Las críticas por el nombramiento del líder indígena Giovani Yule como director de la Unidad de Restitución de Tierras para el gobierno que comienza el 7 de agosto, no cesan.

Su actuar en invasiones de tierras y en el “secuestro” de Cali durante las protestas del año pasado, así como los antecedentes judiciales que lo acompañan, hacen que se tengan grandes dudas de lo que será su accionar en una entidad tan importante para el agro colombiano.

Según la senadora Paloma Valencia, en entrevista con Semana, este nombramiento es una alerta más para el sector agropecuario donde las inversiones se pueden paralizar porque nadie sabe si será sujeto de la reforma agraria del presidente electo Gustavo Petro que es una expropiación vía impuestos o de la que hará Yule con base en la ley de restitución de tierras.

Para la congresista es riesgoso que les quiten la tierra a los compradores de buena fe que en su momento adquirieron un predio sin saber que el vendedor era una persona amenazada y ahora lo pueden expropiar sin pagarle nada.

No debe haber abuso por razones étnicas en contra de otras poblaciones. En el Cauca, como en cualquier parte del país, todos deben tener derecho a la propiedad y no solamente los indígenas o los que tienen un cierto porcentaje de indígena, indicó. (Lea: Líder de la minga indígena que generó paros y bloqueos dirigirá Unidad de Restitución de Tierras)

Así mismo, planteó que seguramente Petro le va a entregar esas tierras a desmovilizados de las Farc, de las disidencias, del ELN y del Clan del Golfo porque ya se hicieron los anuncios de dialogar con ellos y les hizo promesa de impunidad a todos esos grupos ilegales, afirmó la senadora.

Añadió que el nombramiento de una persona como esta que ha participado en los procesos de invasión y que ha estado vinculada en toda esta violencia contra personas que legalmente han adquirido su tierra es un tema que preocupa.

Finalizó cuestionando si el nombramiento de Yule en la Unidad de Restitución de Tierras significa que los invasores quedan empoderados y que todas las invasiones van a continuar. No obstante, dijo, que el presidente electo Gustavo Petro puede “nombrar a cualquiera”, pero un nombramiento así genera más incertidumbre.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Christian Garcés, en diálogo con RCN Mundo señaló que este reconocido líder indígena del departamento del Cauca debe declararse impedido para asumir su cargo pues existe un conflicto de intereses porque hace parte de una organización que promueve invasiones ilegales y ataques violentos a la propiedad privada.

Sostuvo que él ha estado investigando al líder indígena concluyendo que, “el señor Giovanny pertenece a uno de los resguardos más violentos, que organizan invasiones a propiedades privadas en donde ha tenido que intervenir nuestra Policía Nacional, para restablecer el orden, en donde se han provocado daños a la propiedad privada, se ha violado al Derecho al Trabajo y hasta se han golpeado policías”, (Lea: La restitución de tierras necesita ajustes)

También un grupo de indígenas rechaza a Yule como director de la URT

No solo desde el Congreso llueven críticas por este nombramiento, también un grupo de indígenas lo rechaza.

Diana Perafán, líder indígena de comunidades que no están en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ni en la Organización Nacional Indígena (ONIC) señaló que Yule estuvo en varias actividades de toma de la vía panamericana e invasión de tierras de propiedad privada.

En declaraciones al programa La Hora de la Verdad, señaló que Yule está vinculado en un proceso penal por un fraude frente al caso de la masacre de Caloto donde él fue cómplice y coautor de ese genocidio donde murieron 20 indígenas.

“Él ayudó a suplantar víctimas, a falsificar firmas, a desviar tierra por eso no sabemos con qué autoridad moral viene hablar ahora de que no habrá reconciliación  si no hay restitución de tierras”, afirmó.

Añadió que “a título colectivo le decimos a Yule que antes de expropiar, porque su finalidad es la expropiación, debe entregarla a las 20 familias de la masacre las tierras que se robó, los bienes que colocó a nombre de terceros para desvincularse de un proceso que logró imputarle la Fiscalía por fraude procesal”. (Lea: Segundos ocupantes, la otra cara de la restitución)

Igualmente manifestó que “el CRIC tiene vínculos con el presidente electo Gustavo Petro desde hace mucho tiempo y lo importante aquí es que se están pagando favores, se está cobrando el esfuerzo que hicieron algunos líderes por subir a Petro. Esto se da a costa de lo que pueda suceder”.

Sostuvo que Yule viene trabajando con otros líderes la construcción de la gran nación Nasa (comunidad indígena) y después van a querer hacerlo con cada pueblo indígena y eso será una fragmentación al interior del Estado colombiano.

Además, dijo, muchas de las tierras entregadas a los indígenas están dedicadas  a cultivos ilícitos y sirven para salvaguardar bajo la jurisdicción indígena a delincuentes que se camuflan allí para evadir su responsabilidad ante la ley ordinaria.

Esto va a generar que el sector privado que creía que Petro les iba a garantizar su estabilidad va a tener que irse porque estos líderes indígenas van por la propiedad privada.

Concluyó señalando que su frase (de Yule) hasta que no se restituyan las tierras no habrá reconciliación es una declaratoria de guerra, de expropiación, de conflicto y no solo en el departamento del Cauca sino a nivel nacional.