Las medidas que ha tomado el Gobierno contra aquellos que se han atrevido a manifestar su abierta oposición a los acuerdos alcanzados con las Farc han llenado de temor a empresarios, políticos e incluso periodistas. Muchos optan por decir que votarán sí para evitar represalias.   En pleno siglo XXI, la ley del silencio parece estar apoderándose de diversos estamentos de la sociedad colombiana de cara al plebiscito que se votará el próximo 2 de octubre.   Las encuestas que se divulgan en los grandes medios de comunicación hablan de una amplia ventaja, la pauta oficial tiene grandes espacios, muchos funcionarios se encuentran de licencia promoviendo el voto a favor; sin embargo, con el paso de los días aumentan las voces que dicen que no son pocas las personas que se ven obligadas a manifestarse a favor del sí por presión y no por convicción. (Columna: ¿Timochenko presidente?)   Para obtener votos a favor del Sí, el Gobierno ha salido a ofrecer presupuesto en las regiones, se advierte a funcionarios que de ello depende su continuidad laboral y se han invertido millonarias sumas.   A pesar de todo, muchas personas reconocen que los acuerdos alcanzados con las Farc en La Habana distan mucho de un buen escenario y, por el contrario, expresan en voz baja su preocupación por el escenario que temen podrían tener que enfrentar.   Personas del mundo político, empresarios, periodistas, entre otros, son algunas de las que, al igual que el resto del país, han sido testigos de la manera en la que suele proceder este Gobierno con aquellos que en algún momento han sido capaces de expresar respetuosamente un punto de vista diferente.   La retaliación ha hecho que muchos opten entonces por callar e incluso que otros se vean obligados a anunciar públicamente su apoyo a un proceso en el que realmente no creen, pero que es lo único que les evita ser estigmatizados como enemigos de la paz y sufrir consecuencias de tipo económico, sanciones, cierres, procesos judiciales, por mencionar algunos ejemplos. (Columna: Por qué votaré NO)   Algunas de las personas que se encuentran recorriendo el país para dar a conocer las razones por las que es mejor votar de manera negativa  han podido recoger testimonios de primera mano y de todo tipo.   Según han revelado algunos de ellos, la sensación de miedo es grande. Algunos se acercan tímidamente a expresar su intención de votar no, pero temen perder sus empleos, ser víctimas de algún tipo de agresión o señalados por quienes se encuentran apoyando el sí.

La decisión de obligar al desmonte de vallas, la no cesión de espacios en los medios de comunicación, la posibilidad de permitir que funcionarios en lugar de estar trabajando se dediquen a hacer campaña, son algunas de las atribuciones que se ha otorgado el Gobierno en su afán de seguir buscando sumar votos.   Los empleados de los diferentes organismos del Estado son otros de los que piden que no se les mencione el tema. Aunque hay muchos de ellos convencidos de las ventajas de votar por el sí, lo cierto es que el número no supera en demasía a los que se decantan por el no, pero también lo es el que deben mantener su reserva para preservar su estabilidad laboral, pues a varios de ellos les reiteran que de eso dependerá el que sigan contratados. (Columna: Silencios inexplicables)   A escasos días de la cita con las urnas Colombia sigue polarizada, lo lamentable es que no se tenga la libertad de decir abiertamente lo que se opina frente al tema y que ese temor sea originado por el Gobierno, que debería ser de hecho quien garantice que haya condiciones de igualdad para todos, finalmente, pensar distinto no puede ser pecado.