A través de su cuenta en la red social X, la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, hizo graves acusaciones en contra de un proyecto de ley presentado en la actual legislatura y que empezará pronto su trámite.

La congresista se refiere a la iniciativa que busca darle vida a la Jurisdicción Agraria y Rural. Según Miranda, a través del articulado pueden entreverse mecanismos que posibilitan la temida ‘expropiación exprés’.

“Tal como me lo temía, quieren incluir la expropiación exprés. El artículo 5º numeral 4º del proyecto de ley señala que serán sujetos de expropiación todas las actividades que se alineen con la reforma agraria y rural, ¿cuál es el racero que se usará para determinar que la tierra tiene esas características? ¿Si alguien tiene una finca en un terreno fértil, puede expropiarse?”, cuestiona la representante a la Cámara.

Expropiación a cargo de la ANT

Miranda hace esas preguntas en atención a lo disperso de las ideas que contiene dicho artículo, especialmente en lo concerniente al concepto de ‘concentración ociosa e improductiva’ de la tierra, que faculta a la administración a llevar a cabo procedimientos exclusivos de la jurisdicción.

“Lo más grave está en el parágrafo 1º del artículo 12. Allí se señala que los procedimientos especiales como los de expropiación, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras, una entidad administrativa, cuando hoy lo hace un Juez de la República”, explica uno de los trinos.

A renglón seguido, cuestiona que se de vida jurídica a una institución rimbombante, pero que su jurisdicción esté limitada por el interés del actual gobierno de llevar a cabo la Reforma Rural, iniciativa que cada vez más evidencia su faceta populista.

Vicios de procedimiento

“Es decir, van a radicar toda una ley para la jurisdicción agraria y rural, con la finalidad de proveer jueces especializados en este tema, pero quien decide es la ANT cuando debería ser un juez de la República. En el proyecto, el juez entra en un proceso posterior, cuando sabemos que los procesos judiciales en Colombia duran años ¡Inaudito!”, escribió Miranda.

Finalmente, vaticina el final que tendrá la polémica iniciativa de ser aprobada luego de su trámite en el congreso, habida cuenta de los vicios de procedimiento que saltan a la vista.

“Señores Gobierno Nacional, no más micos, no más violación a la propiedad privada. ¡Respeten a los colombianos! Y eso sin hablar de que no hicieron consulta previa para el Proyecto de Ley, sino que entregan facultades extraordinarias al presidente para hacer una consulta posterior, a todas luces INCONSTITUCIONAL”, puntualizó Katherine Miranda.