El proyecto de ley de reforma pensional que se debate en el Congreso conlleva a mayores erogaciones futuras de la Nación hacia Colpensiones para completar los pagos del sistema de prima media que se propone, plantea un análisis realizado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

El CARF identifica que los elementos que generan impacto fiscal y sobre el ahorro nacional son: el umbral por debajo del cual las cotizaciones y pensiones quedan a cargo de Colpensiones; la extensión de subsidios del sistema pensional a la totalidad de la población pensionada hasta el umbral de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), independientemente del nivel de ingresos de la persona.

Así mismo, la introducción de la prestación anticipada, las semanas mínimas para que las mujeres accedan a pensión y la decisión de no hacer modificaciones paramétricas que afecten la tasa de reemplazo ni el porcentaje de cotización.

Las propuestas

Sobre estos elementos, el Comité propone tener en cuenta algunas posibilidades que redundarían en la disminución de los efectos fiscales de la reforma o de sus efectos sobre el ahorro nacional.

Entre esas alternativas está la reducción del umbral al mínimo posible. Dejar que el sistema público administre y sea responsable por las pensiones de 1 SMMLV haría que se maximice el ahorro nacional y se limite el subsidio del régimen público a ese mismo nivel.

La introducción de la prestación anticipada es en la práctica un cambio paramétrico sobre las semanas y los años mínimos para pensionarse. De acuerdo con las estimaciones de la dirección técnica del CARF, la prestación anticipada aporta el mayor costo fiscal de la reforma, al reducir el número de semanas cotizadas a partir del cual un individuo puede acceder a pensión. (Lea en CONtexto ganadero: Se revive la preocupación por contenido de la reforma pensional)

Cualquier medida encaminada a reducir sus beneficios redundará en la sostenibilidad del sistema público de pensiones, por ejemplo, aumentar las semanas cotizadas para que hombres y mujeres puedan acceder a la prestación anticipada puede tener efectos sustanciales en pro de la sostenibilidad del sistema.

El proyecto toma como referencia el fallo anunciado por la Corte Constitucional para reducir progresivamente las semanas mínimas de cotización por parte de las mujeres, para acceder a pensión, de 1.300 a 1.000. Sin embargo, el proyecto inicialmente radicado en el Congreso contenía una medida que podría interpretarse suficiente para garantizar un trato diferencial en cuanto al acceso a pensiones para las mujeres: la disminución de 50 semanas de cotización por cada uno de los tres primeros hijos.

Esta aproximación inicial resultaba mucho menos onerosa desde el punto de vista de las erogaciones fiscales futuras, así como más directamente relacionada con los criterios de la propia Corte Constitucional en torno a favorecer a las mujeres, que, por razones específicas afectan su capacidad de construir su ahorro pensional, como puede ser tener que ausentarse del mercado laboral para el cuidado de sus hijos. La propuesta original, está directamente relacionada con la economía del cuidado que se entiende fue lo que motivó el análisis de la Corte Constitucional.

Mayor análisis

En cualquier caso, dado que ambas medidas van en la misma dirección, el CARF recomienda que se lleve a cabo un debate a profundidad en el Congreso sobre los elementos que afectan a las mujeres y su capacidad para construir su ahorro pensional. Se sugiere que de este debate se elimine la reducción automática de semanas que busca ser una medida remedial, y se encuentre una medida más cercana con los efectos relacionados a la economía del cuidado que afectan la pensión de las mujeres.

Hay que tener en cuenta que reducir el número de semanas de cotización puede reducir el ahorro pensional de la persona en su cuenta de ahorro individual y en consecuencia disminuye su expectativa del valor de la pensión por este componente. Si bien esta reducción de 1.300 a 1.000 semanas beneficia a las mujeres que cotizan por hasta 3 SMMLV, puede perjudicar a aquellas que cotizan más de ese valor. A su vez, tener un menor requisito de edad genera que un menor número de mujeres pueda acceder a pensión, al tener menos tiempo para cotizar. (Lea en CONtexto ganadero: Diferentes sectores insisten en cambios y hasta el archivo de la reforma pensional)

Por lo anterior, para el Comité el escenario deseable para las mujeres sería una edad de pensión de 65 años, un mínimo de 1.300 semanas cotizadas y una deducción de este requisito de 50 semanas por cada uno de los primeros tres hijos.

Una de las formas de reducir el impacto fiscal de la reforma es modificar la tasa de reemplazo para que la pensión sea consistente con la historia de los aportes de los cotizantes. El régimen de prima media calcula la tasa de reemplazo con el promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años, ampliar este período de tiempo, podría tener efectos importantes sobre el impacto fiscal de la reforma y haría más justo el sistema.

Adicionalmente, la reforma no modifica los regímenes especiales y exceptuados, estos representan una gran carga financiera para la Nación, en 2022 se destinaron cerca de $22 billones del Presupuesto General de la Nación para cubrir las necesidades de estos.