Un grupo de 17 países, entre ellos Colombia reiteraron su preocupación por la expedición, y ahora implementación, del reglamento de la Unión Europea sobre el comercio libre de deforestación.

A través de una carta dirigida al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y a la Presidencia Pro Tempore del Consejo de la Unión Europea, actualmente en cabeza de España, los firmantes señalan que la legislación ignora las circunstancias y capacidades de producción locales, las legislaciones de cada nación y los mecanismos de certificación de los países en desarrollo, así como los esfuerzos que adelantan en su lucha contra la deforestación y los compromisos multilaterales.

Así mismo, instan a los altos mandos en el bloque europeo, destinatarios de la carta, a revisar el reglamento y a participar en un diálogo abierto con los países productores que exportan sus bienes a ese mercado, para tratar de mitigar los impactos que sobre el comercio traerá su implementación.

En uno de los apartes se indica que “considerando que, a pesar de las múltiples manifestaciones de preocupación, particularmente de los países en desarrollo, la legislación entrará en vigor en menos de 18 meses y que la Unión Europea todavía está trabajando en el proceso de implementación, instamos a la Comisión y a otras instituciones del bloque a participar en un diálogo más significativo y abierto para, por lo menos, tratar de mitigar los impactos más dañinos a través de directrices de implementación que valoren las prácticas sostenibles, así como el desarrollo local de las cadenas de valor agrícolas, y evitar así la perturbación en el comercio”.

Agregan que a esto se suma una excesiva carga administrativa por las exigencias en geolocalización y trazabilidad, certificaciones y trámites aduaneros. (Lea en CONtexto ganadero: Colombia lanza convenio para productos libres de deforestación)

Mayores costos

Todas estas normas y reglas generarán altos costos para los países exportadores e importadores, y pueden terminar siendo asumidos especialmente por los productores, se indica en la carta.

Agregan que “la legislación, por sí sola, no tendrá ningún impacto positivo en las tasas de deforestación e incluso puede producir otros efectos adversos, como aumento de la pobreza, desvío de recursos y obstáculos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Llaman la atención en el sentido que los más vulnerables ante este reglamento sobre el comercio libre de deforestación son los pequeños productores y necesitan un apoyo especial. Esta preocupación se extiende a las reglamentaciones ambientales que la Unión Europea prepara en el marco del denominado Pacto Verde y la estrategia “de la Granja a la mesa”.

Le piden a la Unión Europea reconocer los esfuerzos realizados por los países en desarrollo para avanzar en prácticas de sostenibilidad, así como los desafíos que enfrentan para acceder a programas de financiamiento, nuevas tecnologías, capacitación y asistencia técnica.

“Los pequeños productores pueden terminar siendo excluidos de las cadenas de valor internacionales, no porque hayan deforestado sus tierras sino por su incapacidad de demostrar que cumplen con los estrictos requisitos impuestos por el reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación. Esto privaría injustamente a los pequeños productores de una importante fuente de ingresos y medios de vida, e incluso afectaría su capacidad para adoptar prácticas sostenibles”, plantean en la carta. (Lea en CONtexto ganadero: Colombia recibe apoyo en su lucha contra la deforestación)

Por eso piden, que las normas y actos de implementación de ese reglamento sean claros, detallados y que incluyan regímenes diferenciados de cumplimiento y debida diligencia para materias primas y productos provenientes de los pequeños agricultores de países en desarrollo. Esto, considerando que a las pequeñas y medianas empresas del bloque europeo se les otorga un trato más flexible.

La carta la firman 11 países de América Latina y el Caribe como son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; otros tres asiáticos: Indonesia, Malasia y Tailandia, y tres africanos: Costa de Marfil, Ghana y Nigeria.