Las alarmas que se prendieron a tiempo evitaron que el gobierno, a juicio de analistas, 'metiera un gol' dentro del Plan Nacional de Desarrollo, mediante la expropiación exprés.

La advertencia la hizo la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, quien denunció que una proposición del Plan Nacional de Desarrollo no respeta el derecho a la defensa y no hay debido proceso. Así mismo, a los 21 días, incluyen policía para sacar del terreno a la persona a la fuerza.

En diálogo con Blu Radio, la congresista manifestó que la proposición considera que si el Estado considera que un predio es de utilidad pública podría, en 20 días, pagarlo, no con el precio comercial, sino el catastral.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, indicó en Caracol Radio que “es un artículo para quitarle la tierra a la gente en 21 días, desconociendo el derecho a la defensa y sin posibilidad de oponerse”.

Explicó Valencia que en este proceso hay un tiempo negociación y, “si no me parece el precio, no me parece lo que me ofrecen, no lo vendo y entonces ellos simplemente se lo quitan por vía administrativa en 21 días”. (Lea: Vuelve la amenaza del presidente Petro con la expropiación)

Según el artículo, la Agencia Nacional de Tierras tendría la capacidad de ofrecer una oferta de compra por el predio, cuyo valor máximo sería determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o cualquier otra persona inscrita en el registro abierto de los avaluadores. Si el dueño acepta la oferta, se entenderá como un contrato de promesa de compraventa a favor del Estado. Si no se llega a un acuerdo, se pasaría a la etapa de “venta forzada con indemnización previa”.

La resolución que declare el predio como de utilidad pública para la reforma rural integral ordenaría la transferencia de la propiedad a favor de la Agencia Nacional de Tierras. Este proceso sería susceptible de recursos de reposición, pero si no se resuelve en diez días calendario siguientes a su interposición, se entendería negado. La resolución se mantendría en firme y se procedería a la entrega del predio con el concurso de las autoridades de Policía.

El gobierno se desmarca

Ante esta advertencia, la nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dijo, en Blu Radio, que el Gobierno no apoyará esa propuesta que fue presentada por el representante del Pacto Histórico, Jorge Hernán Bastidas y la impulsa el gobierno a través del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega.

De acuerdo con lo expuesto por la ministra el gobierno no tiene necesidad de hacer proceso de expropiación, aunque el mismo presidente Petro dijo que si no se aprueba el PND como se presentó acudiría a esa figura. Según Mojica “dentro de lo que se ha venido aplicando es la compra voluntaria”.

Desde el gobierno se tiene la intención de facilitar distintos mecanismos que existen hoy en la legislación de manera que se facilite el proceso de compra, que se permita sanear vicios y hacer unos procesos de avalúo comercial que logre que la compra se realce en mejores condiciones, traer bienes que están dispersos en fondos del Estado como el que tiene la Unidad de Víctimas donde hay bienes importantes, lo mismo los bienes que están en la SAE, sostuvo la ministra. (Lea: Sigue en riesgo la propiedad privada con las expropiaciones)

Afirmó que el gobierno no tiene la necesidad de hacer procesos de expropiación pero es una fórmula que está en la legislación y se usa por ejemplo para hacer vías o planeamiento urbano. La idea es estimular que otros sectores, además del ganadero, que hoy concentran tierras en actividades no tan productivas también realicen sus ofertas.

Por su parte, Noticias RCN informó que el director de la ANT, intentó poner una proposición en el Plan Nacional de Desarrollo para lograr una expropiación de tierras en favor del Estado. El artículo finalmente no quedó en el PND porque la exministra Cecilia López se negó. Sin embargo, una vez el presidente anunció a la nueva ministra, esta tuvo conversaciones con congresistas para que firmaran de nuevo esa misma proposición.

Señaló el medio que los congresistas se negaron con el argumento de que esa expropiación no garantizaba el debido proceso y el derecho a la defensa, y que tampoco estaba claro cuáles eran los proyectos estratégicos.

Mojica habría llamado directamente a congresistas de las comisiones económicas para pedir que firmaran la proposición y quedara incluida en el debate del Plan Nacional de Desarrollo para la próxima semana. Hubo una constancia que ya había dejado el representante Jorge Hernán Bastidas. En Colombia la expropiación para este sector ya existe por lo menos desde 2007, cuando hay proyectos de interés público nacional como una vía interdepartamental por el que hay bienes de privados. Pero incluso ese principio de expropiación cuenta con todas las garantías de debido proceso y controversia con el Estado.

El propio presidente Gustavo Petro ha argumentado que no se trata de una expropiación, sino de una negociación con el propietario con base en el precio comercial del predio para poder cumplir con la reforma rural integral, que se desprende del Acuerdo firmado por el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en 2016.