El compromiso de la actual administración de Gustavo Petro con la reforma agraria se tambalea en medio de denuncias, irregularidades y un escándalo que involucra tierras de un exnarcotraficante. La situación ha generado incertidumbre entre las comunidades campesinas que esperaban respuestas concretas.

Jaime Augusto Correa Medina, abogado y experto en temas de derechos de tierras, advirtió que, aunque el Sistema Nacional de Reforma Agraria ha mostrado avances en su estructura y funcionamiento, el proceso de compra de tierras sigue presentando dificultades.

"Lo que se ha evidenciado en los informes de la Procuraduría y la Contraloría es que ha habido dificultades muy complejas en esos procesos de compra", lo que impide que el fondo de tierras logre su verdadero objetivo. (Lea en CONtexto ganadero: Las posibles irregularidades en la compra de tierras por la ANT según la Procuraduría)

Para que la compra de tierras sea funcional y eficiente, Correa Medina subraya la importancia de contar con recursos bien focalizados y una metodología clara que permita priorizar los predios adecuados.

"El artículo 31 de la Ley 160 de 1994 ya contemplaba la compra de tierras como un mecanismo para alimentar el fondo de tierras", explicó el abogado, quien considera que el problema radica en la forma en que se han manejado los procesos.

Y agregó: "Se deben eliminar cualquier circunstancia que pudiera motivar escenarios de corrupción o de mal uso de los recursos", enfatizando que, sin una regulación estricta y una ejecución efectiva, la compra de tierras no alcanzará sus objetivos.

El experto también advierte que, aunque el gobierno ha reiterado su compromiso con la reforma agraria, las estadísticas muestran que la adquisición de predios no ha avanzado como se esperaba.

“Aún no ha alcanzado el propósito esperado ni en las dimensiones ni en las estadísticas proyectadas", señaló, destacando que, sin una solución estructural, el fondo de tierras seguirá sin cumplir su función.

Promesa incumplida de Petro

Muestra de la ineficiencia en el proceso de tierras es lo ocurrido en noviembre de 2024 cuando el presidente Gustavo Petro anunció la entrega de más de siete mil hectáreas en el departamento del Cesar como parte de su compromiso con la reforma agraria.

Durante el evento, los miembros de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar) celebraron lo que creían era el fin de una lucha de casi una década por la restitución de sus tierras. Sin embargo, la realidad fue muy distinta.

Tres meses después, la Fiscalía 50 revocó el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sobre los predios asignados, devolviendo la administración a Luis Alberto Urrego Contreras, un exnarcotraficante que enfrenta un proceso de extinción de dominio.

Esto dejó a los campesinos en incertidumbre, pues, aunque las tierras están embargadas, Urrego Contreras ahora tiene derecho a explotarlas mientras se resuelve su situación legal.

El caso ha puesto en entredicho la gestión del Gobierno en materia de reforma agraria. La falta de claridad en los procesos de compra y entrega de tierras, sumada a la posibilidad de que predios terminan en manos de personas con antecedentes delictivos, han generado un profundo malestar en las comunidades campesinas y organizaciones agrarias.