Los resultados de la última encuesta sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana realizada por DANE revela que la percepción de inseguridad en el país ha aumentado significativamente en comparación con años anteriores y los casos reportados reflejan que no es una percepción. El robo, los asesinatos y las extorsiones son el pan de cada día tanto en zonas urbanas como rurales del país, con el agravante, en esta última, de la escasa presencia de la fuerza pública en algunos municipios. A continuación, un panorama de la situación de inseguridad del país y las graves denuncias de los últimos meses que han hecho distintos gremios del país.

Percepción vs realidad

Según el DANE, la percepción de inseguridad ha ido en aumento en los últimos años. En 2022, el 52,9% de los ciudadanos encuestados en todo el territorio nacional expresó sentirse inseguro, frente al 44% en 2021. Estas cifras son aún más preocupantes si se comparan con los datos del año 2020, cuando la percepción de inseguridad fue del 39%.

En términos geográficos, la percepción de inseguridad en las cabeceras municipales es mayor, alcanzando el 58,9%, mientras que en los centros poblados y rurales dispersos es menor, con un 31,2%.

Si bien estos números son preocupantes, aún más alarmante es la percepción de inseguridad en las ciudades, con un 49,9%, frente al 28,3% en los municipios.

En cuanto a las capitales, Cali y Bogotá lideran el listado, con la mayor percepción de inseguridad. La capital del Valle alcanzó una cifra del 84,1%, mientras que Bogotá pasó del 77,8% en 2021 al 83,8% en 2022.

El informe también identifica los motivos que llevaron a la ciudadanía a no sentirse segura. El 81,2% hizo referencia a la existencia de delitos comunes, como robos y asaltos, mientras que el 68,5% mencionó que es poca la presencia de la Fuerza Pública en sus comunidades.

Pero la percepción no es solo lo que más preocupa si no las cifras oficiales de inseguridad al cierre del año 2022, sin contar que las cifras están basadas en denuncias, y en algunos casos, las víctimas no se atreven a hacerlo.

9.844 Homicidios en 2022

Según datos compartidos por Medicina Legal, en 2022 se registraron alrededor de 9.844 homicidios, cifra que equivale a 36 muertes violentas cada día en el país. Las ciudades que presentaron la mayoría de los casos fueron: Bogotá con 749 casos; Cali con 705 casos; Barranquilla con 286 casos y Cartagena con 276 casos.

El robo con violencia, que incluye robos a mano armada, secuestros express y otros delitos violentos relacionados con el robo, fue uno de los delitos más frecuentes en Colombia en los últimos años. En 2022**, se reportaron cerca de 148.709 casos, cifra que indica que, en promedio, se presentaron cerca de 826 casos por día.**

El abigeato y carneo están fuera de control

En la comunidad ganadera, uno de los delitos más denunciados es el abigeato y carneo. La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) informó que el abigeato sigue siendo una de las principales plagas que afectan al sector ganadero colombiano, especialmente en los departamentos de Meta, Cesar, Sucre y Boyacá.

En 2022, se denunciaron 265 casos de abigeato que involucraron el hurto de 1.350 cabezas de ganado. A febrero, de este año ya se habían reportado un total de 88 casos que involucran 322 semovientes, lo que representa el 24% del reporte total del año anterior.

Si bien la situación a nivel nacional es alarmante, otro de los departamentos que más ha reportado pérdidas es el Quindio. El Comité de Ganaderos del Quindío, expresó que “pese a que las autoridades vienen investigando estos delitos**, la situación se vuelve cada vez más alarmante para el sector, que se ve muy afectado ante el aumento de estos casos,** generando incertidumbre en los productores ante las pérdidas y el maltrato animal, poniendo en riesgo la actividad, la economía y el bienestar del campo quindiano." (Ver: En Quindío, ganaderos están sitiados por el abigeato y el carneo)

Según las cifras del mes de enero, las pérdidas económicas de los ganaderos del departamento ascienden a 600 millones de pesos, lo que ha generado un impacto negativo en la economía de la región.

