En menos de un mes se cumplen 6 años de Gobierno de Juan Manuel Santos. En ese tiempo ha sorteado 26 paros nacionales en diversos sectores, lo que evidencia que las políticas implementadas son débiles y las soluciones pasajeras.   Parece ser que la única forma para que el presidente Juan Manuel Santos atienda las inconformidades de los colombianos es a través de los paros. En los 6 años que cumplirá en agosto próximo como mandatario, una gran cantidad de sectores han tenido que acudir a esta forma de manifestación para lograr algo de atención desde el Ejecutivo. (Lea: Los paros pierden atención de los medios, mientras crisis se agudiza)   La educación, justicia, salud, el agro, los indígenas, las negritudes y actualmente los transportadores, ha visto en las protestas la única opción de ante la indolencia del Estado frente a sus crisis.   Ante tales hechos, CONtexto Ganadero hace un recuento de todos los paros que han tenido lugar a cabo en el país en los últimos 6 años, su duración y las razones que motivaron la protesta.   Maestros   Los educadores del país han salido a las calles en 7 oportunidades durante los últimos 6 años. Las exigencias son muy similares en cada uno de los paros: salud, salarios y evaluación por competencias. Eso denota los incumplimientos del Estado   9 de septiembre de 2010: La primera protesta de los educadores durante el Gobierno Santos fue en rechazo a la Ley 100 de 1993, sus normas reglamentarias y la proyectada reforma a la salud que en ese momento estaba cursando en el Congreso de la República. (Columna: ¡No más paros agrarios!)   7 de septiembre de 2011: Aunque los docentes en esa oportunidad no afectaron las clases, se movilizaron para exigir una educación de alta calidad y expresar su preocupación por la reforma al sistema educativo.   30 de mayo de 2012: Los educadores del país salieron a las calles y pararon sus actividades durante 24 horas exigiendo la derogatoria de la directiva presidencial 02 de 2012 que extendía la jornada laboral del magisterio y la jornada escolar; mejor atención en salud; la posibilidad de cambiar sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro; y seguridad para aquellos profesores amenazados por grupos al margen de la ley.   10 de septiembre de 2013: 330 mil maestros del país cesaron sus actividades para exigirle al Gobierno un servicio de salud digno; frenar la política de privatización y las políticas educativas que mercantilizan la salud, la evaluación y las cesantías y pensiones; y el pago de deudas, de las primas de servicios con retroactivos y la existencia de una reserva para su fondo de prestaciones. 8 días después la protesta fue levantada.   14 de mayo de 2014: Los docentes cesaron sus actividades exigiendo nivelación salarial, garantías en la prestación de salud para ellos y sus familias, y el cambio en el modelo de la evaluación docente. La situación finalizó el día 17 del mismo mes. (Lea: Un año después del paro agrario, el campo sigue igual en Colombia)   21 de abril de 2015: 300 mil docentes del país paralizaron sus actividades durante 15 días. El paro pretendía una mejora salarial, revisar la evaluación por  competencias, el acceso a la salud, gratuidad en la educación y que se aumenten los años de preescolar de uno a 3.   Primero de junio de 2016: Movilización durante 24 horas en la que los educadores exigieron mejoras en la prestación del servicio de salud a los docentes y sus familias.   Justicia   Fueron varias semanas en las que los juzgados estuvieron parados por cuenta de las inconformidades a nivel salarial. Eso llevó al Gobierno hacer un esfuerzo mayúsculo para reparar el desajuste de los trabajadores de la rama.   11 de octubre de 2012: Luego de varios años de injusticias a nivel salarial y comparar los ingresos con jueces de otras naciones, los trabajadores de la rama judicial paralizaron la justicia durante  60 días calendario. Para conjurar dicha situación, el Gobierno tuvo que adicionar $1 billón 220 mil millones, por cuotas entre enero de 2013 y enero de 2018, para ajustar los ingresos de los empleados. Mientras que en 2019 sumará $80 mil millones más y saldará la deuda. (Lea: Efectos del paro cada vez son más graves)   9 de octubre de 2014: La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Asonal Judicial, convocó una nueva parálisis de actividades para exigir le al Gobierno mejoras en la rama. En su momento manifestaron que las condiciones de los juzgados eran las mismas desde los años 80, lo que venía generando enfermedades silenciosas. Además aducían exceso de trabajo, pues un juzgado o juez sólo debe tener 120 procesos y los juzgados del país llegan a tener hasta 500.   