La desmembración de un país en comunidades o territorios enfrentados, tal como la define la Real Academia de la Lengua, es un riesgo que vive Colombia y que se viene configurando por las fuerzas en conflicto.

Tan dramática y escalofriante visión —que conduce a la erosión de una sociedad con secuelas prácticamente irreversibles—, es el tema que coloca en la palestra José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y miembro de la mesa de negociaciones de paz con el Eln, en su columna Seducción, violencia y dominación territorial.

A la manera de ‘una muerte anunciada´ (Crónica de..), de Gabriel García Márquez, que desde el comienzo de la narración anuncia que Santiago Nasar va a morir por la venganza de los gemelos Vicario que lo acusan de la deshonra de su hermana Ángela, y quienes no se cansan de proclamar este propósito por todo el pueblo, a la final, un cúmulo de casualidades hace que quienes puedan evitar el crimen no puedan intervenir o se decidan demasiado tarde. Y esa es la advertencia que hace Lafaurie: hay un riesgo posible de balcanización del país, cuyo proceso evolutivo ha sido denunciado y explicado con lujo de detalles que ameritan intervenir y decidir antes de que sea demasiado tarde.

Después de recordar la advertencia de la ONU, expresada en su Informe sobre Colombia en 2023, sobre “la expansión territorial y las estrategias de control social y territorial de grupos armados…”, como “un riesgo para la gobernabilidad en Colombia…”, Lafaurie recoge la descripción que hace el International Crisis Group, ICG, de la violencia derivada de las luchas por el control de vastos territorios por parte de grupos armados ilegales para la explotación de sus rentas ilícitas, que no es más que la narrativa real que conocemos los colombianos:

Inicialmente apoyan obras públicas, dan mercados, regalos a los niños y empleo en sus “empresas ilícitas”, además de administrar justicia; pero luego reclutan informantes y cooptan las Juntas de Acción Comunal, en una “estrategia del miedo”, que incluye reclutamiento y abuso de menores, exterminio de “indeseables”, líderes sociales y colaboracionistas del ejército o de otros grupos armados, con los que luchan por el control territorial generando confinamiento y desplazamiento.

El ICG afirma —citado por Lafaurie a manera de explicación—, que “amplias zonas del país, donde vive casi el 15% de la población, no están efectivamente administradas por el Estado, sino que subsisten bajo el dominio de grupos armados criminales” que, a partir del abandono estatal, controlan territorios con una combinación de “seducción y violencia”. Esa es la realidad de la Colombia rural profunda, sentencia Lafaurie.

El camino hacia la balcanización

Para el ICG hay dos grupos vulnerables que son blanco preferido de estos grupos armados criminales: las comunidades étnicas y las Juntas de Acción Comunal. Las primeras por ser propietarias colectivas, “de cerca de un tercio del territorio colombiano, incluidas zonas ricas en minerales y con rutas de transporte fluvial”; y las Juntas de Acción Comunal (JAC), por su influencia en las comunidades y su capacidad de contratación.

Estas últimas son las que Petro pretende convertir en “gestoras de la economía popular”, y rectoras exclusivas de la infraestructura básica, pero que enhorabuena el Consejo de Estado rechazó volverlas exclusivas para ejecutar estas tareas. Sin embargo, señala Lafaurie, el gobierno seguirá potenciándolas. Según Colombia Compra Eficiente, entre julio de 2023 y abril de 2024 se firmaron 2.227 convenios solidarios por $257.537 millones. ¿A dónde irán esos recursos, me pregunto, en Juntas bajo el control de grupos ilegales?

Agrega que en octubre de 2023, la Comisión de Regalías del DNP, aprobó la fórmula de Asignaciones Directas para las minorías étnicas, la cual representa una partida de $220.000 millones para 2023-2024, y que en año y medio, el Gobierno les entregó a 20 organizaciones ¡$198.237 millones! en contratos para disímiles y extraños propósitos.

A base de interrogantes Lafaurie coloca sobre la mesa una interesante tesis: Estos dos grupos vulnerables terminaron siendo “inversionistas” de coca con recursos de los colombianos y que a la final conducen a la balcanización del país, la cual que se puede extender: Arauca, Meta, Catatumbo, el Caribe….

¿A qué se destinan esos recursos, en un entorno de control de grupos armados en sus regiones? ¿Por qué el 49% de la coca, 150.000 hectáreas, está en Zonas de Manejo Especial (parques nacionales, resguardos indígenas y afrodescendientes y reservas forestales) con presencia de comunidades étnicas? ¿Acaso, sometidas e instrumentalizadas por grupos narcoterroristas, terminaron siendo “inversionistas” de coca con recursos de los colombianos?

¿La dominación territorial, no es acaso cabeza de puente para la balcanización del país?

¿La dominación territorial en los resguardos, protegidos por un régimen constitucional que conviene a los narcoterroristas para esquivar la justicia y la Fuerza Pública, expulsada muchas veces por comunidades instrumentalizadas, no es acaso cabeza de puente para la balcanización del país?, sentencia Lafaurie Rivera.