El pasado 16 de julio la contralora Sandra Morelli Rico dio a conocer un completo informe sobre el manejo de recursos públicos, a través de los fondos parafiscales en el sector rural. Solicitan una mayor participación del Ministerio de Agricultura.

En la sede de la Contraloría General de la República, CGR, Sandra Morelli Rico, realizó el lanzamiento del libro ‘Parafiscalidad en el Sector Agropecuario’, en el cual se dio a conocer el resultado de un estudio realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, bajo la dirección del contralor delegado, Luis Alberto Higuera, la coordinación del director de Estudios Sectoriales, Juan Carlos Villamizar; y la asesoría de los investigadores Luis Jorge Garay y Fernando Barberi.

Aunque el informe de la CGR considera preocupante el crecimiento de los gastos de estos fondos relacionados con inversiones no aplicables a las definidas en la ley e identificadas como otras inversiones, Morelli Rico dijo que la parafiscalidad ha funcionado muy bien, porque es una institución que ha permitido fortalecer algunas líneas productivas en el campo colombiano, y en esa medida, se debe hacer una supervisión para que tal finalidad “no se desdibuje”. (Lea: Piden ratificar a Fedegán como administrador de la parafiscalidad)

“No tenemos historias de desfalcos aterradores, evasiones sistemáticas y deliberadas, de apropiaciones de bienes públicos sino que, en términos generales, tenemos que los gremios que funcionan reportan mejores cifras en desarrollo de utilidades y de condiciones de calidad de vida de sus afiliados”, explicó la contralora.

Además de abordar los aspectos jurídicos, administrativos y financieros de los fondos, el estudio observa también lo concerniente a la participación y el acceso de los productores a los órganos de decisión, en los gremios que administran estos recursos públicos.

En referencia a dicho tema, Roberto Bruce, director jurídico del Fondo Nacional del Ganado, FNG, quien fue en representación del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, indicó que en la discusión se mezclan indistintamente conceptos diferentes, como la representatividad de los gremios y la representación que deban tener los gravados en las decisiones de los Fondos. (Lea: Continuidad de Fedegán frente al FNG es necesaria: Cogama)

“Comparto la conveniencia de mayor participación en la administración parafiscal, y el primer paso debe darlo el Ministerio (de Agricultura), reparando su omisión y designando, después de veinte años, al representante de los pequeños ganaderos en la junta del Fondo del Ganado. Sin embargo, esa mayor participación debe darse sin caer en propuestas inalcanzables y por ello mismo demagógicas. Debo decir, con respeto pero con verticalidad, que así califico las propuestas de afiliación masiva, Congresos Nacionales de Parafiscalidad y Comités Nacionales de Administración Parafiscal. En semejante explosión de democracia e institucionalidad parafiscal, paralela y casi plebiscitaria, ¿dónde quedan los gremios?, ¿dónde la parafiscalidad como instrumento de política pública bajo control directo del Estado? Pienso que la valoración del tema debe aterrizarse”, señaló Bruce.

De otro lado, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y Crédito Público, comentó que él fue el principal promotor de la creación de los fondos parafiscales, con el fin de que los gremios pudieran tener recursos de origen público, con el fin de originar bienes públicos que beneficien a los contribuyentes, como el tema de la sanidad, el cual se ha cumplido, pero señaló que hay 2 temas que resultan complejos de entender dentro del informe.

“En el tema de tecnología: poco se hace en cuanto a investigación básica y aplicada, muchos destinan los recursos a la transferencia de tecnología, que lo han hecho gremios como el palmicultor, hortifrutícola y arrocero. El segundo es un poco más complejo es el tema de los gastos de administración, (…) se debe hacer una separación de activos entre los recursos que sean acumulado con los recursos de los fondos y los gastos de los gremios”, sentenció Ocampo. (Lea: SAC se opone a proyecto de Ley que propone intervenir a gremios)

Por su parte, el saliente director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, Juan Ricardo Ortega López, aseguró que el total del recaudo en el sector agrícola es de $270 mil millones, y que en 2013 fue de $104 billones, es decir que las evasiones en el campo son altas, debido a factores como falta de conocimiento, cultura, ausencia de formación, excusas y realidades como el pago de vacunas (extorsiones), es decir que se tributaba al que ejercía la violencia y la fuerza, mas no las obligaciones de ley.

“Pero todo es un paquete, hay que mejorar lo institucional; la infraestructura, que es vital; la seguridad; la paz; y empezar a desincentivar el uso del efectivo y sanciones a comportamientos que son extremos, son una combinación de cosas para que la gente empiece a tributar de forma correcta, una sola cosa no hace la vuelta”, agregó Ortega López

Finalmente, durante su intervención, Sandra Morelli llamó la atención al decir que hace falta más acompañamiento por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cuanto a la supervisión que debe haber en el manejo de dineros públicos. Al respecto, Hernán Miguel Román, viceministro de Asuntos Agropecuarios, expresó que desde el punto de vista institucional el sector agropecuario tiene todas las falencias que se puedan encontrar.

“En los últimos 20 años se han realizado varias reformas que no han llevado a que haya un Ministerio de Agricultura fuerte, pero se han creado entidades que han iniciado un camino de fortalecimiento, como en el sector pesquero. Lo que sí es importante decir es que cuando se hagan reformas, que sean profundas y con un sentido económico para el desarrollo del agro y rural que beneficie a los pequeños productores”, puntualizó Román. (Lea: Es impreciso asociar los Fondos Ganaderos con los fondos parafiscales)

Dentro del libro también se establecieron unas recomendaciones, entre las cuales hay una que considera que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá establecer, por decreto, las características con que deben contar las entidades administradoras de los fondos parafiscales de fomento, para que se constituyan en entidades representativas y democráticas.