Un estudio elaborado por Manuel Francisco Díaz y Stefan Burkart, y que está consignado en la publicación Políticas en Síntesis del CIAT, detalla cómo han cambiado las políticas públicas diseñadas para la producción bovina en nuestro país desde 1979 hasta hoy.

El documento sostiene que las políticas para la ganadería han tenido una “lenta y progresiva transformación”, que incluye reformas a las instituciones y normas elaboradas de manera específica para cada eslabón de la cadena de valor.

Los expertos comenzaron con un recuento de la legislación con la Ley 9 de 1979 y el Decreto 2278 de 1982, que según ellos constituyen un primer pilar para la construcción de criterios técnicos en la ganadería. (Lea: Ganadería sostenible será sometida a proyecto de política pública)

Estas normas son el primer antecedente para salubridad y calidad de los productos en el transporte y sacrificio. De acuerdo con los autores, “en general, las políticas agropecuarias no buscaban transformar el sistema productivo sino más bien producir tímidos pasos hacia la apertura”.

En este periodo se caracterizó por una mayor dinámica en la adquisición de tierras por parte del antiguo Incora gracias a las leyes 35 de 1982 y 30 de 1988. También se creó el Certificado de Reembolso Tributario con la Ley 48 de 1983, que buscaba estimular las exportaciones.

Para Díaz y Burkart, en los años 80 se hicieron evidentes atisbos de crisis institucionales por delegar un número cada vez mayor de tareas en instituciones que conservaban sus mismos presupuestos. (Lea: Políticas públicas no promueven innovación tecnológica)

Por esta razón, en los 90 se dieron reformas estructurales con el fin de mejorar la productividad a través de un modelo abierto, eliminando antiguas entidades. Se reformó el sistema de financiamiento con la Ley 16 de 1990, y el sector bovino vio un hito en su historia con la creación del Fondo Nacional del Ganado (FNG) con la Ley 89 de 1993.

No obstante, a pesar de este “espíritu reformista”, los productores se vieron afectados por la falta de apoyo directo que condujo a problemas como el aumento de los precios de los insumos, deterioro de la balanza comercial y mayor desempleo rural.

De esta década, se destaca el nacimiento de entidades como el Invima y Corpoica (hoy Agrosavia), que se desprende del ICA. De otro lado, comienza la legislación se centra en la lucha contra las enfermedades bovinas, y la Ley 395 de 1997 establece de interés nacional la erradicación de la fiebre aftosa.

El tercer periodo inicia con la Ley 811 de 2003, que supuso “un punto de quiebre en la forma de entender la legislación para la actividad agropecuaria”, por la creación de políticas especializadas para cada eslabón. (Lea: Productores en Boyacá piden política integral para mejorar el sector)

Para la ganadería, se fijan normas para la trazabilidad, inocuidad, bienestar animal y sostenibilidad, regulando los eslabones prioritarios, como el productor primario, la planta de beneficio, la exportación, tanto de animales en pie como de productos cárnicos.

De esta época se resaltan los Decretos 616 de 2006 y 1500 de 2007, “transversales a los procesos productivos de leche y carne, respectivamente”, y que establecen requisitos sanitarios y de inocuidad que deben cumplir estos alimentos.

Esta legislación es una clara iniciativa de erradicar la informalidad que afecta las cadenas de valor, así como “insertar la actividad pecuaria dentro del comercio internacional”, pero para los expertos tuvo un efecto contrario, pues la rigidez de estas normas ocasionó que los diferentes actores de la cadena se vieran imposibilitados para cumplir en los tiempos establecidos.

Además, mientras que los actores más eficientes se esforzaron por cumplir, los de menor capacidad han presionado para las prórrogas. En la aplicación del Decreto, los actores más afectados han sido las plantas de beneficio, por tener la mayor carga en la nueva normatividad.

En esta medida, notaron que el 1500 ha traído beneficios al sector cárnico como la exportación de los productos, pero el cierre de los sitios que no cumplen han causado graves problemas como aumento en el desempleo rural, fallas en la distribución y aumento de la ilegalidad.

Para luchar contra este último, en diciembre pasado se promulgó la Ley 1944 de 2018 endurece las penas para las personas que cometan abigeato. Con esta norma, se espera eliminar este flagelo que afecta la actividad ganadera en el país.

El trabajo de Díaz y Burkart hace parte de los Programas de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) y en Ganadería (Livestock). Si desea consultar el resumen del informe, haga clic en este enlace.