Carlos Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de Carne y Leche, y Armando Chacín, titular de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, denunciaron en el mes pasado que el gobierno prepara la expropiación de 71 fincas productores de carne y leche.

Los directivos se basan en un hecho ocurrido el domingo 16 de septiembre. Ese día un grupo integrado por aproximadamente 90 personas, acompañado de funcionarios encapuchados y armados de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, llegó a la finca La Unión, en el kilómetro 93 en la vía Orope-La Fría, del municipio García de Hevia, noroeste del Táchira, en la frontera con Colombia. La intención fue invadir la parte trasera del predio, que en total tiene una extensión de 183 hectáreas.   “Tenemos información de que el gobierno le hará lo mismo a más de 71 fincas en Táchira. No entendemos por qué en un país donde la gente deambula buscando comida, todavía el gobierno insiste en expropiar y eliminar unidades que aún son útiles al producir carne y leche”, dijo Chacín.   Aseguró que si la intención del Ejecutivo es expropiar las fincas para colocar en el mercado a precio regulado la carne y la leche que producen, la medida duraría poco. “Ojalá que el gobierno tenga éxito en la puesta en marcha de las medidas económicas, pero difícilmente un sector económico puede sobrevivir a pérdida. Una vez que nos comamos toda la carne y el productor agropecuario no tenga capacidad para sostenerse, vamos a tener que ir a tocar la puerta de los vecinos para no morir de hambre y tener algo de alimento para la población. No hay posibilidad alguna de que este país pueda alimentar a 30 millones de personas si se acaba con el campo venezolano. Cada día tenemos menos qué comer”, afirmó.   Albornoz añadió que expropiar 71 predios es “una cifra muy dura, muy contundente”. “Nuestro llamado es a los productores, a que sigan unidos y resistiendo”.   El ganadero también responsabilizó a autoridades municipales de participar en la acción contra la finca La Unión. “El alcalde de García Hevia, Willington Vivas, haciendo uso excesivo de sus atribuciones reunió gente de caseríos aledaños, ofreciéndoles dinero, para que se anotaran en una lista para que el INTI les hiciera una adjudicación por un lote de tierra en la parte trasera de la finca, que está apenas a cinco kilómetros de la zona donde operan peligrosísimos grupos irregulares en la frontera con Colombia”.   Albornoz contó que a los dueños de la finca les robaron 430 reses el año pasado y las autoridades hicieron caso omiso de la denuncia. “Esa finca familiar lleva más de 60 años operando y a pesar del robo produce 270.000 kilos de carne al año y más de 1.020.000 litros de leche”, indicó Chacín.   El presidente de Fedenaga señaló que La Unión está ubicada en un área de permanente disputa entre grupos que se dedican al contrabando, incluso funcionarios policiales y de la Alcaldía de García de Hevia.   Laidy Gómez, gobernadora del Táchira, declaró que la intención de tomar el lugar a la fuerza es para avalar actividades ilícitas que estarían ligadas al contrabando. “No vamos a permitir que en el estado Táchira se vulnere el derecho a la propiedad. No seremos cómplices de dictámenes administrativos sobre propiedades que están a 300 metros de la frontera, donde se puede generar el ilícito del contrabando”, advirtió Gómez.   Foto: Ganadería en Venezuela Ilustración. agronegocios.uniandes.edu.co