Colombia está demorada en tener un marco regulatorio estatal de la extranjerización y acaparamiento de tierras, indicó la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, durante un debate en la Comisión V de la Cámara de Representantes

La funcionaria hizo el anuncio a raíz de un caso presentado en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) que afecta a los indígenas Sikuani, y que involucra a la comunidad menonita, una iglesia cristiana proveniente de otro país.

Desde el Gobierno y junto con el Congreso de la República, se ha identificado la urgencia de poder regular de una manera directa las normas de acaparamiento o ‘land grabbing’, como se conoce en el exterior, un problema que se presenta universalmente y el cual se ha regulado legislativamente por gran parte de países, dijo la ministra.

Agregó que de acuerdo con la FAO el acaparamiento es un proceso de control territorial sobre los suelos y lo que hay sobre ellos, lo que implica la violación de derechos humanos e intervención de recursos no renovables. Según el organismo, se han detectado tres formas: la extranjerización, la concentración y la acumulación.

Aseguró que hay varias formas de acaparamiento de tierras, una de ellas es la extranjerización que es cuando personas naturales o jurídicas extranjeras tienen grandes porciones de tierra, sea con propiedad o sin ella, pero también sobre la producción y el uso y destinación de estos patrimonios.

Para la funcionaria se da una disputa no solo por la tierra sino por los recursos naturales y el control territorial. Hay casos dramáticos donde empresas compran completamente la zona donde nace el agua de una comunidad y la dejan sin el líquido, aunque reconoció que esto se da en África. (Lea en CONtexto ganadero: Así va la gestión de tierras del gobierno para la reforma agraria)

Derechos territoriales

En lo que a Colombia respecta, indicó que los derechos territoriales de las comunidades no se originan en un título de propiedad sino en razón a que están allí asentados. En el caso de los pueblos étnicos hay un derecho territorial en el que los Estados están obligados a reconocerlos sin que medie formalización alguna, que es la definición de territorio ancestral, lo cual le abriría la puerta a la expropiación a organizaciones como la comunidad menonita que es el caso de Puerto Gaitán, objeto del del debate.

La ministra aclaró que tener un marco de regulación de la extranjerización de la tierra busca que “las tierras rurales y el suelo aseguren no solamente el derecho de la soberanía nacional y la seguridad alimentaria, sino también afirma el ordenamiento en torno al agua y la garantía del derecho de propiedad de las comunidades rurales, campesinas, agrícolas y étnicas de Colombia”.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio, en diversos escenarios, la ministra ha fomentado el diálogo y el análisis para que Colombia regule este problema y evitar que, en el territorio estratégico nacional, zonas importantes por el agua, por los suelos rurales y por situaciones de frontera sean objeto de extranjerización y acaparamiento de tierras.

Además, Mojica considera que “de ninguna manera esta regulación afecta la inversión extranjera: por el contrario, la fomenta, al proveer normas claras para que empresas foráneas ingresen al mercado inmobiliario, sin poner en riesgo la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria”.

La propuesta para tal regulación debe incluir estudios técnicos para que los extranjeros puedan celebrar negocios jurídicos sobre tierras rurales, o si se debe limitar a determinado porcentaje, teniendo en cuenta territorios estratégicos. También debe incluir la discusión social, política y legal sobre la necesidad de proteger los derechos del campesinado, la soberanía y seguridad alimentaria; el ordenamiento territorial en torno al agua y políticas de protección y salud del suelo rural. (Lea en CONtexto ganadero: Así se ha avanzado en el tema de tierras durante el primer año de gobierno)

El caso de la comunidad menonita

El Periódico del Meta señala en una nota que dicha comunidad descarta que haya impactos negativos e insisten en que las puertas de sus fincas están abiertas a las autoridades y a quienes deseen acabar prejuicios.

Desde hace seis años se asentaron en esta parte del Meta, siendo la primera vez que en Colombia hay presencia de menonitas, un grupo religioso cristiano, que basa su subsistencia en el trabajo agrícola y la comercialización de los productos. Llegaron provenientes de México, un país en donde hace más de 100 años tiene tradición.

Admiten que su presencia es novedosa en el territorio, pero por ser pacíficos también una de sus premisas es tener relaciones cordiales con colonos, indígenas, empresas y las autoridades gubernamentales.

“Siempre trabajamos en concordancia con las leyes y obedeciendo a las autoridades de cada país. Queremos es trabajar la tierra y que nos dejen trabajar para aportar al desarrollo de la región”, sostiene Abram Loeven Banman, uno de los representantes menonitas.

Actualmente la comunidad genera cerca de 200 empleos directos y otro tanto indirectos, pues siempre se necesita mano de obra para construir silos, bodegas, reparar las máquinas, comprar repuestos y alimentos o ayudar con las cosechas.

Gracias al conocimiento ancestral, en los inmensos campos de maíz y soya han logrado subir la producción de 4 a 7 toneladas por hectárea, luego de que por años estas inmensas sabanas de la Altillanura estuvieron lejos de cualquier inversión por los costos que representaba combatir la acidez de sus suelos. (Lea en CONtexto ganadero: Agencia Nacional de Tierras y Fedegán avanzan en negociación de predios)

“Siempre nos hemos asesorado profesionalmente en lo ambiental, por eso somos cuidadosos de no dañar el entorno ni afectar la naturaleza porque sabemos que de esto depende nuestra supervivencia”, afirma Nicolás Wall, jefe de la comunidad.

De acuerdo con la nota del medio metense, la comunidad menonita es acusada de comprar tierras baldías del Estado o que pertenecieron a narcotraficantes, pero si de algo se percatan los menonitas cada vez que llegan a un territorio es adquirirlas bajo las normas vigentes y partiendo de la buena fe de los vendedores.