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«Creo que debemos potenciar y articular la producción de vacunas con la empresa Vecol. Esa es una de las paradojas del neoliberalismo, que hemos derrotado. El Instituto Nacional de Salud hace vacunas para seres humanos y Vecol para animales. Cerraron la producción de vacunas para seres humanos y dejaron la producción de vacunas para animales. Ahora se trata de hacer ambas cosas, pero comenzar una producción de vacunas en Colombia hechas por el Estado, a través de Vecol, y ojalá usando estas empresas que hay en Drogas La Rebaja».
Con estas palabras, pronunciadas por el presidente Gustavo Petro en la población de Paz de Río – Boyacá el pasado 10 de junio en su reunión ‘El Gobierno Escucha’ (1), quedó explicito el direccionamiento que el gobierno quiere darle a esta empresa que tradicionalmente se ha dedicado a la producción e investigación de vacunas y medicamentos para animales, y utilizarla para apoyar una de sus políticas clave, como es la nueva estructura a la atención de la salud humana.
En esa misma reunión, el presidente señaló que la cadena de drogas La Rebaja –que pasó a manos del Estado en 2022 por extinción de dominio y ahora está adscrita a Minsalud– tendría por objeto la distribución de medicamentos humanos a menor costo.
Temor a la politización
Aún está presente en la mente de muchos bogotanos la “increíble, triste y devastadora historia de las basuras en Bogotá en el periodo comprendido entre el 2012 y el 2015, durante el Gobierno de la Bogotá Humana de Gustavo Petro”. (2)
En ese entonces, el burgomaestre y presidente de la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá firmó, el 10 de diciembre del 2012, el decreto 564 en el que decidió un modelo de aseo sin licitación, y anunció la salida de los operadores a los que se les vencía el contrato el 18 de diciembre y la entrega del servicio a Aguas de Bogotá (2).
La improvisación de los efectos de tal medida no se hizo esperar: una crisis sanitaria de graves proporciones porque las calles de la capital se llenaron de basuras ante la incapacidad de Aguas de Bogotá para su recolección oportuna. Impase que se solventó con la contratación de volquetas y con la adquisición de compactadoras y vehículos usados (chatarra) y otros nuevos, que llegaron al país hasta con matas, como lo registraron los medios de comunicación.
Pero ahí no para la historia. En octubre del 2017 un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró ilegal la decisión de la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá de adicionarle a dicha entidad el manejo del aseo. «Ese día se desbarató el modelo improvisado de Petro, que le entregó el aseo de la ciudad, por decreto y por capricho, a una empresa sin experiencia en el manejo, como era entonces Aguas de Bogotá» (2). Pero, además, el fallo del tribunal condenó a la empresa contratada (Daewoo Truks) que debía velar por el estado y mantenimiento de los vehículos. Lío en el que hasta la DIAN resultó sancionada (3).
El temor de los gremios de la producción agropecuaria no es, por tanto, infundado. Juntas directivas de bolsillo y con poca experiencia en las materias de su objeto social, hacen pensar que esos ensayos salen más costosos que la solución.
¿Por qué no más bien se fortalece al Instituto Nacional de Salud (INS), que tiene suficiente experticia y reconocimiento en la producción de vacunas humanas y en investigaciones sobre salud y biomedicina de acuerdo con las prioridades y necesidades del país -aportando además evidencia científica para la toma de decisiones y la elaboración de políticas en materia de salud pública-, para que desarrolle esa iniciativa de Gustavo Petro-presidente, que es, a todas luces, pertinente? Algo va de “peras a manzanas”.
El pedido de los accionistas minoritarios
“La sartén por el mango”, la tiene indudablemente el gobierno de Petro. Su participación accionaria en VECOL S.A. es del 82.57%, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del patrimonio autónomo de la Caja Agraria en liquidación. El resto de participación la tiene un mundo de accionistas entre los que se cuentan los gremios de la producción agropecuaria, y que por su objeto y función frente a las actividades que desarrolla Vecol, ocupaban asiento en su junta directiva.
Fedegán hizo parte de esa junta directiva hasta este año, cuando fue excluido en el periodo de la ministra Cecilia López.
Después de evaluar la citación de la Asamblea extraordinaria convocada con el propósito de remover la recién elegida junta directiva para el periodo 2023 -2025, el grupo minoritario de accionistas dejó una constancia, en la que advierte el peligro de la politización.
“Los gremios de la producción, accionistas minoritarios, siempre hemos estado representados en su Junta Directiva para contribuir en su buena dirección y evitar procesos inconvenientes de politización de su administración como sucedió con resultados deplorables en materia económica y preocupantes en cuanto a la transparencia de su gestión, en el periodo mayo de 2016 a mayo de 2018; periodo en que la Presidencia de la entidad estuvo a cargo de un “recomendado” de un notable político de Antioquia”.
En consecuencia, pide al gobierno nacional mantener la representación de los gremios en la junta directiva y restablecer el derecho que el sector ganadero tiene de estar representado por Fedegán en la junta directiva de Vecol S.A., sin perjuicio de los otros gremios que hacen parte de la Junta directiva.
El mal ejemplo de la toma de control de empresas a la brava, no debe ser el rasero en un gobierno que se precia de utilizar el diálogo como herramienta de gobernanza.
Lea la constancia de los accionistas minoritarios
(2) La devastadora historia de las basuras de Petro
(3) Dian, a indemnizar por decomisar carros de basura comprados por Petro