La Contraloría General de la República le dirigió una advertencia al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Banco Agrario y a la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, por los riesgos técnicos y económicos que implica la Resolución 490 del 20 de diciembre de 2023 que suscribió la ministra y que, en caso de materializarse, “generarían una alta posibilidad de afectación al erario”.

El organismo de control advirtió una posible vulneración a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, los cuales considera que no fueron atendidos en la expedición de dicha norma por parte del Ministerio de Agricultura, que de persistir pueden conllevar a la vulneración de derechos fundamentales frente a los beneficiarios del Programa de Vivienda de Interés Social Rural, a lo que se suma la posible ocurrencia de un detrimento patrimonial.

A la fecha persiste la existencia de un riesgo próximo y real ante la aplicación de la Resolución que conlleve a la destinación de subsidios otorgados a beneficiarios, a los que el Estado reconoció su derecho a una vivienda digna, para ser aplicados a otros beneficiarios del programa de vivienda de interés social rural; y, por otra parte, la ralentización del Programa de Vivienda de Interés Social Rural a nivel nacional.

Con la aplicación de la Resolución, que determinó conformar unidad de caja con los subsidios no materializados del programa, se estaría haciendo uso de subsidios que pueden estar invertidos en viviendas en construcción, terminadas y no entregadas a los beneficiarios, o en viviendas que apenas van a iniciar la construcción, lo que impactaría la financiación de los proyectos de vivienda no identificados en la resolución del ministerio, que solo consideró 5 Gerencias Integrales del Programa de Vivienda de Interés Social Rural. (Lea en CONtexto ganadero: Más de 36.000 hogares rurales se beneficiarán con la política de vivienda rural)

Posible daño patrimonial

La norma establece la posibilidad de reconocer el presunto desequilibrio económico en los contratos a cargo de las 5 Gerencias Integrales priorizadas, sin agotar las instancias determinadas por la Constitución y la Ley, sobre las viviendas terminadas antes de la entrada en vigencia de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, por lo que podría incurrirse en una afectación al patrimonio público por $50.653 millones.

Además, el ente de control considera que “se presenta vulneración de la función administrativa, al expedir un acto administrativo sin el previo respaldo presupuestal y determinar la unidad de caja con recursos de diferentes fuentes y destinación específica, en contravía del marco normativo presupuestal”, por cuanto se trata de recursos con destinación específica.

Se presenta, además, riesgo jurídico por cuanto lo dispuesto en dicha medida excede lo señalado en el artículo 300 de la Ley 2294 de 2023 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia potencia mundial de la vida”, por cuanto dicha ley considera unas fuentes de financiación que, al corresponder a recursos con destinación específica, en ningún momento señala que se conforme unidad de caja como lo pretende la Resolución del Ministerio, excediendo sus competencias.

Riesgo financiero

Según la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, que recomendó emitir esta advertencia como resultado de un seguimiento permanente al programa de vivienda de interés social rural y a las entidades que lo ejecutan, existe un riesgo financiero por lo dispuesto en la Resolución 490 que determina realizar desembolsos por un valor total de $54.652 millones por concepto de reconocimiento de subsidios de vivienda al valor presente, sin considerar las circunstancias particulares de cada beneficiario, desconociendo las condiciones pactadas en los contratos de gerencia integral y los requisitos establecidos en el Manual Operativo del programa para poder realizar los pagos a los contratistas. (Lea en CONtexto ganadero: Ganaderos se integran a la política de vivienda rural)

De esta manera se desconoce que dicho monto de recursos no se encuentra disponible, y apenas está en curso el trámite de aprobación de aproximadamente $10 mil millones vía Presupuesto General de la Nación, lo cual es insuficiente para atender lo estimado. Por lo tanto, no se cuenta con respaldo presupuestal y financiero que permita llevar a cabo compromisos y desembolsos en la cuantía antes señalada.

Desde el segundo semestre de 2021, la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario ha evaluado el Programa de Vivienda de Interés Social Rural, encontrando un rezago significativo de subsidios otorgados desde el año 2000 a 2019, que corresponden a beneficiarios a los que no se les ha construido o entregado su vivienda, aunque algunos demolieron sus casas de bareque, esperanzados en la vivienda que recibirían por parte del Estado, y actualmente se encuentran viviendo en condiciones precarias.

Algunos hallazgos con presunto alcance fiscal establecidos en las auditorías realizadas por la Contraloría tienen como la causa la pérdida de recursos por apropiación de los desembolsos por parte de los operadores del programa (gerencias integrales) y/o casos donde los contratistas de obra no resuelven la situación de fondo, que es la de hacer entrega a los ciudadanos de una vivienda digna para ellos y sus familias.