La injustificada decisión del Gobierno de castigar a Fedegán quitándole la administración del Fondo Nacional del Ganado, FNG, es una afrenta contra el estado de derecho, la sociedad civil y las libertades de expresión y asociación.   Vea en este enlace el video completo de la rueda de prensa de José Félix Lafaurie y la junta directiva de Fedegán.   A través de un comunicado de prensa firmado por la junta directiva del gremio, Lafaurie Rivera reivindicó que los gremios son una expresión viva de la sociedad civil, por lo que calificó la decisión del Gobierno en contra de Fedegán  como "un lunar en la historia institucional del país, pues nunca un gremio había sido perseguido por la expresión respetuosa de sus desacuerdos frente a la política pública y los grandes temas que afectan al sector agropecuario, como los acuerdos de La Habana".

Contra el Estado de Derecho

El Estado de Derecho existe realmente cuando la ley protege a todos por igual, incluidos los que expresan desacuerdos con el poder, que no por ello pueden convertirse en débiles ante la ley. Cuando, por el contrario, la ley se construye y se manipula a la medida de las necesidades de retaliación del Gobierno, el verdadero Estado de Derecho deja de existir.

El intento fallido de colar un “mico” contra Fedegán en la Ley del Plan; el desconocimiento, en la misma Ley, de derechos adquiridos en normas vigentes como la Ley 89 de 1993, y el Decreto 2537 de 2015, disfrazado de norma general pero hecho a la medida contra Fedegán, son ejemplos de la utilización de la Ley para castigar el desacuerdo. (Columna: Crónica de un atropello)

Contra la sociedad civil y la libertad de expresión

La sociedad civil, es decir, la ciudadanía organizada alrededor de objetivos privados legítimos, tiene el derecho a expresar con libertad y respeto posiciones divergentes frente al poder que ella misma le entregó al Estado, sin que ello redunde en un trato discriminatorio y, menos aún, retaliatorio, como le ha sucedido a Fedegán.

Contra la libertad de asociación

Cuando una organización gremial debe callar sus diferencias y acompañar incondicionalmente al Gobierno, so pena de recibir el castigo acomodaticio de la Ley, estamos frente a una situación literalmente extorsiva, que vulnera en su esencia el derecho a la libre asociación de los ciudadanos.

El Decreto 2537 del 29 de Diciembre de 2105   Es evidente que el Decreto 2537 de 2015, fue construido contra Fedegán, pues no solo su expedición apresurada y secreta coincide con el vencimiento de la última prórroga del contrato con el gremio, sino que entre las causales para la asunción temporal de la administración de las contribuciones parafiscales por parte del MADR, incluye una que actualmente solo aplica para el FNG, como es la admisión en el régimen de la Ley 1116 de 2006.   Adicionalmente, y para que no queden dudas, invoca una condición que hoy también es exclusiva del FNG, como es la terminación del contrato, para que dicho atropello surta efectos automáticos.

El ministro Iragorri conoció de primera mano la difícil situación de la empresa Friogán S.A., en la cual el Fondo Nacional del Ganado tiene mayoría accionaria. Precisamente por ello, la decisión de solicitar la admisión de Friogán al régimen de la Ley 1116 fue tomada con su directa participación, pues no solo la aprobó en la junta directiva del FNG, sino que facilitó el puente con el Superintendente de Sociedades y, pocos días antes del golpe de mano contra Fedegán, anunció ante los medios esta decisión como salvadora para los recursos parafiscales.

Iragorri Valencia aprobó también la admisión del FNG en la Ley 1116, y siempre tuvo claro que no se producía porque estuviera en riesgo de quiebra, sino como protección de los recursos parafiscales, al evitar que los acreedores de Friogán repitieran contra el Fondo. De ahí que resulta extraño que, poco tiempo después, firme el decreto 2537 de 2015 estableciendo tal condición, que él mismo propició y aprobó, como causal para asumir temporalmente la administración parafiscal.

Fedegán es solo un administrador sin capacidad legal para decidir sobre los recursos del FNG. Todas las decisiones, incluida la de admisión a la Ley 1116, fueron tomadas por la Junta Directiva del Fondo, creada por ley, y presidida por el Ministro de Agricultura con capacidad de veto. ¿Por qué entonces, castigar a la Federación por una decisión que no tomó y que ni siquiera podía tomar?

La intervención de la Contraloría General de la República

Durante la última década, Fedegán como administrador de la parafiscalidad, ha obtenido excelentes calificaciones por parte de la CGR. En la Auditoría realizada en 2014, la comisión responsable calificó la gestión con ¡89.97!, incluyendo un ¡100/100! a la administración financiera y contractual.

Sin embargo, tan excelente calificación fue manchada por el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario con un inserto de ocasión y violatorio de los procedimientos de la Contraloría, buscando atravesarse en la renovación del contrato con Fedegán, como también lo hizo en diciembre pasado, cuando se despachó públicamente contra la admisión del Fondo del Ganado en la Ley 1116, logrando con éxito preconstituir tal condición en causal de un atropello.   No es extraño, pues este funcionario se desempeñó como asesor jurídico del exministro Restrepo durante su gestión en la cartera de Agricultura, cuando se inicia la persecución contra Fedegán. (Columna:En defensa de la gremialidad)

En conclusión, resulta imposible no relacionar lo uno con lo otro. A los desacuerdos legítimos y respetuosos de Fedegán con el Gobierno, la respuesta es la campaña calumniosa y la deslegitimación de un gremio de la producción agropecuaria, por parte de un exministro de Agricultura, con la connivencia de diferentes instancias del Gobierno y del Estado en general, campaña que concluye con el golpe de mano a la administración parafiscal por parte del gremio cúpula de la ganadería en Colombia.

Se trata, sin duda alguna, de una decisión sin precedentes e injustificada contra Fedegán, echando mano de la facultad reglamentaria con clara intencionalidad. Es una afrenta contra el Derecho a la libre expresión de la sociedad civil representada en los gremios de la producción congregados en el Consejo Gremial Nacional. Es también un expediente peligroso de persecución a la libre asociación del empresariado colombiano, por la vía de castigar el desacuerdo.