La oposición ganó en los comicios a la Asamblea tras 17 años de parlamentarios chavistas en el poder. Ganaderos de Venezuela esperan ahora que el cambio llegue a todos los sectores productivos del país que se han visto desarticulados.   Pedro E. Piñate, consultor en salud y producción animal, quien en 1996 fue director general de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Fedenaga, fue enfático en decir que el sector ganadero espera “el rescate del Estado” con la nueva Asamblea, para que se devuelva el derecho a la conformación de la libre empresa, el respeto por la propiedad y “la observación más estricta del cumplimiento del texto Constitucional por parte de todos los poderes públicos”.   Señaló que ya se realizó un documento con 12 propuestas para que empiece el cambio. El texto fue escrito por 8 asociaciones ganaderas del Sur del Lago, Maracaibo, afiliadas a Fedenaga. (Lea: Importaciones de lácteos a Colombia aumentaron 109 % durante 2015)   “La nueva diputación democrática de la Asamblea Nacional está llamada a cumplir el papel protagónico, brindando el marco legal que requieren”, expuso Piñate.   El experto en salud animal explicó que en los 17 años de poder chavista en Venezuela, se han vivido los controles en los precios de los alimentos, escasez de insumos agropecuarios, disminución de la productividad de los animales y la caída de los ingresos en bruto y neto.   “A la fecha el sector ganadero se encuentra muy golpeado”, confesó.   Pese a eso, los productores confían en que se empiecen a ver cambios favorables que se impartirán desde Fedenaga. Los productores, afirmó Piñate, esperan responder a nuevos planes y programas en el marco de una nueva legislación.   El cambio del sector ganadero, tras la elección de la nueva Asamblea, se espera en el corto plazo, aunque la ganadería en sí es una actividad que da frutos a largo plazo, según el consultor venezolano.   Las 12 propuestas del cambio   1. Crear un compromiso entre el Estado, los productores agropecuarios y sus gremios para diseñar y ejecutar un Plan Pecuario Nacional, PPN, y un Plan Lechero Nacional, PLN, que contribuyan con el mejoramiento de la producción interna de carne y leche en los próximo 10 años.   2. Sustituir, progresivamente las importaciones de carne y leche. (Lea: Venezuela no tiene insumos para el ganado)   3. Transformar el modelo económico actual sustentado en controles, por uno apoyado en incentivos, que fomente la innovación, el crecimiento y el desarrollo de las actividades agropecuarias.   4. Establecer un sistema de libre acceso a las divisas que transparente y dinámico.   5. Garantizar la disponibilidad de insumos, maquinarias y equipos agrícolas de forma oportuna y eficiente, mediante la participación del sector privado.   6. Levantar los controles de precios que generan bajas en la producción y escasez.   7. Garantizar la seguridad jurídica y los derechos de propiedad a los productores.   8 .Garantizar la seguridad personal y patrimonial a los productores, trabajadores agrícolas y sus familiares.   9. Desarrollar normativas especiales dirigidas al trabajador agrícola y reconocer las particularidades del oficio, en la ley de trabajo y en la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, Lopcymat, en los próximos 10 años.   10. Fortalecer como zonas especiales de desarrollo económico las regiones fronterizas del estado Zulia y sus áreas de influencia.   11. Vincular el gremio de productores agropecuarios con las universidades y centros de ciencia y tecnología. (Lea: Venezuela obstaculiza erradicación total de fiebre aftosa en el continente)   12. Desarrollar estrategias de responsabilidad social y ambiental como un compromiso gremial con los trabajadores y las comunidades. Por otra parte, está el tema de las restituciones agrarias y compensación a los ganaderos confiscados de sus fincas y tierras por el Estado o víctimas de invasiones violentas y la derogación de la Ley de Tierras.   “El Instituto Nacional de Tierras – INTI, arrasó con las mejores y más productivas fincas, haciendas y hatos de Venezuela, convirtiéndolas en ociosas sobre una superficie de 6 millones de hectáreas adicionales a los 10 millones que ya poseía el Estado en el eliminado Instituto Agrario de Tierras –IAN”, mencionó el consultor, que espera que las propuestas de cambio tengan eco en la Asamblea desde 2016.