La Fundación para el Estado de Derecho, con el apoyo de The National Endowment for Democracy, realizó un análisis del proyecto de ley, de iniciativa gubernamental, que busca reglamentar la jurisdicción agraria, encontrando varios problemas sobre los cuales llamó la atención.

Es así como la Fundación alertó que este proyecto tiene serias falencias, que denomina semáforos rojos, que, si no se corrigen en vez de lograr mayor paz en el campo, puede generar más conflictos. Además, tendría serios riesgos para los derechos de la propiedad privada, el debido proceso y la seguridad jurídica.

Según Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la Fundación, hay algunos apartados del proyecto que representan una amenaza para el estado de derecho y que deben corregirse, como es el derecho a la propiedad, al debido proceso y el principio de gobierno constitucional.

En cuanto al primer aspecto, algunos de los principios problemáticos tienen que ver con lo que el proyecto menciona sobre la concentración improductiva y ociosa y permanencia agraria, así como los procedimientos administrativos especiales agrarios o “expropiación exprés”.

Frente al derecho al debido proceso mencionó el objeto desmedido de la jurisdicción, la desigualdad procesal y el régimen de transición complejo. El proyecto incorpora medidas procesales destinadas a proteger a sujetos especialmente vulnerables, como campesinos y comunidades rurales. Sin embargo, al hacerlo, genera un desequilibrio significativo en los juicios agrarios. (Lea en CONtexto ganadero: Conozca los alcances y riesgos de la jurisdicción agraria que avanza en el Congreso)

Respecto al principio de gobierno constitucional mencionó el vacío de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que la defensoría pública corresponde a la Defensoría del Pueblo y no a la Agencia Nacional de Tierras. Además, se genera incertidumbre jurídica y debilitamiento institucional debido a la falta de claridad en el régimen de transición hacia la nueva jurisdicción agraria, lo que vacía de funciones a las jurisdicciones ordinarias y la contencioso-administrativa, que tradicionalmente han tenido competencia sobre estos asuntos.

“Si no se corrige el rumbo y se hacen los ajustes, lo que se viene es un tremendo caos jurisdiccional. La asignación de competencias pertenecientes a la jurisdicción contenciosa a otros actores no especializados en la materia en favor de la Jurisdicción Agraria podría generar duplicidad en el sistema judicial”, aseguró Vélez.

Incentivo a la invasión de tierras

Indicó que hay algunos aspectos de las normas procesales que se encontraron en el proyecto, que pueden ser muy inconvenientes, que contradicen las actuales normatividades que hay procedimentales, que pueden incentivar, por ejemplo, la invasión de tierras. No queda clara si hay o no hay expropiación exprés, se podría interpretar que algunas de estas normas permitirían, eventualmente, que el gobierno nacional iniciara por la vía administrativa expropiación de predios. Eso no está del todo claro que no se pueda hacer. Se requiere de mayor claridad, pues el gobierno se ha manifestado alrededor de la inconveniencia de que haya expropiación exprés en algunos casos. Entonces esa claridad se requiere en el proyecto de ley.

Por otro lado, las normas que hay sobre pruebas son indefinidas, no son claras y pueden generar también problemas muy serios en el momento en que se apliquen y, finalmente, lo que acaba pasando acá es que esta jurisdicción se está extralimitando, se está desbordando su competencia inicial que fue una idea importante del acuerdo de paz que debe ser implementada pero no de una manera desbordada en donde acabe vaciando eventualmente las competencias de otras jurisdicciones, particularmente la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (Lea en CONtexto ganadero: Jurisdicción Agraria: propiedad privada rural en entredicho)

“Se puede convertir en una jurisdicción Frankenstein, si esto no tiene una revisión, una modificación y un ajuste importante en el trámite legislativo”, afirmó Vélez.

Como están algunas de estas normas hay unos riesgos supremamente altos para los dueños de predios que son invadidos porque de alguna manera se invierte el procedimiento cuando hay el caso, por ejemplo, de invasiones, y si se considera que hay algún tipo de población vulnerable en el proceso o en el acto de la invasión de la finca, no se pueden iniciar medidas cautelares para que se retorne la propiedad a su legítimo propietario, sino que se le permite a este invasor permanecer ahí hasta que quien sabe qué tiempo después la justicia decida que efectivamente no tiene derecho a estar ahí. Entonces ya no puede haber acciones policiales para sacar a invasores de las tierras, en detrimento de los propietarios de ellas.

Jueces activistas

Otro aspecto delicado del proyecto es la pérdida de imparcialidad de los jueces porque se introduce una serie de criterios de decisión que son bastante exóticos. El juez podrá fallar extra petita (fuera de lo pedido) y ultra petita (más de lo solicitado), lo cual significa que el juez puede fallar mucho más allá del objeto del litigio, y además lo puede hacer con criterios que no son necesariamente probatorios sino que son criterios de su propia ética, entonces se podrían crear unos jueces activistas políticos que en su actuar pueden generar mucha más tensión y mucho más conflicto en el campo y no ser lo que debe de ser unos elementos de pacificación y de tranquilidad para los propietarios rurales y también pues para los que viven en el campo.

Además, consideró que hay un riesgo muy grande para las empresas que invierten en el campo, por ejemplo, los ingenios azucareros, pero también en todos los renglones productivos porque esto introduce en la actividad rural, sobre todo, la agroempresarial una gran incertidumbre y cuando hay incertidumbre de esta naturaleza, cuando uno puede tener jueces activistas, que no se sabe cómo van a fallar, que pueden fallar básicamente como quieran, que es lo que está pasando acá, no porque los jueces fallen así, sino porque la ley se los va a permitir. No es el problema de los jueces, es el problema de cómo la ley está enfocada. (Lea en CONtexto ganadero: Nueva alerta de expropiación por parte del gobierno vía jurisdicción agraria)

Con esa incertidumbre realmente los proyectos en el campo no se van a poder dar porque nadie va a invertir cuando no saben bien cómo son las reglas de juego, cuando hay inseguridad jurídica.

De igual manera, manifestó que con el proyecto la Agencia Nacional de Tierra va a ser una super agencia, “se vuelve una cosa todopoderosa realmente, que tiene inclusive la facultad básicamente de expropiar tierras con un plumazo. Si se interpretan algunas de estas normas, como creemos que se pueden interpretar, entonces si es cierto que no se quiere tener una agencia súper poderosa, si es cierto que no se quiere tener una agencia nacional de tierras que pueda hacer expropiaciones, pues entonces el llamado es a que se corrija la ley, se establece las claridades correspondientes y que cada componente institucional quede asignado a donde debe estar y no que se transpongan uno sobre los otros”.

Concluyó señalando que “aunque la creación de esta jurisdicción es un avance positivo, su éxito dependerá de la capacidad del Congreso y del Gobierno para corregir los aspectos señalados”.