Polémico decreto de Petro entrega autoridad ambiental a comunidades indígenas: ¿un retroceso institucional?

El decreto 1275 de 2024, firmado recientemente por el presidente Gustavo Petro, ha desatado una fuerte polémica en Colombia. Esta norma otorga a las comunidades indígenas la misma autoridad ambiental que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en sus territorios, un cambio que, según el mandatario, busca corregir los fallos históricos de estas entidades en la protección de la naturaleza.

Petro ha acusado a las CAR de ser cómplices de la destrucción ambiental por su corrupción y su falta de rigor en la protección de los ecosistemas.

Esta decisión ha prendido las alarmas en diferentes sectores, tanto económicos como industriales, que ven en la medida un riesgo para la estabilidad de grandes proyectos de infraestructura.

Contexto del Decreto

El Decreto 1275, titulado “Por el cual se establecen las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas”, señala que los pueblos indígenas, debido a su cosmovisión y relación ancestral con la tierra, tienen un conocimiento profundo sobre cómo mantener el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, algo que, según Petro, las CAR no han sabido hacer.

Entre los principios rectores del decreto se destacan conceptos de territorialidad, reciprocidad natural, armonía y equilibrio, y responsabilidad ambiental intergeneracional, con un enfoque especial en la "espiritualidad indígena" como base para la protección ambiental​.

Competencias otorgadas a las comunidades indígenas

El decreto no solo reconoce la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión de sus territorios, sino que también establece que las autoridades indígenas podrán formular planes de ordenamiento ambiental, administrar recursos naturales y coordinar con otras entidades estatales en temas de preservación y restauración ambiental​.

Estas comunidades estarán facultadas para sancionar a miembros de sus propias comunidades y colaborar con las autoridades nacionales en la imposición de sanciones a personas externas que infrinjan la normatividad ambiental dentro de sus territorios​.

Las críticas al decreto

El análisis de esta decisión gubernamental advierten serios y graves problemas hacia delante.

Juan David Arango, director de Corpocaldas, advirtió en sus redes sociales que esta norma significa un debilitamiento de la institucionalidad ambiental del país.

Según Arango, otorgar estos poderes a las comunidades indígenas carece de rigor técnico y podría llevar a decisiones que afecten gravemente proyectos de infraestructura y desarrollo económico​.

Por su parte, el empresario Nicolás Uribe ha criticado lo que considera un acto de populismo por parte de Petro, afirmando que el decreto desmantela el Estado de derecho al subestimar el componente técnico necesario para la gestión ambiental​. Además, sectores industriales temen que esta nueva autoridad pueda detener proyectos estratégicos, como ha ocurrido en procesos de consulta previa, paralizando inversiones millonarias y frenando el desarrollo económico de regiones claves.

Las partes más polémicas del Decreto 1275

Entre las disposiciones más controvertidas del decreto se encuentra la inclusión del principio de pluralismo jurídico, que establece que las normas propias de los pueblos indígenas prevalecerán sobre las normativas ambientales nacionales en sus territorios​. Esto implica que las comunidades indígenas tendrán la última palabra en asuntos de protección y uso de los recursos naturales, lo que podría generar tensiones con las entidades estatales y las empresas que dependen de estos permisos para operar.

Otro aspecto preocupante es la ambigüedad sobre cómo se coordinarán estas nuevas competencias con las ya existentes. El decreto menciona que las autoridades indígenas y las CAR deben trabajar juntas, pero no especifica mecanismos claros para resolver conflictos de competencia, lo que deja abierta la posibilidad de enfrentamientos legales prolongados​.

Un desafío para el equilibrio institucional

La pregunta central sigue siendo si las comunidades indígenas tienen la capacidad técnica para asumir un rol tan importante en la gestión ambiental, y si su visión del mundo, profundamente espiritual y basada en la reciprocidad con la naturaleza, podrá coexistir con los intereses del desarrollo económico del país.

Por otro lado, la medida también parece estar cargada de un simbolismo político fuerte, ya que Petro ha afirmado que, si el decreto es tumbado por la oposición, lo volverá a presentar una y otra vez. Esta postura confrontacional del presidente refleja una intención clara de priorizar la visión de los pueblos indígenas sobre el desarrollo ambiental del país, aún frente a la oposición técnica e industrial.