puerta cerrada” sobre las políticas antidrogas y de los derechos sexuales y reproductivos. También insistió en que el mandatario tendrá poderes especiales para modificar los regímenes especiales de las entidades públicas financieras.

Adicionalmente se refirió a más burocracia para la Cámara de Representantes, por medio de facultades extraordinarias para crear desde agencias de seguridad, pasando por entidades que manejen todos los temas ambientales.

También está la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, frente a lo cual la senadora indicó que "el Gobierno insiste en crear una Agencia de Seguridad donde sus competencias serán determinadas por el presidente de la República mediante facultades extraordinarias". (Lea en CONtexto ganadero: “El sector agropecuario tiene una alta prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo”: Cecilia López)

Uno de los puntos más controversiales denunciados es el artículo referente a proyectos ferroviarios y de transporte de pasajeros, pues este constituiría una modificación de la ley de contratación, "Petro cambió la ley de contratación para paralizar la construcción del Metro elevado en Bogotá", señaló.

Tema de inseguridad

Igualmente, en el PND se reconocen las territorialidades campesinas, lo cual hace que la congresista pregunta ¿Cuáles serán? ¿La de las 'guardias campesinas' en San Vicente del Caguán que secuestraron campesinos? ¿O las que escoltaban a Iván Mordisco?

A lo anterior se suma la imposición de un arancel inteligente y de defensa comercial, que redundará en "intentar cerrar los mercados internacionales y declarar 'Soberanía Alimentaria' con un nuevo arancel llamado 'Inteligente y defensa comercial'".

Cuestionó la metodología de contratación de las "Asociaciones Público-Populares", que quedará sin especificación en la ley. Esto puede ser un gran foco de corrupción y de compra de votos con los recursos públicos.

Llama la atención de la creación del programa "Jóvenes en paz", ya que no contiene información detallada sobre su estructura, pero podría usarse para dar los 800 mil pesos que el presidente Petro prometió a jóvenes que dejarán las bandas criminales y de la primera línea. (Lea en CONtexto ganadero: ¡Aprueban el plan de desarrollo o lo adopto!)

Otros micos señalados son el programa cuestionado en la alcaldía de Bogotá "Basura cero", que se repetirá a nivel nacional. También la obligatoriedad de adoptar las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad: "Esto es adicionar, dentro del plan de desarrollo, el informe completo de la Comisión de la Verdad y sus más de 48 recomendaciones, varias muy malas y politizadas".