Desde antes de la posesión del presidente Gustavo Petro, congresistas del Pacto Histórico ya estaban haciendo sus jugadas para evitar que se investigara la violación al topo de los gastos de campaña, según denuncia Miguel Ángel Lacouture en su columna ´Ramplona violación de topes máximos en elecciones´, publicada en CONtexto Ganadero, .

De acuerdo con lo expuesto por el columnista, doce congresistas del Pacto Histórico “presentaron con subrepticia y maliciosa intención un proyecto para hacer indetectable la modificación de los incisos 4º y 7º del artículo 109 de la Constitución Política, buscando hacer desaparecer la sanción de destitución del cargo al presidente de la República, con conocimiento anticipado de la transgresión de los límites de financiación de manera fraudulenta de su campaña”.

Destaca que entre los copartidarios de Petro que presentaron el acto legislativo estuvieron Roy Barreras y el Representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico. Hoy Uribe funge como Representante investigador en la Comisión de Acusaciones, al tiempo que solicita al Consejo Nacional Electoral el traslado de la investigación por violación de topes de financiación por “falta de competencia”. (Lea en CONtexto ganadero: ¿Petro quiere decapitar la democracia?)

Sin embargo, indicó Lacouture, la Sección Quinta del Consejo de Estado aclara y rechazó esa solicitud indicando que “...le corresponde al Consejo Nacional Electoral iniciar únicamente las investigaciones administrativas correspondientes por la violación a los topes de financiación de las campañas, luego de lo cual, si hay lugar, le compete al Congreso, conocer la pérdida del cargo en el caso del presidente”.

A ello se suma una sentencia de la Corte Constitucional de 2005 que “la fórmula presidente/vicepresidente, por aplicación del principio de unidad, sufren la misma suerte en caso de afectación. De manera que se trata de una única campaña electoral, razón por la que, de presentarse una posible violación de topes, dicha irregularidad afectaría ambos cargos”.

Ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia quien debe imponer la sanción penal, política y administrativa a los 12 congresistas que, con argucias, hasta ahora sin éxito, buscaron eliminar la única forma directa que se tiene de dar por terminado el periodo presidencial de quien ostenta y funge ilegítimamente el cargo de presidente al probarse la violación de los topes máximos de gastos de campaña.