Sin embargo, a pesar de estas medidas, solo 4 de los 10 casos de abigeato han sido denunciados por los ganaderos. Esto demuestra que aún existe un problema de confianza en la justicia y que se requieren mayores esfuerzos para generar una cultura de denuncia y confianza en las autoridades.Jorge Tejada, director del comité de ganaderos del Quindío, afirmó que el gremio se encuentra muy afectado por este delito, ya que no solo pierden las reses sino también lo que se deja de producir y vender como la leche y sus derivados.

Por otro lado, el carneo sigue causando temor y pérdidas económicas en la comunidad ganadera. Desde hace varias semanas, ganaderos en los municipios de Aipe y Palermo denunciaron la reaparición de bandas dedicadas al carneo. Las mismas comienzan por sacrificar una res y luego, ante la respuesta a su comercialización, se toman confianza y llegan a sacrificar hasta cinco y seis reses, como ocurrió en la zona rural de Aipe, según denunciaron los afectados que prefirieron el anonimato. Los ganaderos enviaron videos a través de las redes sociales que muestran cómo fueron sacrificadas varias reses en los propios potreros de sus dueños.

Ganaderos, los más afectados con el secuestro

El secuestro es un delito es un flagelo que sigue acechando a la sociedad colombiana, sobre todo a las zonas rurales, y que ha aumentado en los últimos años, reflejando un incremento de 27% entre 2021 y 2022.

Según los registros de la Policía Nacional, los casos pasaron de 160 a 203 en un solo año y las víctimas más comunes de este delito son ganaderos, agricultores, comerciantes y miembros de la Fuerza Pública. La mayoría de los secuestros son atribuidos a grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y delincuentes comunes.

El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie R, hizo un recuento de la alarmante gravedad del secuestro en su editorial Tierra, participación y paz publicado en CONtexto ganadero el 28 de abril de este año. Señaló el dirigente gremial que "En abril de 2022 fue liberado Sebastián Londoño, secuestrado un año antes. El 14 de agosto fue secuestrado Pedro Nel Hincapié en Curumaní; el 22 Pablo Sánchez en Aguachica, quien fue asesinado; al día siguiente Alberto Ropero en Pelaya, y ¡al día siguiente! Nicolás Picón, hijo de un ganadero en Aguachica. En octubre Javier García en Valledupar; en noviembre Álvaro Rodríguez en Tamalameque, y en diciembre Jesús Emiro Blanco y Gabriel Rincón, de 76 años en Pailitas. El 5 de febrero de 2023 intentaron con Gustavo Pérez en Curumaní, y el 7 de marzo secuestraron a Amalia Arroyo en Tamalameque.

El mapa del desprecio por la vida

Y en su columna 'Las narrativas del odio' (CONtexto ganadero, mayo 5 de 2023), como respuesta al denodado argumento de Alfredo Molano en una de sus muchas columnas por construir una narrativa distorsionada de la violencia, Lafaurie afirma que «El mapa del desprecio por la vida en Colombia es extenso». y pone sobre la mesa unas cifras tan escalofriantes como las anteriores: «Las cifras de la Policía Nacional arrojan 3.090 homicidios intencionales en los primeros tres meses de 2023, perpetrados, en su mayoría, por los más de 90 grupos criminales que operan en el país, dedicados a diferentes actividades ilegales, pero hermanados todos por el narcotráfico».

Clan del golfo arremete contra Sucre

El Clan del Golfo, también conocido como Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ​es un grupo armado con presencia al norte del país, pero que en particular, han llevado a cabo una serie de ataques violentos en fincas ganaderas con el objetivo de presionar el pago de extorsiones.

Estos criminales ingresan a las fincas disparando contra los animales vacunos y luego los sacrifican con motosierras, dejando los restos tirados en los potreros. Esta situación no solo representa una pérdida económica para los ganaderos, sino que también genera un impacto emocional en ellos, ya que han dedicado gran parte de su vida al cuidado y la producción de su ganado.

Entre las víctimas de estos ataques se encuentra el padre del actual alcalde de San Juan de Betulia, quien perdió más de 80 carneros en su finca. Además, se han reportado incursiones en otros municipios como Sincé, San Juan de Betulia, Galeras, Sampués, y en zonas rurales de Sincelejo y San Antonio de Palmito.

