El gobierno nacional busca revivir la expropiación, esta vez a través de la jurisdicción agraria, advirtió la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático.

Primero fue en el Plan Nacional de Desarrollo donde se introdujo la expropiación express, sin embargo, en el debate en el Congreso se pudo modificar. Después y de manera muy hábil, el gobierno metió otro artículo similar en una proposición que fue votada sin que siquiera fuera leída, por lo que hoy está demandada ante la Corte Constitucional, señala la congresista en una columna de opinión de minuto30.com

Allí la senadora indica que “nuevamente estamos enfrentados al mismo deseo expropiatorio. Ahora con la forma de Jurisdicción Agraria. Un monstruo que quedó pactado en el acuerdo de la Habana -aunque allá sin contenido- ahora se vuelve en una eficaz herramienta para abolir la propiedad privada”.

El proyecto de ley, que desarrolla una creación constitucional ya aprobada, entra a primer debate esta semana en la Comisión Primera. Por las batallas que se han dado frente a los proyectos de salud y pensiones esta iniciativa ha pasado desapercibida, señala Valencia. (Lea en CONtexto ganadero: Preocupación y rechazo de propietarios rurales por la expropiación)

Con base en la aprobada jurisdicción agraria, el proyecto establece que “buscará el acceso a la propiedad de la tierra para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Luchará contra la concentración de la tierra. Además, toma funciones para superar la informalidad en la tenencia de la tierra. Con un principio de especial protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria. Y una consecuencia de absoluta desprotección total al sector productivo”.

El nuevo criterio que crea este gobierno para la posesión de la tierra ya no son las escrituras sobre la tierra sino quién la jurisdicción defina como débil, denuncia la senadora, al tiempo que formula una serie de interrogantes como: ¿Es más débil el invasor que quiere la tierra o es más débil el dueño de la tierra al que quieren expropiar? Cuando se decida entregar la propiedad a otro, ¿Cómo procede la indemnización si es que la hay? ¿Quién paga y a qué precio?

Protección a los invasores

Otro punto sobre el cual llama la atención la congresista es el principio de “permanencia agraria”, con el cual el gobierno quiere blindar jurídicamente a los invasores de tierras. “Se establece que los jueces buscarán garantizar la posesión regular de la tierra ocupada para fines productivos y evitarán los actos de desalojo que interrumpan las actividades productivas necesarias para la autosuficiencia. Con esto ningún propietario podrá sacar a los invasores. Es una invitación desde el gobierno a invadir cultivos de caña, café, arroz, maíz, palma, etc. Esto disparará la violencia en el campo”.

Por si fuera poco, los jueces también tendrán “facultades superpoderosas”. Podrán fallar “extra y ultra petita”, es decir, más allá de lo que pida el demandante. Con esto protegen al invasor y podrán determinar cualquier otra medida para que no se vean nunca afectados por los legítimos dueños. Además, podrán determinar cualquier medida cautelar para que no saquen a los invasores de los predios. El proyecto también crea el grado de consulta solo para analizar sentencias adversas al campesinado. (Lea en CONtexto ganadero: Expropiación exprés, un 'gol' que busca meter el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo)

El proyecto establece que se presumirá verdadera cualquier prueba que presente la Agencia Nacional de Tierras. Con esto el gobierno nacional incidirá directamente en todos los procesos. También establece que se presumirán verdaderas las declaraciones de los sujetos de especial protección: cualquier campesino. Eso genera una inseguridad jurídica. “Falsas víctimas y testigos serán el pan de cada proceso. Los propietarios deberán gastar millones en abogados para desvirtuar esas declaraciones. ¿Qué pasa si no tienen dinero para la defensa? Perderán su propiedad”.

Concluye señalando que “la aprobación de esta ley acabaría con la propiedad privada en Colombia, pondría en riesgo la seguridad jurídica de los propietarios de tierras y acabaría con la inversión en el campo”.