Lafaurie llama a crear Frentes Solidarios de Seguridad y Paz contra la criminalidad en instalación de Gira Técnica
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Por CONtexto ganadero - 16 de Julio 2024
El dirigente gremial se mostró en desacuerdo con una prórroga del Acuerdo con las Farc, “que el Estado no necesita para cumplir sus obligaciones constitucionales”
José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), se unió a las voces que rechazan el fast track anunciado por el presidente de la República, Gustavo Petro, para que se aprueben sus reformas gubernamentales.
En su más reciente columna de opinión, ¿Un acuerdo incumplido?, el dirigente gremial también se mostró en desacuerdo con una prórroga del Acuerdo con las Farc, “que el Estado no necesita para cumplir sus obligaciones constitucionales”.
Manifestó que a raíz de la intervención del presidente Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU, releyó el Acuerdo con las Farc y confirmó su convicción sobre la ilegitimidad de esa negociación, no por haber negociado con un grupo ilegal -todos los gobiernos lo han hecho-, sino por el alcance desbordado de la negociación bajo el “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, que pretendió construir un país nuevo con el grupo narcoterrorista que lo había atacado y destruido durante décadas.
“No es una apreciación ligera. Se negoció la reconstrucción del campo con quienes lo destruyeron; se negoció el ejercicio de la política y la participación en la democracia del grupo que tuvo como objetivo derrocarla; se negoció con una organización criminal la lucha contra las organizaciones criminales y la política antidrogas con un grupo narcotraficante; se negociaron la verdad, la justicia y la reparación, dejando la mitad de la verdad por fuera, la justicia manchada de impunidad y la reparación en veremos”, agregó en su escrito semanal.
El alto ejecutivo indicó que con las FARC se negoció todo, y esa es una causa del incumplimiento, porque ese extenso y “alambicado” documento, abarca todas las responsabilidades del Estado frente a la sociedad bajo el enfoque de ese grupo terrorista; y asumir esas responsabilidades es la razón de ser del Estado, aun sin acuerdo, pero bajo el enfoque del interés general expresado a través de las instituciones democráticas.
“Ahora bien, no es válida una mirada miope del incumplimiento. Las Farc han incumplido. Dijeron tener unidad de mando, pero nos dejaron disidencias y renegados, entre ellos su jefe negociador. No revelaron rutas, contactos e ingresos ilícitos del narcotráfico; no devolvieron las tierras usurpadas, con las que hoy el Gobierno no tendría que comprar una sola hectárea; no repararon a sus víctimas”, expresó.
A renglón seguido, Lafaurie se preguntó: “¿Dónde quedó la mitad de la verdad? Le entregamos a la Comisión dos tomos sobre la victimización ganadera que fueron ignorados. ¿Por qué la JEP no ha proferido una sola condena, así sea con esas penas restaurativas que son impunidad disfrazada?”.
También en aras de la coherencia reiteró su posición de rechazo al fast track que le usurpó al Congreso sus facultades, y estoy en desacuerdo con una prórroga del Acuerdo con las Farc, que el Estado no necesita para cumplir sus obligaciones constitucionales.
Y mencionó puntos de acuerdo con el presidente Petro: el narcotráfico es la principal causa de la corrupción y la violencia, aunque también sea resultado de las concesiones al imperio de la ley.
“Estoy de acuerdo en la hipocresía internacional alrededor del narcotráfico, con gran asimetría entre un país que pone la degradación de sus instituciones, los muertos y la violencia, y una comunidad internacional permisiva con las mafias en sus países”, dijo.
Finalmente, el presidente ejecutivo de Fedegán expresó que está de acuerdo en que la solución definitiva es la inclusión de los territorios al desarrollo económico y social, otra versión de la consigna que ha repetido durante años: “La paz de Colombia pasa, necesariamente, por la recuperación del campo”, esa sí, siempre incumplida.
Y remató con este angustioso llamado: ahora mismo, 350.000 productores de leche podrían ser empujados a la ilicitud si no encuentran soluciones de política pública a sus problemas.
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