Las reacciones al primer punto del acuerdo que el gobierno firmó con el ELN en Caracas no se han hecho esperar y los gremios ya se han expresado, mostrando su preocupación al respecto.

Es el caso de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), cuyo presidente, Jorge Enrique Bedoya, advirtió que “cuando un grupo terrorista que sigue extorsionando y que tiene la amenaza del secuestro sobre la población, está haciendo una presión para que la sociedad civil diga lo que el ELN quiere que quede en los acuerdos, no hay ninguna libertad”.

Independientemente del hecho vinculante, el que “no haya garantías para que la población, aun la que no está de acuerdo con ese grupo terrorista, participe de estos diálogos en el territorio, lo que genera es la mayor preocupación porque la gente va a ir con miedo o coaccionada y si a eso se suma que las transformaciones son de obligatorio cumplimiento por las partes y deberán convertirse en políticas de Estado, todos deberíamos estar bastante preocupados”, afirmó el dirigente gremial en declaraciones a La FM.

Para Bedoya hay varios elementos que preocupan. En primer lugar, el carácter vinculante de los acuerdos que se logren en un mecanismo de participación que no garantiza la participación de toda la sociedad; segundo, pareciera que esas transformaciones terminarían siendo de obligatorio cumplimiento por las partes y deberán convertirse en políticas de Estado como reza el texto.

Frente a ello la pregunta es ¿qué va a pasar con la Constitución? Y si la van a respetar entonces todo eso debería pasar por el Congreso de la República y, sin embargo, no quedó plasmado en el documento. (Lea en CONtexto ganadero: ELN, rezando y pecando)

No hay garantías

Otro punto tiene que ver con las garantías de participación de la ciudadanía, en este caso, de la ruralidad. ¿En cuántos departamentos, como Arauca, Nariño y muchos otros, donde hace presencia esta organización terrorista del ELN, el documento no hace ninguna referencia a que haya un compromiso de ellos de dejar la minería criminal, la explotación ilícita de yacimientos mineros?

Tampoco, dijo Bedoya, se hace ninguna referencia al tema de la extorsión, que continúa siendo una fuente de financiación de este grupo terrorista y que, obviamente, le genera mucho miedo a la población. Igualmente, no se menciona nada del secuestro.

“Todos esos elementos permiten concluir, con toda objetividad, que no hay condiciones de garantía y de seguridad para la población rural donde hace presencia este grupo terrorista de ir a un mecanismo de manera libre, espontánea y sin ningún temor, porque cuando se sabe que siguen extorsionando y que puede ser secuestrado es como si le pusieran un fusil en la cabeza para ir a un mecanismo de participación donde los resultados y los compromisos que se adquieran serán de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno nacional”. (Lea en CONtexto ganadero: La imposición de condiciones del Eln en el sexto ciclo de la mesa de diálogos de paz)

Bedoya cuestionó la intención del Gobierno en relación a una posible Asamblea Constituyente, mencionando que la interpretación del acuerdo genera temores adicionales. "La lectura de ese documento, junto con lo dicho por el excanciller (Álvaro) Leyva sobre la Constituyente, indiscutiblemente genera una gran preocupación adicional", comentó.