El ex ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, insistió en que la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno no solamente concierne al sector primario de la economía, sino también a otros como el minero-energético, y en general, a toda la sociedad.   Para el que una vez fue parte del gabinete del presidente Juan Manuel Santos, el proyecto de ley que surgió para cumplir lo acordado con las Farc en la mesa de La Habana no se reserva únicamente al sector productivo primario.   “Este tema de tierras es un tema agrícola, es un tema petrolero, es un tema minero, es un tema energético (las hidroeléctricas ocupan territorio), y por supuesto, es un tema que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura”, declaró. (Lea: Catastro multipropósito, un cheque en blanco)   Para el abogado y economista, la ocupación y el uso de la tierra no deben reducirse únicamente al sector agropecuario, porque se dejan de lado a otros actores que la necesitan, como los constructores o las empresas mineras.   Cuestionó que haya políticos y líderes de opinión que desestiman el valor de la tierra, señalando que otros sectores aportan más al PIB. Según él, el petróleo ha sido el producto que más ha apalancado la economía del país en los últimos años y que tiene directa relación con el tema del uso de la tierra.   “Más de $120 billones de pesos recibió el Estado gracias a las regalías y los dividendos por el petróleo. Llegamos a más de 1 millón de barriles diarios y aumentó el precio, pero lamentablemente en lugar de haberlo invertido en generación de empleo, se invirtió en gasto social”, dijo. (Lea: Ley de tierras: dos proyectos pero un mismo fin)   Un segundo aspecto que le preocupa son las consultas populares. Según él, anteriormente mecanismo de participación estaba reservado para los indígenas y los afrodescendientes, y ahora se emplea sin ningún criterio.   “Cualquier actividad productiva que se vaya a realizar en el campo, puede ser suspendida por una consulta. Y aún antes de que se expidieran los decretos-ley, ya habíamos empezado a sentir eso, así esa actividad productiva estuviera cumpliendo con los requerimientos ambientales que se exigen”, sostuvo.   Lizarralde citó los ejemplos de la petrolera Hupecol Operating Co. en la Serranía de la Macanera, y la empresa AngloGold Ashanti con el proyecto de La Colosa en Cajamarca, y mencionó las otras consultas que se están desarrollando en municipios de Cundinamarca y Putumayo. (Lea: Sigue en riesgo la propiedad privada con las expropiaciones)   Un tercer aspecto que le llamó la atención es que mientras que todos los demás colombianos deben cumplir con una cantidad de requisitos para ser poseedores de tierra, a las etnias no les exigirán ninguno.   “Esto es un tema delicado en varios departamentos. Hemos visto por mucho tiempo cómo ellos invaden tierras ancestrales o no, y esas invasiones de aquí en adelante tienen que ser respetadas”, puntualizó.   Además, las comunidades decidirán sobre la formación catastral multipropósito y la protección del medio ambiente, tengan o no conocimiento. (Lea: Exsuperintendente de notariado no entiende razón de la ley de tierras)   “Son muchos elementos los que vamos a enfrentar, que definitivamente van a generar un freno en la actividad productiva rural y urbana”, sentenció.