En declaraciones a Noticias Uno, el funcionario dijo que hay siete predios que ya están listos para comprar y que ya el gobierno con base en el avalúa que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y empresas de lonja de propiedad raíz, les hizo la propuesta a los propietarios y se espera la respuesta de ellos para proceder a la compra.

De acuerdo con lo expuesto por Vega, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) le ha ofrecido al gobierno 1.051 predios que representan 390.798 hectáreas de las cuales, hasta el momento, solo se pueden negociar 64.000 porque no tienen procesos judiciales en curso, no se inundan, son productivas y no tienen procesos de restitución.

Afirmó que la entidad viene superando trabajas burocráticas del pasado que impedían agilizar la compra de tierras. “Los códigos, la normatividad, y los decretos, están hechos para que nunca se haga reforma agraria”, afirmó.

Por eso, agregó, hay que modificar varias normas y procedimientos internos que se tienen en la propia Agencia Nacional de Tierras. (Lea: La oferta de tierras no va en la dinámica ni en la dirección que queríamos: Cecilia López M.)

Sostuvo que hasta el momento se han evaluado 161.000 hectáreas, incluyendo las de Fedegán, que cumplen con los requisitos de compra.

Vega reconoció que Fedegán ha demostrado compromiso y buena voluntad para que las tierras lleguen a las víctimas del conflicto armado en Colombia y así cumplir con el punto uno del Acuerdo de La Habana con las Farc.

Primeras demandas

De otra parte, la ANT activó los escenarios judiciales y radicó las primeras cinco demandas con pretensiones agrarias para deslinde de tierras de la nación, clarificación de la propiedad y recuperación de baldíos indebidamente ocupados, en cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de La Habana.

El subdirector de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la Agencia, Ricardo Arturo Romero Cabezas, explicó que “esta radicación de las primeras demandas con pretensiones agrarias buscará dar solución a los conflictos de tierras en Colombia a través del acceso a la justicia y es una demostración del compromiso institucional de la Agencia para resolver de manera definitiva las problemáticas rurales con estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley”.

Tres de las demandas pretenden la declaratoria como bien de uso público, y con esto, su incorporación en los inventarios de la administración de tierras de la Nación y la correcta gestión ecosistémica de estos entornos ligados a cuerpos de agua. (Lea: Programa nacional de tierras, ¿más de lo mismo o no?)

Los procesos agrarios de deslinde de tierras de la Nación corresponden a los predios: playón entre la Finca Bonaire y Corralito 2, en Arjona, Bolívar (21 hectáreas + 3.767 m2); el Humedal Bocas de Palo 2, en la vereda Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca (3 hectáreas + 9.855 m2); y el Humedal Bocas de Palo 3, en la vereda Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca, con una extensión de 9.139 m2.

Otra de las demandas se preparó junto con la Subdirección de Seguridad Jurídica de la ANT y corresponde al proceso agrario de clarificación de la propiedad de la Finca Maracaná en Ayapel, Córdoba (5 hectáreas + 2.234 m2), en la que se hace solicitud de declaratoria como predio baldío de la Nación ante el Juez Civil del Circuito, y con esto, su puesta a disposición para los sujetos de ordenamiento social de la propiedad que han solicitado tierras en ese municipio.

En recuperación de baldíos indebidamente ocupados se espera la validación judicial de la indebida ocupación de un particular en el predio Santuario Hoy Gamerú O Macondo 2 en San Martín, Meta (9 ha + 7.229 m2), para su adecuada disposición agraria.

Estas demandas son las primeras que se radican desde la expedición del Decreto Ley 902 de 2017, y contribuyen a la implementación de la Reforma Agraria liderada por el Gobierno Nacional para agilizar la recomposición y el ordenamiento de los territorios.