Proyecto de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales no puede ser objeto apenas de una “socialización” sino de un amplio debate nacional, reclama el presidente del gremio.   "Desde la definición de sus principios, el llamado Proyecto de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales, tiene enormes similitudes con la ley habilitante de Chávez en 2010 para la reforma agraria en el vecino país, y ya conocemos los resultados: una economía rural colapsada", así se refirió el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, al proyecto que el Gobierno pretende socializar entre los gremios y otros sectores de la sociedad rural. (Lea: Gobierno presentará proyecto de ley sobre propiedad de tierras)   La iniciativa del Gobierno Santos tiene la misma concepción de servir de vehículo a una reforma agraria expropiatoria y, en fin de cuentas, a los intereses de control territorial de las Farc en la era del posacuerdo. Se sabe que el interés general prima sobre el particular, pero es marcado el énfasis con que el proyecto insiste, en su artículo 4º, numeral 1º, en que “será legítima la aplicación de medidas, incluso sobre la propiedad de la tierra, tendientes a garantizar el cumplimiento de este principio”.    El proyecto –añadió Lafaurie–, incorpora una modificación sustancial de los conceptos y estructuras sobre la propiedad de la tierra. “Humberto de la Calle le garantizó al país que todo lo acordado sobre tierras en la Reforma Rural Integral estaba en la Constitución y en las leyes preexistentes, entonces por qué y para qué un proyecto de Ley de ¡166 artículos!, que no se concertó con nadie porque ahora solo se debate y se negocia previamente con las Farc", argumentó.    Los productores agropecuarios son un sector de la economía que merece respeto. La propiedad privada es el fundamento de la economía liberal que conocemos y de la democracia que nos rige, pero eso no parece ser aplicable al sector agropecuario colombiano, que sigue siendo tratado como un cuerpo extraño dentro del modelo de desarrollo del país.    "Siempre tocará aclararlo" –concluyó Lafaurie–, porque los enemigos están atentos a la descalificación y el estigma: Nunca hemos estado en contra del legítimo derecho de un campesino a la propiedad de la tierra, pero quisiéramos ver primero, o al mismo tiempo cuando menos, la reglamentación y los recursos de los Planes Nacionales en educación, salud, vivienda, asistencia técnica, crédito, comercialización, etc., que hacen parte de la Reforma Rural Integral, con alcance constitucional además.  (Columna: El estigma de la tierra)   "Lo uno sin lo otro no es más que la perpetuación de la pobreza, pero es también un camino abierto al atropello al derecho constitucional a la legítima propiedad de la tierra", remató.