Salud   La reforma al sector generó todo tipo de malestares al interior del gremio, ya que no se tuvo en cuenta la opinión de quienes lo conforman, lo que motivó la marcha.   19 de agosto de 2013: Los trabajadores del sector organizaron una huelga indefinida en los hospitales públicos de Colombia en protesta por la reforma a ese sector aprobada el pasado 19 de junio por el Congreso.   La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, Anthoc, aseveró que dichas modificaciones a la reglamentación no hizo ningún tipo de mejora a la normatividad bajo la que se contratan a los profesionales y servidores del sector. (Lea: Productores del agro se tomarán las calles del país el 17 de marzo)   Pidieron que a los trabajadores se les aplique el Código Sustantivo del Trabajo y no la legislación que se tiene prevista para los empleados públicos.   Sin embargo, en 2015 la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el cese de actividades de dicho sector, pues ese tipo de acciones ponen en riesgo la vida, la seguridad y la salud de las personas que lo requieren.   Agro   La movilización del sector es conocida por la tristemente célebre frase del presidente Santos, cuando dijo que “el tal paro no existe”, tratando de bajarle el tono a la protesta de los productores agropecuarios.   Entre el pliego de peticiones de los productores se encontraba dar solución al tema de importaciones, endeudamiento de los sectores, inundaciones provocadas por los cambios climáticos, mejoramiento de la malla vial y el pago oportuno de los subsidios.   25 de febrero de 2013: Durante 11 días, 70 mil cafeteros tuvieron paralizado el país. En su protesta pedían controles al contrabando, a las importaciones, exigen soluciones frente a la revaluación del peso, un precio base de sustentación por sus cosechas, protección frente a la minería que se está llevando por delante otras actividades productivas y apoyos para resistir la deuda con el sector financiero. (Lea: Camioneros aseguran que su protesta es social, no política)   La situación mejoró cuando el Gobierno acordó la creación de un nuevo subsidio, denominado Protección al Ingreso de los Caficultores, PIC. Su propósito consistió en entregar un auxilio de hasta $145 mil por cada carga de 125 kilos de cafépara todos los productores del grano, independientemente de su tamaño.   12 de junio de 2013: Durante 53 días, los campesinos del Catatumbo, en Norte de Santander, protagonizaron uno de los paros más extensos del Gobierno Santos. Salieron a marchar asegurando sentirse abandonados ante la falta de infraestructura vial, atención en salud, educación, desarrollo sostenible y un alto grado de pobreza, obligaron al bloqueo de la zona conformada por los municipios de Tibú, Hacarí, Teorama, San Calixto, El Tarra, Cáchira, y Convención.   17 de julio de 2013: Más de 200 mil mineros se tomaron las carreteras del país en protesta a las modificaciones sobre la las prácticas de la minería artesanal de las que viven más del 60 % de las personas en el país dedicadas a esta labor, la cual fue catalogada como ilegal y da entre 4 a 6 años de cárcel, según lo dispone la legislación colombiana.    A eso se le sumaba la destrucción de la maquinaria, la caracterización de cada una de las formas de explotación y diferenciarlas de aspectos como técnicos, ambientales, tributarios, entre otros. (Lea: Los desaciertos del Gobierno Santos con el sector agropecuario)   19 de agosto de 2013: Con la estructuración y planeación del Pacto Agrario, se dio fin a la que sería la primera movilización del sector. Esa propuesta, más la destinación del 4x1.000 para el agro, con lo que el presupuesto aumentaría a $3.2 billones, serían las fuentes de recursos con los que según el Gobierno el campo nacional saldría de la crisis en que se encuentra.   25 de abril de 2014: Ante los incumplimientos de los pactos alcanzados en 2013, los productores de papa, aguacate, café, cebolla, cacao, panela, cebada, frijol, arroz y cítricos, salieron a las vías del país otra vez a marchar y exigir soluciones reales en favor del campo colombiano. Los temas de las protestas fueron los mismos: costo de insumos, revaluación de créditos, subsidios, entre otros.    