La revelación fue hecha por la Corporación Transparencia por Colombia, entidad que presentó el pasado miércoles los resultados del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, que evalúa la gestión administrativa de las entidades entre enero 2015 y abril del 2016.   Entre los datos dados a conocer por la entidad, preocupa que ninguna de las 167 entidades evaluadas por esta herramienta de control social lograran el nivel de riesgo bajo de corrupción. Las calificaciones más aceptables se clasifican en riesgo moderado y la conforman en un 27 % las entidades nacionales, 22 % de las gobernaciones y sólo 11 % de las 28 alcaldías evaluadas. (Lea: Funcionarios del ICA entre el temor y la corrupción)   Como señala, Gerardo Andrés Hernández, director ejecutivo de la  Corporación, los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino además para controlar el territorio y sus poblaciones.   “De esta manera la corrupción se expresa a través de la captura del Estado, donde controlar el sistema político y los procesos claves de la gestión administrativa, tales como la contratación pública y el empleo público entre otros, garantizan la manipulación de políticas públicas y provisión de bienes y servicios públicos”, sostiene Hernández.   Precariedad institucional en entidades de justicia y sector agricultura   Los resultados de la evaluación ciudadana indican que las entidades que portan los mayores riesgos en la rama ejecutiva son las gobernaciones y alcaldías de categorías menores, con calificaciones promedios de 51 puntos y 46 puntos sobre 100, respectivamente, y los sectores nacionales de Justicia, con una calificación promedio de 61,7 puntos sobre 100; Interior, con 62 puntos, y Agricultura y Desarrollo Rural, con 63 puntos. (Lea: Ganaderos no trazan animales por falta de seguimiento del ICA)   Una de ellas es el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, la cual está entre las 10 instituciones públicas con mayor oportunidad para la corrupción, pues se encuentra en la posición número 8 de las entidades con riesgo alto para que se presente el delito.   Adriana Muñoz, coordinadora del Índice de Transparencia Nacional de la Corporación Transparencia por Colombia, aseguró que el ICA ha hecho esfuerzos importantes en publicar y visibilizar lo que viene haciendo en cumplimiento de la Ley de acceso a la información pública, tiene algunas debilidades importantes.  

La primera se centra en que la entidad tiene procesos y procedimientos institucionales débiles en términos de planeación. Eso significa que sus 3 documentos como son el plan sectorial, institucional y estratégico, no son coherentes entre sí. Es decir, sus acciones y metas, en primera medida, no se están plasmando en sus metas, por ende no se cumplen y se quedan en palabras. (Lea: Ganaderos explican la necesidad de que el ICA se descentralice)   Muñoz agregó que esos planes no tienen un seguimiento, pues se dice que se vienen adelantando muchas iniciativas pero la realidad es que no son tantas.   “Otro tema importante y en el que se requieren mayores esfuerzos por parte del Instituto, es en la promoción del diálogo, la participación y rendición de cuentas a la ciudadanía. Cuando miramos sus indicadores, vemos a la entidad muy alejada del ciudadano. No cuenta con canal de denuncias, sus respuestas ante el colombiano del común no son completas y aunque es eficiente en responder derechos de petición, lo plasmado allí no expresa en su totalidad lo consultado”, criticó.   De acuerdo con Hernández, el informe no mide hechos, pero es la aproximación del riesgo y la lectura sobre la corrupción administrativa en muchos momentos de la historia de nuestro país a través de la administración, la contratación o el empleo público. (Lea: Preocupa falta de socialización sobre autorización sanitaria del ICA)   “Esos 3 blancos son permeados por el crimen y los corruptos, quienes logran penetrar la institucionalidad pública. Que tengamos riesgos, muy alto, alto y moderado es una forma de clasificar y de diferenciar que precisamente hay unas entidades que vienen haciendo una tarea importante, tienen determinación política, atención y capacidad contra la corrupción de manera interna, es decir, tratando de cerrarle esos espacios a la posibilidad de que se presente el delito”, añadió en entrevista con Blu Radio.   Por esa razón, la Corporación sugiere fortalecer las capacidades en las entidades que pertenecen a todas las ramas del poder público y los órganos autónomos, pues formas sofisticadas de corrupción como la captura del Estado y su reconfiguración cooptada involucran a los diferentes poderes públicos para desarrollar estructuras que permiten la corrupción a gran escala y en el largo plazo.