Anibal José Castro, ganadero de Sincelejo, en dialogo con CONtexto ganadero dice que los casos de inseguridad los han llevado a tomar otras medidas y precauciones “nos hemos unido con otros finqueros para avisarnos ante la presencia de personas extrañas o con carros”. Sin embargo, el miedo persiste y a veces también la desesperanza “uno ya sabe que en algún momento va a pasar, nos van a robar el ganado o le van a sacar la carne, por eso uno ya anda con miedo”.

El director del Comité de Ganaderos de Sucre ha señalado la necesidad de incrementar los patrullajes y de implementar medidas de seguridad para proteger a los productores de ganado.

Es importante destacar que el abigeato no solo afecta a los ganaderos, sino que también tiene un impacto en la economía del país. Según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las pérdidas ocasionadas por este delito en Colombia ascienden a más de 150 millones de dólares al año.

Conductores en riesgo

Otro gremio que ha denunciado serias afectaciones frente a la inseguridad del país son los transportadores. Las carreteras del país han sido testigos de la violencia que ha azotado a estos trabajadores, con 18 conductores asesinados en lo que va del año 2023.

Las historias de estos conductores son desgarradoras y llenas de temor. Albeiro León, uno de ellos, relató cómo fue asaltado por tres o cuatro personas armadas con machetes en la madrugada del 7 de abril en el municipio de Cesar. Le robaron más de 12 millones de pesos en efectivo y pertenencias personales.

Los delincuentes aprovechan lugares o pueblos en donde los conductores no se dan cuenta de que se suben a los camiones para cometer robos y asesinatos con el fin de robar la carga y el vehículo. Esta situación ha llevado a que los conductores vivan con miedo constante, sin saber cuándo pueden ser víctimas de la violencia.

El anterior ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reconoció la gravedad de la situación y aseguró en su momento que se trataba de una organización delincuencial que ya está identificada. Según el exministro, estos grupos buscan robar la carga y matar a los conductores.

¿Qué propone el Gobierno para hacerle frente a la inseguridad?

El gobierno nacional ya tiene lista la política de Seguridad. En cinco capítulos establece como propósito garantizar la protección de la vida en el país, especialmente en los territorios más vulnerables por la presencia de organizaciones del crimen. Esa hoja de ruta aborda la problemática de las drogas, avanzar en un nuevo modelo de articulación entre Nación y territorio, y contrarrestar las economías ilícitas.

Si bien el objetivo de “la protección de la vida” no difiere del establecido por el gobierno anterior de Iván Duque hace cuatro años, lo que cambia son las prioridades en la estrategia para lograrlo.

El enfoque principal de Petro no es perseguir a los grupos armados ilegales, sino proporcionar alivio humanitario en las regiones. Según la política de seguridad, "la política de paz total es el instrumento constitucional por excelencia del Gobierno Nacional para proteger la vida y reducir significativamente las afectaciones humanitarias, y la seguridad es la condición indispensable para lograr este propósito".

La labor de la fuerza pública bajo esta premisa podría quedar desamparada si no se les ofrece garantías para llevar a cabo su labor, por eso, cabe recordar que en una carta a los soldados y patrulleros, publicada como uno de sus últimos actos de campaña, Petro prometió garantizar su bienestar como un mensaje de tranquilidad, a pesar de los cambios radicales que proponía para la Fuerza Pública.

¡Nos están matando! Lamentable panorama para líderes sociales en Colombia

La ONG Human Rights Watch confirmó que en abril se registró el número más alto de muertes a líderes sociales. La ciudadanía se pregunta: ¿dónde están las políticas de gobierno para salvaguardar la integridad y la vida de los ciudadanos?

Los asesinatos de líderes sociales en Colombia siguen siendo un flagelo que se presenta tristemente en diferentes regiones del país. A pesar del discurso del gobierno de Gustavo Petro de promover una paz total, este fallido anuncio parece no cumplirse.

Un nuevo informe presentado por Juan Pappier, académico e investigador y subdirector de Human Rights Watch, una ONG dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo, señala que en el mes de abril se registraron 21 asesinatos de defensores de derechos humanos y otros líderes sociales.

«Es la cifra más alta en lo que va del año. En total, hemos documentado 55 asesinatos de defensores y líderes sociales en 2023», indicó el investigador argentino Pappier.