La guerrilla comunista de las Farc pidió este viernes acelerar el inicio de la reforma rural en Colombia, que fue acordada en mayo de 2013 con el Gobierno de Juan Manuel Santos en las negociaciones de paz de La Habana.

"Las Farc reafirman su posición de urgir el inicio de las reformas estructurales del campo y hace un llamado al Gobierno nacional a atender la voz de los pobladores rurales y sus exigencias", dijo la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por Victoria Sandino, una de sus delegadas en las conversaciones de paz.

"Si el Gobierno no muestra de manera práctica su disposición de cambio", dijo Sandino, se "vulnera la confianza en un proceso de paz por parte del país que sufre las consecuencias de la guerra (interna)". (Lea: "Ni el Gobierno ni las Farc saben de desarrollo rural": Lafaurie)

El tema del desarrollo rural fue el primero de los dos puntos consensuados hasta ahora por ambas delegaciones en los diálogos de La Habana, iniciados en noviembre de 2012, que buscan poner fin a un conflicto armado de medio siglo.

Sin embargo, ambas partes han insistido desde el comienzo que "nada está acordado mientras no esté acordado todo".

Actualmente las partes discuten el tema de las drogas ilícitas, tras haber logrado consenso en noviembre de 2013 en el segundo punto, el de participación política. Los otros tres temas pendientes son abandono de las armas, reparación a las víctimas y el mecanismo de refrendación de un eventual acuerdo de paz.

El actual ciclo de pláticas -el vigésimo segundo- comenzó el jueves con recriminaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la mayor guerrilla de ese país, al presidente Santos por haber destituido al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Santos destituyó el miércoles a Petro, una influyente figura de la izquierda colombiana, tras rechazar las medidas cautelares que dictó en su favor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y designó a un ministro en su lugar. (Columna: ¿Y la pobreza rural…?)

Petro, de 53 años, fue destituido e inhabilitado políticamente por 15 años en diciembre por la Procuraduría, el órgano responsable de sancionar a los funcionarios en Colombia, por su decisión de reformar el sistema de recolección de basuras, al transferir a una empresa pública el control de ese servicio que estaba en manos de privados.