“No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz”, fue el contundente mensaje que envió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al presidente Gustavo Petro quien propuso un pacto para financiar a los grupos armados al margen de la ley.

En consecuencia, indicó Camargo Assis, aceptar la propuesta del ELN de buscar financiación para cesar el secuestro de personas, tendría una nefasta repercusión que contraría las bases de la Constitución del 91, el respeto a los derechos humanos quedaría invalidado.

“El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley. Además, reducir la libertad a una transacción y aceptarlo sería anular el respeto por la dignidad humana”.

El defensor del Pueblo agregó que es lamentable esta situación, sobre todo que desde el inicio de las negociaciones el ELN ha dejado claro su interés de comercializar la libertad de las personas lo que, según cifras de la Defensoría del Pueblo, ha generado un incremento exponencial del 90 % en relación con años anteriores. Es decir, más del doble de lo registrado en el comparativo.

“Ello sucede porque al convertirse en una moneda de negociación, entre más grave sea la amenaza, más alto es el precio por devolverle a la libertad a quien está en cautiverio. Lo mínimo que le pido como defensor del Pueblo, en nombre de los colombianos, presidente Petro, es que como gobierno nacional tenga una postura clara e inamovible, ceñida al respeto por los derechos humanos, como condición básica para el acceso a una negociación que favorezca a los colombianos”, señaló Camargo Assis.

No al chantaje

El funcionario dejó claro que sí hay que buscar soluciones para la desmovilización del ELN, pero no bajo sus imposiciones.

“Cortar de raíz el crimen del secuestro es posible, pero no como lo quiere imponer el ELN. De ser llevado a la realidad tal despropósito, téngalo muy presente, señor presidente, dejaría un ‘legado’ para que las demás estructuras armadas al margen de la ley le encuentren provecho: cometerían crímenes contra la ciudadanía para sacarle ladinamente dinero al Estado”.

Finalizó diciendo que, de ser aceptado semejante chantaje como formas válidas de negocio y financiación en el desarrollo de los diálogos, sería permitir que en el país todo entre a ser negociado. “También, que, como mensaje macabro, delinquir sí paga; que, como segundo mensaje siniestro, incluso la vida y la dignidad tienen un precio de mercado”, puntualizó el defensor del Pueblo quien aseguró que como institución de derechos humanos insistirá en la premisa de que “la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable”.