El Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc han dado recientemente pasos decisivos hacia la paz en las negociaciones que adelantan en Cuba desde hace 3 años, pero varios asuntos espinosos surgieron a la hora de acercarse a la recta final.   "Llegó la paz", se regocijó el pasado 23 de septiembre la principal guerrilla del país poco antes de un histórico apretón de manos en La Habana entre su líder máximo, Timoleón Jiménez, acusado de terrorismo, y el presidente colombiano Juan Manuel Santos.   Una ola de la esperanza sin precedentes se apoderó de Colombia cuando los 2 hombres anunciaron, para sorpresa general, un acuerdo sobre el destino legal de los combatientes, un punto crucial en las conversaciones, y un plazo máximo de 6 meses para sellar la paz. (Lea: Santos no extraditará a Timochenko si hay acuerdo de paz con Farc)   Celebradas sin que rija en Colombia un cese al fuego bilateral y bajo la mediación de Cuba y Noruega, las negociaciones han permitido forjar acuerdos sobre importantes puntos, como la reforma rural, las drogas ilícitas y la futura participación de los guerrilleros en la vida política."El diálogo (...) ha alcanzado en ya 3 años de trabajo, importantes éxitos parciales", saludó el miércoles el jefe negociador de las Farc, Iván Márquez, en vísperas del tercer aniversario de estos diálogos, que comenzaron en La Habana el 19 de noviembre de 2012.    Paralelamente, las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Gobierno pusieron en marcha un plan de desminado y crearon una Comisión de la Verdad que deberá arrojar luz, probablemente a finales de 2016, sobre los abusos cometidos durante el conflicto.   Y como muestra de buena voluntad, las Farc suspendieron los secuestros con rescate y la compra de armas, a la vez que mantienen desde el 20 de julio un cese al fuego unilateral, a la espera de una tregua bilateral prometida por Santos antes de que finalice el año.    Divergencias persistentes   Pero en el Palacio de las Convenciones de La Habana, la euforia de septiembre parece haberse desvanecido y Márquez advirtió recientemente sobre "dificultades" que podrían conducir a "un fracaso".    En las últimas semanas, los guerrilleros arremetieron contra los negociadores del Gobierno, acusándolos ​​de querer volver a examinar el pacto sobre justicia, mientras que Bogotá afirma que algunos puntos quedan por definir.   A principios de octubre, un equipo de juristas se encargó de resolver la disputa, para tratar de cerrar antes de fin de año ese capítulo, en discusión desde hace 15 meses. (Columna: Sin darnos cuenta, nos arruinó Juanpa)   Además, incluso antes de que el tema sea abordado oficialmente, las partes se enfrentan por el mecanismo de refrendación de un acuerdo final de paz.    El Gobierno se mantiene firme en su voluntad de ratificarlo por la vía de un plebiscito, pero la guerrilla lo rechaza, temiendo el alcance de la reforma constitucional que lo dispone y que prevé, en particular, que el Gobierno pueda legislar por decreto para hacer aplicar el acuerdo.    "¿Un mejor futuro?"   Para Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia, "el principal reto es ahora acordar el tema de justicia: determinar cuántos años de cárcel deben pagar los guerrilleros que han cometido delitos atroces".   Con la fecha límite del 23 de marzo en la mira, los negociadores tienen claro que esta cuarta tentativa de paz debe ser la definitiva, para pasar la página de un conflicto que ha causado en medio siglo al menos 220 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos y 6 millones de desplazados. Si estos desacuerdos son superados, de todas formas quedará otro gran tramo por negociar: el abandono de las armas y su corolario, la seguridad de los excombatientes de las Farc en el posconflicto.    "Sí se puede pensar en un país tranquilo y en un mejor futuro", aseguró el miércoles Márquez, llamando al gobierno a "evitar mayores tempestades". Santos, que terminará su segundo mandato en 2018, también puso en marcha un diálogo exploratorio con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), segunda guerrilla de Colombia. (Lea: Farc piden al Gobierno "sentido común" para evitar fracaso de diálogos)   En Colombia, la opinión pública quiere creer en la posibilidad de la paz, y el 52 % de la población es optimista, según un reciente sondeo de la firma Gallup. Si el Gobierno y las Farc firman la paz, las partes ya acordaron convocar una fuerza internacional encargada de supervisar su aplicación.    Para este jueves, ningún evento especial ha sido programado para conmemorar el tercer aniversario de las negociaciones, ni en la isla ni en Colombia.