Los decretos sobre reforma agraria que el gobierno tiene para consulta, siguen generando temor y preocupación entre diferentes gremios de la producción y entes del gobierno.

Uno de los más recientes pronunciamientos corrió por cuenta del Consejo Gremial Nacional que cuenta con 32 gremios que representan a diferentes sectores de la producción.

A través de un comunicado, el Consejo Gremial manifestó su preocupación frente a la invasión de tierras en el territorio colombiano y las medidas reglamentarias que busca implementar el gobierno nacional.

“Como representantes del sector empresarial y productivo del país vemos con preocupación la creciente invasión de tierras que distintas comunidades vienen realizando de forma ilegal, transgrediendo el derecho a la propiedad privada de las personas que ostentan la titularidad legítima del inmueble. Estos hechos de violencia atentan contra la vida, el empleo, la iniciativa empresarial, la propiedad privada, el bienestar de la población y el progreso del país”, indicaron los gremios.

Por eso, desde la organización hicieron un llamado al Ministerio de Agricultura y al Gobierno Nacional para que las medidas de carácter reglamentario sean expedidas conforme al orden constitucional y legal, y estén encaminadas a proteger y salvaguardar el bienestar de toda la población. (Lea en CONtexto ganadero: Transportadores de carga, preocupados por decreto de movilizaciones campesinas)

Al respecto, dijeron, los proyectos de decreto que se publicaron para comentarios generan inseguridad jurídica y pueden ocasionar mayor polarización en detrimento de la paz y la estabilidad social de los territorios.

“El proyecto de decreto que elimina las garantías judiciales a la extinción del dominio y reglamenta el artículo 6.1 del Plan Nacional de Desarrollo, convierte el proceso en “administrativo” y a discreción de la Agencia Nacional de Tierras, sin intervención de la rama judicial”, indicaron los gremios.

Por su parte, el proyecto de decreto cuyo propósito es la promoción de la movilización campesina por la defensa de las conquistas sociales, económicas y políticas de las comunidades “contribuye a generar inestabilidad política en las regiones y carece de elementos que permitan al Gobierno Nacional prevenir la instrumentalización de dichas movilizaciones para afectar el orden público”.

Por eso invitaron al Gobierno Nacional a que promueva acciones que generen consensos y eviten la expedición de decisiones que profundicen la polarización y puedan generar inseguridad jurídica: “Reiteramos nuestro compromiso en las acciones tendientes a reivindicar los derechos de todos los colombianos en donde se garantice una vida digna, la reducción de brechas sociales y económicas, y se garantice la igualdad en el acceso de oportunidades, bienes y servicios para todos los ciudadanos”.

Otras reacciones

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Por su parte, la SAC, a través de su cuenta de X (antes Twitter) manifestó que la junta directiva del gremio sostuvo una reunión con la ministra de Agricultura y entre los temas tratados estuvo el de dichos decretos. (Lea en CONtexto ganadero: Comunidad indígena invade fincas y bloquea la Panamericana)

Indicó que a propósito de las preocupaciones sobre los decretos de la reforma agraria, “acordamos iniciar construcción de consensos en torno a esta iniciativa”.

Cabe recordar que en su momento, cuando se conoció el borrador de decreto, el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya expresó que “pareciera que ahí falta una explicación por parte del Gobierno nacional, porque la gente deber ir libremente sin necesidad de que le digan que es para defender una reforma específica".

Así mismo, la Procuraduría General de la Nación también ha señalado su preocupación pues en sus considerandos no se alude al derecho fundamental de reunión y protesta pacífica previstos en la Constitución (art. 37). “El mencionado proyecto tampoco hace referencia a la libre asociación contemplada en el artículo 38 de la Carta Política, el cual establece el derecho de los ciudadanos para unirse y constituir asociaciones libremente para la realización de un proyecto común”.

Para el Ministerio Público es alarmante la expedición de un decreto que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al regular, para un sector específico de la Nación, unos derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo y respecto a los cuales la función del Estado se limita a garantizar su ejercicio.

Le llama la atención al organismo de control que el Gobierno acuda a la expedición de un decreto oficial para, posiblemente, defender su proyecto de reforma agraria mediante movilizaciones sociales. En ese aspecto, el texto no es claro, sin embargo, “uno de los argumentos presentados en el borrador es que se realiza un llamado a la movilización y organización campesina, y que se crearán comités municipales como mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria”. (Lea en CONtexto ganadero: Gran preocupación causa decreto del Gobierno que promueve movilizaciones campesinas)

Adicionalmente, dice, queda la duda si el Gobierno destinará recursos para la participación de los campesinos en movilizaciones, pues el texto indica que “todas las entidades de todos los sectores administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes”.

Estas observaciones son importantes, dado que la expedición del decreto podría implicar una violación a la Constitución Política, al reglamentar, promover -y tal vez costear- la movilización de un sector específico de la sociedad para que apoye una política gubernamental.

De acuerdo con la entidad, existen mecanismos y autoridades facultadas para, por un lado, asegurar que este grupo de personas ejerza sus derechos a asociarse, manifestarse y participar en política y, por otro, a que el Gobierno Nacional avance en la reforma agraria que propone.