El actual gobierno se ha caracterizado por tomar medidas y expedir normas que resultan perjudiciales para algunos sectores y que no toman en cuenta la realidad que se vive en las regiones.

Ahora el turno es para la resolución 377 del 26 de diciembre de 2024 que establece las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y que busca delimitar 250.000 hectáreas del Suroeste antioqueño para actividades agrícolas prioritarias, dejando fuera otras actividades económicas como la minería y la ganadería, consideradas de alto impacto ambiental.

Si bien se anunció que esta norma se aplicaría en nueve municipios de la alta Guajira, en 21 de Córdoba, dos de Santander, 11 de la sabana de Bogotá y ocho de una zona entre Tolima y el Cauca, más seis del Bajo Cauca y los 23 del suroeste de Antioquia, la primera prueba se implementaría en esta última subregión antioqueña y de acuerdo con las voces que critican esta medida, esto tiene que ver con una ofensiva contra las distintas expresiones de minería, principalmente contra Quebradona, el proyecto minero entre Jericó y Támesis que buscaría extraer 4,9 millones de toneladas de concentrado de oro y que cuenta con una fuerte oposición del gobierno de Gustavo Petro

Según el Ministerio, las zonas seleccionadas representan el 39,2 % del total del territorio en la subregión, que históricamente ha basado su economía en el cultivo de café, la ganadería, la minería y el turismo.

Estas áreas serán seleccionadas en función de criterios técnicos, jurídicos y socioculturales, pero aún no se han definido los polígonos específicos, lo que ha generado incertidumbre entre los habitantes y sectores productivos de la región.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el objetivo de las APPA es garantizar la protección de suelos destinados a la producción de alimentos, priorizando 49 tipos de cultivos. (Lea en CONtexto ganadero: Resolución de MinAgricultura redirecciona dinero de parafiscales agropecuarios)

Esta medida podría restringir el uso de terrenos para otras actividades económicas. De hecho, el suroeste antioqueño es una región con una economía diversificada que incluye la producción de café, la minería de oro y carbón, la ganadería y el turismo. Estas actividades podrían verse afectadas si los terrenos donde se desarrollan son seleccionados como parte de las APPA

A esto se suma los problemas que pueden tener para ejercer la vocación económica que venían trabajando, sin importar la actividad puntual, puesto que, si se seleccionan las zonas para las APPA, los terrenos no se pueden usar para ejercer ningún otro tipo de actividad, más allá de si este espacio cuenta con mejores vocaciones para su explotación económica.

Se demandará la norma

Desde el comité Intergremial de Antioquia, que agrupa a 35 gremios del departamento, se expresó preocupación por el impacto en la competitividad de la región. “Esto provocará una parálisis en sectores productivos clave, afectando tanto a empresas como a comunidades del Suroeste antioqueño y de todo el departamento”, señaló la organización.

Considera el grupo que el Gobierno Nacional busca redefinir la vocación económica de una de las subregiones que generan más recursos al departamento. En su cuenta de X escribieron que “desde el Intergremial hacemos un llamado a todos los actores empresariales, públicos y sociales para defender la autonomía de nuestro territorio”. (Lea en CONtexto ganadero: Gobierno busca ejercer control sobre asociaciones y gremios del agro)

Así mismo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, anunció que demandará la norma y aseguró que dicha resolución “es una usurpación que le hace el Gobierno Nacional en su lucha ideológica por querer oponerse a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la minería”.

Añadió que “los concejos municipales son los únicos competentes en la Constitución y en la Ley de Colombia para definir los usos del suelo, para establecer dónde se hace industria, dónde se hace vivienda, dónde se desarrolla el comercio, dónde se desarrollan las distintas actividades (…) Nosotros, por nuestra parte, vamos a demandar esa resolución por improcedente”, aseguró.

Igualmente, el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid han señalado que la resolución podría desatar una “incertidumbre jurídica” al limitar actividades económicas vigentes en los territorios seleccionados, además de la falta de socialización de la medida con las comunidades afectadas.

Al igual que el gobernador, el congresista anunció que demandará la vigencia de esta resolución y que se buscará que se imponga una medida cautelar para su implementación hasta tanto no haya claridades y se solucionen los vacíos legales que pueden ser letales para una de las subregiones más productivas de Antioquia. (Lea en CONtexto ganadero: La Jurisdicción Agraria es una amenaza, aunque los ministros digan lo contrario: Lafaurie)

Ante las diversas críticas el Ministerio, a través de un comunicado, indicó que la identificación de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (Zppa) no constituye una determinante del ordenamiento territorial, sino que se trata de un polígono indicativo para análisis y estudios técnicos y no generan efectos jurídicos inmediatos y que su propósito es establecer un marco de referencia para el diálogo y la participación con los actores territoriales.

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, en cambio, serán las áreas definitivas que sí tendrán efectos jurídicos y garantizarán la protección de los suelos destinados a la producción alimentaria.