Un listado de 130 bienes, encabezados por las fincas de ‘Manuel Marulanda’ y ‘Granobles’, hermano del ‘Mono Jojoy’, son rastreados por la Fiscalía en busca de las fortunas escondidas de los principales jefes del secretariado de las Farc.

En un informe publicado por el portal de noticias eltiempo.com se da cuenta de los resultados que viene produciendo la labor de inteligencia hecha por efectivos de la Fiscalía General de la Nación, al desencriptar los archivos alojados en los computadores de alias ‘Mono Jojoy’, dado de baja en la Operación Sodoma, llevada a cabo en septiembre de 2010.

En los archivos se encuentra una lista cercana al centenar de bienes, la mayoría ubicados en veredas y municipios de los departamentos de Meta y Caquetá. Según eltiempo.com, se trata de información clave que será la base de procesos de extinción de dominio sobre cerca de 700 mil hectáreas. Incluso existen mapas y planos cartográficos de los predios que la misma guerrilla ha trazado.

Las pesquisas llevadas a cabo por la Fiscalía confirman la existencia de 130 predios que equivalen a 82 mil hectáreas y el más reconocido de todos es ‘Casa Roja’, una finca recientemente ocupada por las autoridades en la vía que de San Vicente del Caguán (Caquetá) conduce a La Macarena (Meta). (Lea: Crece la encrucijada del Gobierno Santos por el tema de tierras)

Pero los archivos descifrados revelan además el crudo panorama que han vivido los pobladores de esa zona durante décadas. La nota del portal de noticias muestra la magnitud del despojo perpetrado por la guerrilla, que ha expropiado más de 150 kilómetros entre Huila, Caquetá y Meta. Estos terrenos han sido utilizados como corredores de seguridad y le permitieron al grupo insurgente tener más de 900 mil reses.

Esta información generó la reacción del presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien señaló a través de su cuenta de twitter que: “Un proceso de paz que omite estas realidades y peor aún, las valida, no conduce a ningún resultado satisfactorio para el país. ¿Por qué no se toca de fondo el despojo y latifundio criminal de las Farc? ¿El Estado y la sociedad están inermes?”, señaló el dirigente gremial. (Lea: "Ni el Gobierno ni las Farca saben de desarrollo Rural": Lafaurie)

En la publicación señalan además que uno de los frentes le reportaba a ‘Jojoy’ que tenía en la zona del Yarí 63 fincas con más de 2.000 cabezas de ganado, entre ellas 30 búfalos. Mientras otros archivos aseguran que en una finca denominada ‘Balcanes’, con un área de 5 mil hectáreas, el administrador nombrado por las Farc debía responder por 400 reses. Y en el predio ‘Majiño Negro’, de 500 hectáreas, había 704 cabezas de ganado de la guerrilla.

(Lea la nota publicada en Eltiempo.com: Fiscalía va por 82.000 hectáreas en poder las Farc)

A su vez, en un archivo denominado ‘Salvador 2009’ se da cuenta de 16 mil 223 cabezas de ganado: 8 mil 903 reses en fincas nuestras y 7.360 en manos de usuarios. En los archivos también se relata con precisión que tras la muerte de ‘Manuel Marulanda’ varios dueños de las fincas dejaron de reportar cifras, alias ‘Romaña’ empezó a negociar con las tierras sin tener en cuenta los principios del secretariado y que las Farc habrían pagado $20 millones por asesinar en 2006 a Saúl Rengifo Palomino, oriundo de Vllavicencio, por un asunto relacionado con tierras.

Ante todo esto, Lafaurie Rivera dijo también por twitter que “las Farc están pidiendo Zonas Reserva Campesina para controlar el territorio y legalizar las operaciones criminales. ¿Qué hay del latifundio y la ganadería extensiva mezclada con coca que tienen las Farc? ¿No queda memoria de cómo se formó?”, puntualiza el líder gremial.

Al cierre, la nota de eltiempo.com también señala que uno de los archivos más llamativos es un reporte de finanzas del frente 52, que opera en el piedemonte llanero, hasta el Casanare, se registran los “aportes” pagados por contratistas. Los registros muestran datos contundentes así: “Empresa KC, que abastece de refrigerios y comidas frías a todos los pazos de Cusiana GRM, 45 millones de pesos en 3 plazos en el año”; “Empresa de pavimentación del contrato de San Benito al Vigua, ingeniero V. Ch., 120 millones. Los canceló en dos cuotas”; “Contratista I para enterrar tubos; arreglo por 28 millones en dos plazos”.

Una clara muestra de que la guerrilla cobra ‘vacunas’ a cada sector de servicios relacionado con esas explotaciones.