El lunes de esta semana (18 de noviembre) y tras el mensaje de urgencia, se reinició la discusión del proyecto de ley de reglamentación de la jurisdicción agraria con una audiencia pública en las comisiones primeras conjuntas.

Se trata de una ley ordinaria que le da base a la tenencia, deslinde y extinción del derecho de dominio de la tierra en Colombia, así como herramientas judiciales a los jueces agrarios para determinar diferendos agrícolas, y le da cumplimiento al acuerdo de paz de 2016 en relación con la restitución de tierras a víctimas del conflicto armado.

Oposición a la iniciativa

Para un conjunto de parlamentarios tal como está redactado el proyecto, deja muchos vacíos e inquietudes y esperan mayor claridad. (Lea en CONtexto ganadero: Propiedad rural en peligro por el proyecto de reglamentación de la jurisdicción agraria)

La senadora Paloma Valencia señaló que “es necesario encontrar una norma que le responda a los campesinos, pero que no ponga en riesgo la producción agraria en medio de concesiones excesivas a los jueces agrarios. Lo primero que se debe entender es que no puede haber extinción de dominio, sino por razones de ilegalidad y no sobre asuntos ambientales o función social, tampoco debe haber expropiación sin las causales de indemnización y valor comercial de la tierra”.

El senador Alfredo Deluque, manifestó que “la jurisdicción agraria o su implementación simplemente debe circunscribirse a lo que explícitamente manda el acuerdo de paz y estamos haciendo una reforma por mandato de un acuerdo que hace parte del bloque de constitucionalidad en el país. No podemos salirnos de ese mandato porque estaría incumpliendo la constitución”.

Defensores de la iniciativa

El presidente de la Comisión Primera de Senado, Ariel Ávila, explicó que “la jurisdicción agraria está en su camino final y la ley ordinaria le va a dar reglamentación a esta ley. Se ha generado un debate, estamos hablando de varios artículos que han generado un debate importante, pero creemos que llegaremos a conciliar todo el articulado y, pues, va a ser una realidad para el país en el marco del proceso de paz. Entonces no veo mayor dificultad, hay un debate, eso es cierto, pero vamos a conciliar los artículos que más debate generan sobre esta ley”.

Este tema ha generado fuertes diferencias entre congresistas de gobierno y oposición, ya que se ha hablado de usurpación de tierras a través de fallos judiciales. Sin embargo, Ávila sostuvo que “lo que han dicho tanto Fedegan, como la SAC, es como si no quisieran leer o no han leído el proyecto de ley. Ahí no hay ningún tipo de expropiación ni nada de eso. Pero, entendemos que hay una discusión sobre el artículo 5, el 12 y el 34, entonces es eso lo que estamos empezando a abordar como ponentes para establecer cuáles van a ser los cambios en la ponencia”. (Lea en CONtexto ganadero: Peligrosa Jurisdicción Agraria)

Manifestó que “hemos tenido reuniones sobre la jurisdicción agraria con especialistas y congresistas, ya está lista la ponencia a cargo de los senadores Alejandro Chacón y Jorge Benedetti. Así como de los coordinadores para que el informe sea debatido y votado en sesión”.

A su turno, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, afirmó que “el proyecto busca mejorar las condiciones en la calidad de vida del campesinado colombiano actualmente, y se encuentran como principios agrícolas descritos en al artículo 50 de esta Ley de Jurisdicción, pero que están amparados por la Constitución Política de Colombia”.

Agregó que “sin un acceso a la justicia en el campo, y sin una herramienta que permita la restitución de tierras en Colombia, ha sido uno de los motivos que ha generado el mayor ambiente de violencia en las diferentes regiones del país. Las vías institucionales no han resuelto conflictos menores ni tampoco aquellos de mayor complejidad como las invasiones de tierras que hacen parte de maniobras realizadas por grupos armados para generar zozobra, por lo que el Gobierno impulsa esta ley”.

El análisis de la SAC

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, manifestó que “siempre hemos acompañado la creación de la jurisdicción agraria, pero esta ley tiene que ser estable y equilibrada y para esto hemos presentado al Congreso, 27 propuestas para 20 artículos de los 80 que contiene el texto de esta iniciativa”.

En temas relacionados con la resolución de conflictos agrarios rurales, hay varios artículos de la iniciativa que van en contra del acuerdo de paz. Particularmente, el artículo 12 en algunos de sus parágrafos le quita las competencias a los jueces de la República, que echa por la borda las garantías de acceso a la justicia y deja sin fundamento jurídico a la jurisdicción agraria.

“El proyecto debe reflejar el principio de permanencia y los temas de celeridad que vienen en el texto. Se debe tener en cuenta las recomendaciones de la Sala de Casación de la Corte Suprema que pide ajustar la ley agraria al acuerdo de paz tal y como quedó establecido en 2016”, dijo.

El dirigente cuestionó tanto el contenido como el proceso de elaboración del proyecto, resaltando la falta de concertación con los sectores interesados, a pesar de los compromisos asumidos por el ministro del interior. (Lea en CONtexto ganadero: Conozca los alcances y riesgos de la jurisdicción agraria que avanza en el Congreso)