El exministro Alejandro Gaviria expresó cinco preocupaciones que tiene sobre el proyecto de reforma a la salud que comenzó su discusión en el Congreso y que por presentar observaciones le costó la salida del gobierno Petro.

Aunque la iniciativa parecía no tener muchas posibilidades por lo que habían dicho representantes de los partidos de gobierno que se mostraban contrarios al proyecto, lo cierto es que ha avanzado.

Para Gaviria, quien además de haber sido ministro de educación del actual gobierno fue ministro de salud durante seis años en el gobierno de Juan Manuel Santos, uno de los grandes problemas de la polarización, de las discusiones entre partes enfrentadas que no se respetan éticamente, es la confusión de los términos del debate. “Usted defiende el negocio, yo los pacientes”, se dice de un lado. “Usted quiere entregarles el sistema de salud a los políticos con fines electorales”, se responde del otro. Uno y otro de los participantes dudan de las intenciones de sus contrapartes, convertidos ya en enemigos.

Este debate no es, entre un grupo altruista y otro cooptado o mal intencionado. Incluso se podría partir de la idea de que todos los participantes quieren promover el bienestar general. El debate es sobre de qué manera hacerlo, sobre el papel del sector privado en la provisión de un servicio social, sobre los incentivos y las formas más adecuadas de regulación. En suma, sobre el “cómo”.

Tachar a los otros, a quienes piensan distinto, de defensores del negocio o de corruptos, de nada sirve. No construye. Paraliza. Con el propósito de construir, esto es, de avanzar el debate, Gaviria planteó cinco preocupaciones puntuales sobre la reforma a la salud propuesta. (Lea: La reforma a la salud le costaría al país 6 reformas tributarias)

Plan sin beneficios

La reforma propone un sistema abierto: sin plan de beneficios, sin UPC (Unidad de Pago por Capitación), sin contratos con los prestadores, sin auditorías concurrentes, etc. Un sistema concebido de esta manera llevaría a una crisis financiera, con efectos inmediatos sobre la prestación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público debería tomar nota al respecto.

Así mismo, la iniciativa plantea un sistema completamente fragmentado; entre el primer nivel de atención y la atención de mayor complejidad, entre las RISS generales y las de laboratorio, apoyo diagnóstico, farmacéuticas, de trasplantes, etc. Esta fragmentación hará mucho más traumática la atención del paciente.

La reforma acaba con las EPS y por lo tanto con las capacidades acumuladas por treinta años, en auditorias, compra de servicios, gestión de riesgo, manejo de enfermedades crónicas, etc. Si no van a realizar labores de contratación, gestión de riesgo y auditorías, el papel de las gestoras no tiene sentido, es cosmético. Muchas EPS saldrán del sistema, creando una crisis de atención.

También el proyecto plantea que el Estado va a asumir los servicios sociales complementarios que hoy hacen las EPS. ¿Pagará la ADRES centralizadamente el transporte de los pacientes? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Pueden gestionarse desde Bogotá este tipo de atenciones? ¿Quién va a hacer la auditoría y el control? En general, en la reforma planteada, la ADRES acumula funciones sin tener las capacidades. (Lea: Reforma a la salud: Petro oye pero no escucha ni a sus ministros)

¿Qué va a pasar con los 100 mil trabajadores de las EPS? ¿Puede la ADRES con una fracción de los trabajadores actuales asumir las responsabilidades de coordinación y administración de todo el sistema de salud? ¿En cuánto tiempo? ¿Hay un plan claro de transición? La verdad no lo hay. Ni hay respuestas a las preguntas planteadas.

“Uno podría evadir este debate diciendo simplemente que la administración de la salud debe ser pública. Pero el debate es más complejo y no se resuelve con acusaciones generales o pronunciamientos retóricos”, concluyó el exministro.