Luego de una visita de control realizada por la Procuraduría General de la Nación a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el ente de control lanzó una alerta por posibles irregularidades con la compra de tierras por medio de la reforma agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el Ministerio Público se encontraron varias inconsistencias sobre los procesos de compra de terrenos, lo que podría significar una pérdida de aproximadamente $137.000 millones. El informe señala que “a fin de realizar un cálculo estimativo de los valores que se ponen en riesgo con tales acciones se tomaron como base los precios de los inmuebles estimados para el pago según la información de los expedientes de compra y los valores pagados por los avalúos en los casos en los que se señala que no se debieron ordenar. En suma, el valor que se pone en riesgo corresponde a 136.911.777.315 pesos”.

Una de las advertencias tiene que ver con la posible adquisición de bienes baldíos de forma ilegítima, que no son adjudicables, reservados o destinados para un servicio público, según informó W Radio. En la revisión de los expedientes seleccionados se identificó que varios de los análisis jurídicos no advirtieron esta regla, pues “dieron por acreditada la propiedad por la segunda forma de acreditación –también denominada fórmula transaccional–. Esto, pese a que dentro de los estudios técnicos sobre el predio se daba cuenta de “áreas con cuerpos de agua, humedales, terrenos inundables entre otros más”, según dice el informe.

Así mismo, señala el documento que algunos de estos terrenos baldíos estarían en zonas que colindan con humedales y zonas que podrían inundarse, por lo que no serían tierras realmente productivas, revela El Espectador.

Para la Procuraduría, la ANT no ha adelantado el correcto análisis de los predios que ha ordenado comprar. En algunos casos ha llegado solo a las anotaciones de los folios de matrícula y no ha ido directamente a los títulos originarios, pese a que esa consulta es necesaria para establecer linderos y determinar si son adjudicables o no, indica una nota de Infobae. (Lea en CONtexto ganadero: Contraloría y Procuraduría le ponen la lupa a la compra de tierras por parte de la ANT)

Tierras con problemas

Adicionalmente, dice el Ministerio Público, citado por El Espectador, hasta el momento no hay reglas claras sobre el proceso de compra de tierras y también habría algunos de estos terrenos que tendrían problemas jurídicos, lo cual complicaría su uso. Igualmente, se mencionan supuestos incumplimientos en el pago a varias personas que vendieron sus terrenos para materializar la reforma y de plazos comprometidos en las promesas y predios adquiridos con concepto técnico con observaciones que impugnan su aptitud agropecuaria, entre otros.

El ente de control en su informe también expone que, al parecer, hay predios que se adquirieron y hasta la fecha no cuentan con todos los documentos en regla, e incluso algunos tendrían avalúos comerciales negativos. La información fue recopilada, tras revisar aleatoriamente 86 de las 288 compras que la Agencia Nacional de Tierras realizó entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Señalan que habría irregularidades en al menos el 62 % de las compras analizadas, detalla el diario capitalino.

De acuerdo con el documento de la Procuraduría, hay irregularidades por $51.787 millones en la compra de 14 terrenos que, al parecer, no tienen uso agropecuario y en los que no se habrían tenido en cuenta recomendaciones técnicas hechas. También, se habla de $30.623 millones en la compra de 16 predios que tendrían irregularidades en sus promesas de compraventa, así como presuntas inconsistencias en $27.039 millones en 26 predios adquiridos sin acta de entrega.

En la muestra de casos se han identificado varios en los que no se hizo el análisis del título originario. “Era necesario también consultar el expediente del proceso de titulación a fin de determinar que no se hubieran configurado irregularidades: los cuerpos de agua y sus respectivos playones no pueden ser objeto de adjudicación, y, por ende, una decisión en tal sentido, debe ser revisada con el mayor cuidado posible”, advirtió la Procuraduría, citada por Infobae.

En el informe también se detallan hallazgos de casos en los que se realizó el proceso de adquisición, pero no existe acta de entrega material del predio. En otros, se firmó acta de compraventa con entrega anticipada, pero no se registra que se haya producido; así como un caso en el que se vendió un predio que se encuentra invadido y el propietario no puede entregarlo. (Lea en CONtexto ganadero: Más de 12.000 hectáreas ha comprado el gobierno para la reforma agraria)

Hay 28 casos en los que se dio concepto jurídico negativo y aún así se surtió el proceso de avalúo catastral, 29 sin ese concepto se ordenó el avalúo,17 en los que a pesar de tener medidas de restitución de tierras se realizó el avalúo y 21 en los que se efectuó el mismo proceso sin tener certeza de su viabilidad para la adquisición.

Respuesta de la ANT

Luego de que se conocieran presunta irregularidades que tendrían en riesgo la tercera parte de los recursos asignados para la compra de tierras, el director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que ha sido bajo su gestión que se han puesto en conocimiento de los hechos a las autoridades, según una nota de Infobae.

“Ratificamos públicamente que ha sido bajo mi dirección que se ha puesto en conocimiento a autoridades de control posibles irregularidades en el proceso de compra”, afirmó el funcionario. Harman señaló que desde su llegada al cargo ha implementado estrategias para garantizar la correcta ejecución del programa de compra de tierras para restitución, como la resolución única de compra, el mecanismo de control de precios, así como un canal abierto de denuncia frente a postulaciones de predios y asignaciones de subsidios.

Además, el director de la ANT señaló que su dirección ha interpuesto 14 denuncias ante la Fiscalía “sobre presuntas irregularidades en procesos internos y trámites de compra de predios. Creamos procedimiento único de compra bajo resolución”.

No obstante, en diálogo con El Tiempo, el funcionario reconoció que tienen validez varios aspectos señalados por la Procuraduría. Sin embargo, advirtió que los hechos denunciados obedecen a la gestión de su antecesor, Gerardo Vega, quien salió de la entidad el pasado febrero.

Una de las observaciones del informe de la Procuraduría es que los grandes riesgos del procedimiento de compra era que habían cambiado 7 veces y eso es una realidad y no se encontraban reglamentados vía acto administrativo sino por parte del sistema de gestión de calidad. Eso generaba una doble interpretación de reglas claras alrededor de la viabilidad de los predios y era un riesgo institucional innecesario, sostuvo Harman.