Este 19 de julio, un día antes de la celebración del Día de la Independencia Colombiana, se cumplen más de 72 horas del paro minero indefinido y más de un mes de las protestas en Catatumbo, Norte de Santander.

Ambas manifestaciones pretenden hacer un llamado al Gobierno nacional para que dirija su mirada a los campesinos de Tibú y a los mineros artesanales del país. Sin embargo, las grescas en ambas manifestaciones han generado opiniones diferentes sobre lo que hay detrás de ellas. 

Varias voces han asegurado que los campesinos de Catatumbo han sido manipulados por miembros de grupos armados que se infiltran en las protestas con armamento de guerra, el cual fue hallado por la Fuerza Pública.

Las protestas de mineros también ha tomado un rumbo desolador. Algunos representantes de comités mineros han negado que los trabajadores hayan causado la incineración de tractocamiones y el bloqueo de vías, aun así, el paro ha perdido legitimidad. (Lea: Camiones quemados y bloqueo de vías en segundo día del paro minero)

El primero en explicar que las vías nacionales por las que transitan mineros han sido saboteadas, fue el gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado, quien solicitó a la policía que se abriera el paso vehicular a Buenaventura en horas de la madrugada de este viernes, tras varias horas de caos en la carretera.

El funcionario señaló que los manifestantes que vienen de Chocó se movilizan con causas justas, mientras que grupos ilegales son los responsables de incendiar camiones y generar disturbios, al explicar que varios puntos viales fueron cerrados estratégicamente. También dijo que “fuerzas económicas muy poderosas están financiando el paro minero”.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, coincidió con el gobernador del Valle del Cauca y aseguró que los actores al margen de la ley aprovechan las manifestaciones para desestabilizar el país.

“Si los actores armados quieren hacer política primero que dejen las armas, hagan la paz y le den la cara a las víctimas”, señaló el ministro. 

Carrillo dijo que el presidente Juan Manuel Santos no dejará que el paro minero ocasione cierres viales: “en caso de bloqueos y vías derechos, caerá todo el peso de la ley, porque hay que proteger el derecho de todos los colombianos”.

Para el ministro es claro que los grupos ilegales acosan a la población civil en momentos de manifestaciones y no se atienden las propuestas del Gobierno que, en el caso de Catatumbo, dijo que daría $2 billones para solucionar problemas sociales en la región, los cuales fueron rechazados en las mesas de conversaciones.

Las consecuencias no se han hecho esperar en ambos paros que han generado impacto negativo en la población civil. En Catatumbo, por ejemplo, no se encuentran alimentos de la canasta familiar y los productores agropecuarios no han podido movilizar su mercancía. (Lea: "Situación en Catatumbo se debe al proceso de paz": Rafael Guarín)

En Montería, 1.000 pasajeros no se han podido desplazar a Medellín y Bogotá porque las empresas de buses suspendieron los recorridos para evitar tropiezos en las vías.