Una vez más se encienden las alarmas por el proyecto de reglamentación de la jurisdicción agraria, que ahora tiene mensaje de urgencia a fin de ser aprobado rápidamente, legalizando las invasiones y las tomas de la propiedad privada a la fuerza.

En su columna “Peligrosa jurisdicción agraria”, publicada en CONtexto ganadero, Miguel Ángel Lacouture Arévalo, advierte los riesgos que tiene la aprobación de la iniciativa sin el adecuado debate y análisis que una norma como esta debe tener.

Sostiene que este proyecto es “la invitación e incitación a la ocupación ilegal de inmuebles, en palabras llanas, invadan la tierra que la jurisdicción agraria los protege”.

Además, con esta política se afecta de manera grave el derecho a la propiedad privada, consagrado en la Constitución Nacional, así como los derechos adquiridos con base en las leyes civiles, poniendo en gravísimo peligro la existencia y ejercicio de la democracia, así como la existencia de la República, como modelo de gobierno. (Lea en CONtexto ganadero: Propiedad rural en peligro por el proyecto de reglamentación de la jurisdicción agraria)

Recuerda que la propiedad privada es un pilar importante de todos los derechos consagrados en la Carta Magna, muy contrario a la colectivización de la propiedad, bandera de los regímenes absolutistas que pretende implementar el socialismo como el actual gobierno.

El reconocimiento de grupos sociales, como sujetos de especial protección por parte del Estado, tal como lo ha hecho este gobierno, no es argumento suficiente para la creación de la Jurisdicción Agraria desde el “principio de asimetría” o de “especial protección al más débil” porque no se justifica que por el solo hecho de ser “empresario del campo”, propietario, antes del inicio del proceso, sus derechos queden en condiciones desiguales frente a quien por vías de hecho violentan su propiedad sobre el inmueble, que el Estado debe garantizar.

Asegura Lacouture que “estamos frente al desconocimiento directo del derecho de tenencia y titularidad de un bien, a quien de manera formal y legal se reconoció por el Estado, quien debe hacerlo valer frente a quien se lo está afectando”.

Vía libra a invasiones

La implementación del “Principio de la Permanencia Agraria”, es otro de los graves riesgos para el propietario legítimo de un terreno, pues allí se indica que se garantizará a los sujetos en condición de vulnerabilidad la continuidad en la tenencia y posesión agraria con fines productivos, así la haya tomado a la fuerza.

En consecuencia, las autoridades judiciales evitarán los actos de perturbación o desalojo que interrumpan las actividades productivas necesarias para su autosuficiencia y/o para el logro de la soberanía alimentaria, hasta tanto se expida la providencia que resuelva la controversia. (Lea en CONtexto ganadero: Conozca los alcances y riesgos de la jurisdicción agraria que avanza en el Congreso)

El juez agrario podrá suspender las acciones policivas, administrativas o judiciales previstas para la protección de la propiedad privada, para hacer cesar la perturbación de la propiedad, cuando quien por vías de hecho ocupa ilegalmente el inmueble, demuestre que lo hace para su autosuficiencia o emprendimiento, para contribuir a la soberanía alimentaria, lo cual sería suficiente con tres palos de yuca y, dos matas de guineo.

A ello se suma que los operadores de la jurisdicción agraria, hoy no existen con la formación especializada e independencia ideológica política, esta será dada dentro de principios ideológicos socialistas, siempre en búsqueda de la propiedad colectiva de la tierra, planteada como principio general de esta proyectada jurisdicción.

“Lo que hoy es ilegal e ilegítimo, por ministerio de la ley y competencia del operador judicial agrario pasará, a ser legal y legítimo, hasta que se resuelva de fondo la controversia. Lo que estamos afrontando es un cambio de fondo de nuestro sistema de gobierno, expresado en nuestro modelo de República”, concluye.