CONtexto ganadero conoció detalles de la proposición que el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, Consa, hizo al presidente electo Iván Duque y al ministro entrante Andrés Valencia, para resolver las dificultades de aplicar la norma que regula las plantas de beneficio animal.   No hay duda que las autoridades han tenido graves dificultades para implementar el Decreto 1500 de 2007 y los subsiguientes (2270 de 2012 y 1282 de 2016), que buscan modernizar el sector cárnico del país y ofrecer un producto inocuo y de calidad a los consumidores.     A pesar de que la norma se expidió 11 años atrás, muchos establecimientos aún no ha podido cumplir con las exigencias sanitarias que requieren cuantiosas inversiones en infraestructura. (Lea: Secretarios de Agricultura definen temas a presentar al nuevo Gobierno)   Por esta razón, en una comunicación enviada al próximo mandatario, el consejo de secretarios incluyó una solicitud para evaluar la aplicación del decreto que entró en vigencia en agosto de 2016, petición que ya habían hecho al actual jefe de la cartera agropecuaria, Juan Guillermo Zuluaga.   Carlos Eduardo Campo, secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial del Cesar y presidente del Consa, manifestó que dada la importancia de reglamentar los establecimientos donde se realiza el sacrificio, hay que elaborar una estrategia para apoyar con mejores recursos a las alcaldías.   “El Gobierno nacional no ha buscado suficientes soluciones financieras con compromiso de recursos del sector público para fortalecer el presupuesto de los municipios”, afirmó, en razón a la incapacidad económica de las administraciones locales para sufragar las inversiones necesarias para modernizar las plantas.   En este sentido, enumeró los 4 puntos de la solicitud que ya hicieron a la Comisión Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, creada con el fin de orientar la política de sanidad agropecuaria. (Informe: Estatus de las plantas en el primer año de vigencia del Decreto 1500)   En primer lugar, pidieron frenar los cierres de las plantas de beneficio que adelanta el Invima como cumplimiento del decreto, así como el diseño de un mecanismo de financiación para las inversiones faltantes de las PBA que brinden mejor escenario para la sostenibilidad del proceso.   En tercer lugar, solicitaron ampliar el plazo de cumplimiento, sobre todo para las plantas de autoconsumo, muchas de las cuales están ubicadas en municipios de categoría 5 y 6, cuyos presupuestos son menores. Para estos establecimientos, propusieron la creación de un “régimen normativo especial”.   Finalmente, manifestaron la necesidad de expedir un acto administrativo de nivel nacional para reglamentar las actuaciones de los entes territoriales frente al material decomisado en operativos contra el sacrificio clandestino. (Lea: Ganaderos esperan que Iván Duque recupere al sector agropecuario)   “En los últimos meses hemos visto problemáticas como el incremento del abigeato, algo que nos preocupa a los 32 secretarios del país, pues se está logrando un fin contrario al decreto, que es tener sacrificio ilegal en los potreros que se están volviendo las nuevas plantas de sacrificio”, precisó el presidente del Consa.   En esta línea, reiteró que no se puede dejar que los alcaldes asuman una inversión de hasta $2.000 y $3.000 mil millones, por lo cual sugirió la creación de una línea de crédito desde Finagro que pudiera incluir un subsidio.   “Una de las probables soluciones sería subsidiar parte de esa tasa, de tal manera que sean tasas mucho más sostenibles para los territorios y ampliación de plazos, porque habría que preguntarse cuál la capacidad de endeudamiento de un municipio de categoría 5 y 6”, propuso Campo.