Las organizaciones agrarias Copa y la Cogeca han expresado el rechazo europeo del sector y han manifestado su profunda preocupación y oposición a los recortes planeados en el gasto agrícola de la UE.   La CE propone recortar un 5 % los fondos destinados a la PAC (Política Agrícola Común de la Unión Europea) para dárselo a inmigración, seguridad y defensa.   Dichas organizaciones agrarias señalan que ese recorte impedirá que la Unión Europea, UE, cumpla sus objetivos para el medio ambiente o para garantizar la seguridad alimentaria para una población en crecimiento. Lea: UE se prepara para la batalla por las ayudas directas a los agricultores)   Agregan que “ya hemos perdido un 20 % de ingresos en cuatro años”   Pekka Pesonen, Secretario General del Copa y de la Cogeca, dijo en un acto en la Cámara de Agricultura polaca, que “el Copa y la Cogeca se oponen a cualquier propuesta para reducir los gastos de la PAC en el futuro presupuesto de la UE.   Señaló que  ”los ingresos de los agricultores ya representan el 40% de los ingresos medios de la UE y han disminuido en un 20% en los últimos cuatro años. Un recorte presupuestal no solo pondría en riesgo los medios de vida de los agricultores y gran parte de las zonas rurales de Europa, sino también la consecución de los objetivos ambientales y sociales de la UE”.   Rechazo generalizado   Las organizaciones de agricultores y las cooperativas de toda la UE se unieron para mostrar este rechazo europeo y respaldar declaraciones como la de España y también Francia, a la vez que han instado al presidente Macron a asumir sus responsabilidades para garantizar un presupuesto suficiente para las zonas rurales vibrantes.   Este rechazo europeo también ha llegado a los países del norte. En respuesta a los gobiernos danés y sueco, que presionan por la restricción presupuestaria de la UE después de 2020, el presidente del Consejo Danés de Agricultura y Alimentación, Martin Merrild, y el presidente de la Agrupación Sueca, Palle Borgstrom, aseguraron que “nuestros agricultores corren el riesgo de sufrir grandes pérdidas económicas a través de recortes en la Política Agrícola Común (PAC). Si los Estados miembros no están de acuerdo con la necesidad de “nuevos fondos para nuevas iniciativas” que compensen el déficit del Brexit en el presupuesto de la UE.   En este sentido, han afirmado que “necesitamos un fuerte presupuesto agrícola para asegurarnos de que los agricultores europeos puedan entregar alimentos a los consumidores a precios competitivos, al tiempo que satisfacen las ambiciosas demandas de la sociedad europea sobre la forma en que se producen los alimentos en términos de medio ambiente, cambio climático y bienestar animal”.   El presupuesto   El acuerdo nunca es fácil, pero en esta ocasión tiene la dificultad añadida de solventar el agujero de entre 14 mil y 15 mil millones de euros que dejará la salida del Reino Unido y cubrir los 10 mil millones de euros más al año que se necesitarán para nuevas tareas, como inmigración, defensa o seguridad.   Para cuadrar las cuentas, la CE propone aumentar el presupuesto del 1,03% de la renta anual bruta actual al 1,11 % (1,28 billones de euros), pero también recortar un 7% los fondos estructurales y de cohesión y un 5% la Política Agraria Común (PAC).   Los países están de acuerdo en financiar nuevas prioridades y la mayoría está dispuesta a poner más dinero, algunos incluso por encima de lo que pide la CE, pero no quieren renunciar a los tradicionales pilares comunitarios y defienden revisar las condiciones para recibir fondos.   España, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Eslovaquia, Eslovenia, Malta, Hungría y Croacia rechazan reducciones en una o ambas partidas (cohesión y agricultura).   Irlanda, Rumanía y Luxemburgo, por su parte, se muestran preocupadas por los recortes, pero abogan por esperar a conocer la propuesta detallada que presentará la CE sobre cohesión y PAC el 29 de mayo para hacer un análisis definitivo de su impacto.   Los países del Este temen que la reducción de los fondos de cohesión, que han permitido a sus regiones más pobres acercarse a los estándares de sus vecinos, sea mayor en términos reales de lo que dice la CE, y señalan que será difícil explicárselo a los ciudadanos en vísperas de las elecciones de 2019.