17 de marzo de 2016: La movilización de un solo día a nivel nacional, convocó a cafeteros, agricultores, productores de leche, camioneros, taxistas, maestros y centrarles obreras quienes se tomaron las calles del país para manifestar su descontento con el Gobierno Nacional.    Indígenas   Las deudas históricas de Colombia con las tribus nativas fueron el detonante para que miles de indígenas salieran a las vías del país a exigir lo adeudado. (Lea: Tras 50 días de protestas, Congreso analizará crisis de Catatumbo)   17 de octubre de 2013: Indígenas ubicados en 22 departamentos salieron a las vías del país a manifestar su malestar por los incumplimientos históricos del Estado colombiano con estas etnias. La situación tuvo fin el 23 de octubre del mismo mes con la firma de un acuerdo en donde no solo les daban a las comunidades independencia y autonomía, también se pactó la compra de tierras, el saneamiento, ampliación y constitución de resguardos indígenas.   Se llegó al compromiso de fortalecer las Guardia Indígena y otras estructuras propias de protección y control social y territorial, así como la articulación entre las diferentes entidades del Estado encaminadas a la exigencia de la no judicialización y criminalización de los dirigentes y participantes en la dicha minga.   30 de mayo de 2016: diversas comunidades indígenas salieron a protestar por las vías del país. Su objetivo fue pedirle al Gobierno que les cumpla los acuerdos pactados generados tras las movilizaciones de 2013. Finalmente, se lograron acuerdos en aspectos como garantías, justicia, protección individual, paz, participación, derechos humanos, víctimas, pueblos indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes, medio ambiente y relación campo-ciudad, entre otros.    Transporte de carga pesada   El gremio transportador ha parado sus actividades 6 veces en los últimos 6 años. Fletes, precios de los combustibles, pólizas de ingreso, chatarrización y reposición del parque automotor son los motivos de las protestas.  (Lea: Pese al paro camionero, Feria Nacional Cebú no sería cancelada)   2 de febrero de 2011: Tras 15 días de protestas, los camioneros llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Juan Manuel Santos para levantar el paro. Se concertaron 9 puntos con los que se iban a derogar los decretos del 17 de enero y 11 de febrero de 2011, mediante los cuales se eliminaba la tabla de fletes.   3 de marzo de 2013: Luego de 3 días de manifestaciones protagonizadas por los transportadores de carga por cuenta del aumento en el precio del ACPM, la parálisis fue conjurada luego de que el Gobierno se comprometiera a revisar el alza en las tarifas de los combustibles y la suspensión por 3 meses de la póliza de ingreso al parque automotor.   19 de agosto de 2013: Ante los incumplimientos del Estado en materia de precios de combustibles, reposición del parque automotor, y el bajo costo de los fletes también, los camioneros volvieron a paro, el cual concluyó el 4 de septiembre con la firma de nuevos acuerdos.   23 de febrero de 2015: Tras 36 horas de diálogo entre los conductores de vehículos de carga y el Ministerio de Transporte, no hubo ningún acuerdo entre las partes. Renegociar la desaparecida tabla de fletes, una de sus exigencias más importantes no encontró solución. La situación tuvo solución el 19 de marzo con la reglamentación de las relaciones económicas por parte de los generadores de carga. (Lea: “Los derechos de los transportadores sí, pero no así”: Lafaurie)   17 de marzo de 2016: En el marco del Paro Nacional, 313 mil propietarios de vehículos se sumaron a la movilización, quienes protestaron por el proceso de chatarrización, el aumento en el precio de los combustibles, un posible impuesto al sector dentro de la reforma tributaria, el ajuste al Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga, SICE, entre otros.   4 de junio de 2016: Ante los incumplimientos por parte del Gobierno a lo pactado en 2015, los transportadores entraron a paro afectado a todos los rubros de la economía nacional. Ya son 39 días sin que haya una solución a la protesta de los conductores en donde piden que se elimine el proyecto de decreto que termina el proceso de chatarrización y establece la matrícula de vehículos mediante pólizas.