En una carta enviada al presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Juan Carlos Wils Ospina y a todos los congresistas que la conforman, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura solicitaron que se elimine del Proyecto de Ley el artículo 4 de la misma y el parágrafo 1 del artículo 5, los cuales están relacionados con la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural.

En su comunicación, los directivos de las altas cortes y la Judicatura sostienen que si bien es cierto que a pesar de los esfuerzos realizados por el ejecutivo y legislativo para cumplir con lo pactado en La Habana respecto a los conflictos por la tierra, es mucho lo que aún queda por hacer.

“A seis años de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, es urgente y de suma importancia la puesta en marcha del prometido sistema especial c justicia para la resolución de los conflictos de tierras y la protección de le derechos de propiedad en las áreas rurales y rurales dispersas. La gestión oportuna, contundente y efectiva a esta dilatada demanda de justicia la tiene en sus manos el Congreso de la República, mediante algunos ajustes al Proyecto de Acto Legislativo 173 de 2022/Cámara-035 de 2022/Senado”, dice la carta en uno de sus apartes.

Aunque reconocieron la importancia del asunto y las necesidades que a ese respecto tiene el país, en especial las zonas más alejadas de los centros de impulso administrativo y judicial donde históricamente se ha concentrado el conflicto, aseguran que la solución real no pasa por el establecimiento de una nueva jurisdicción para tales fines, sino el fortalecimiento de la que ya existe y el engrosamiento de la planta de personal.

“Es innegable que estamos frente a la oportunidad histórica de implementar la jurisdicción agraria. Sin embargo, es indispensable asumir que esta justicia sólo se concretará y será posible con una base judicial sólida de juzgados y tribunales especializados y dedicados exclusivamente a dirimir los conflictos de tenencia, usos y propiedad de las tierras. Por lo tanto, la reforma constitucional en trámite en el Congreso de la República debe centrarse en disponer la creación amplia y suficiente de cargos de jueces y magistrados agrarios y rurales. Este es el eje del cambio”, se lee en el documento.

Más adelante, afirman que la propuesta incluida en el proyecto de ley repetiría las funciones que constitucionalmente les fueron adjudicadas a las salas especializadas de la Corte en el caso de los particulares y a las del Consejo de Estado cuando de por medio hay alguna entidad administrativo o de Derecho Público.

“Para la Rama Judicial, es innecesaria la creación, de la Corte Agraria y Rural que propone el proyecto de Acto Legislativo. Además, las funciones propuestas ya las cumple, y desde siempre las ha ejercido de manera imparcial e independiente, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Casación Civil y Agraria, en tratándose de conflictos particulares, y el Consejo de Estado cuando la controversia involucra actos administrativos”, explicaron Fernando Castillo, Jaime Rodríguez y Aurelio Rodríguez.

Así las cosas, proponen al Congreso en aras de fortalecer la estructura que actualmente tienen, se modifique la redacción del parágrafo del artículo 5° del Proyecto de Acto Legislativo No. 173/22 Cámara, 035/22 Senado, de la siguiente manera: “Implementación de los Tribunales y Juzgados Agrarios y Rurales. El Consejo Superior de la Judicatura, implementará de manera gradual y dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de este Acto Legislativo, la creación de los tribunales y juzgados agrarios y rurales en la jurisdicción ordinaria”.

Solicitan también un trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura para determinar las zonas del país donde deban aumentarse el número de jueces y magistrados, en atención al volumen de reclamaciones o demandas, además, piden la eliminación del artículo 4 y el parágrafo 1 del artículo 5 del Proyecto de Acto Legislativo “Por el cual se reforma la Constitución Política de Colombia y se establece la Jurisdicción Agraria y Rural”.

Finalmente, ratificaron la voluntad de las altas cortes y la Judicatura para hacer una realidad las exigencias que en este aspecto tienen cientos de miles de colombianos afectados en sus posesiones por un fenómeno que lleva en el país más de 70 años.

“Reiteramos nuestro firme compromiso de contribuir a convertir en realidad la Justicia Agraria y Rural y ofrecemos la experiencia, capacidad y recursos del sistema judicial en dirección a este propósito nacional. Esperamos poder exponer con mayor profundidad estas fórmulas de solución que, a juicio de la Rama Judicial, representan la mejor opción para el país en la coyuntura actual”, puntualiza la misiva.