El catastro multipropósito prometía modernizar la gestión de la propiedad rural, pero en Sucre y Bolívar ha desatado una tormenta. Productores enfrentan aumentos exorbitantes en sus avalúos, pasando de impuestos razonables a montos impagables.

El reciente aumento en los avalúos catastrales en Sucre y Bolívar ha generado una fuerte polémica en el sector ganadero. Pequeños y grandes productores han alzado su voz ante lo que consideran un incremento desmedido en sus cargas tributarias, poniendo en riesgo la viabilidad de sus fincas. Pero, ¿es este un problema de justicia fiscal o un golpe desproporcionado a la productividad rural?

En el departamento de Sucre, la actualización catastral ha disparado el valor de los predios de manera abrupta. Alfredo de la Ossa, ganadero y miembro de la junta directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), explicó que la implementación de la ley del catastro multipropósito ha sido inconsistente y desigual, seleccionando sin criterios claros.

“No es posible que un predio que pagaba cien pesos pase a liquidar diez mil de un momento a otro. Esto no ha sido un proceso progresivo ni escalonado, sino un aumento abrupto que ha dejado a muchos productores en jaque”, declaró.

El problema no solo radica en el valor del impuesto predial, sino en el efecto dominó que tiene sobre otras obligaciones tributarias. (Lea en CONtexto ganadero: ¡Alerta máxima! Predial se dispara y asfixia a los ganaderos)

Un mayor avalúo significa un mayor impuesto al patrimonio y un incremento en el pago del impuesto de renta. De la Ossa advirtió que esta situación ha convertido a los ganaderos en “nuevos ricos sobre el papel”, no porque su riqueza haya aumentado, sino porque el Estado ha decidido tasar sus tierras a valores exorbitantes.

En Bolívar, Raúl Botero, otro ganadero afectado, comparte su testimonio. “Unas tierras en Magangué que estaban avaluadas entre 1.8 y 2 millones de pesos pasaron a 9 y 10 millones. Eso significa que el impuesto a pagar se multiplica de manera absurda. Esto no tiene sentido ni sustento en la productividad real del campo”.

¿Evasión o resistencia legítima?

Ante el impacto de estos aumentos, muchos productores han buscado alternativas legales para contrarrestarlos. De la Ossa enfatizó que la única solución inmediata es apelar a los estatutos tributarios municipales, que limita el aumento del impuesto predial a un máximo del doble de lo pagado en el año anterior.

Sin embargo, cada ganadero debe presentar individualmente un recurso de reconsideración, lo que se traduce en una carga administrativa abrumadora tanto para los trabajadores rurales como para las autoridades locales.

De acuerdo con De la Ossa, “esto se va a convertir en un colapso para las oficinas de Hacienda municipales, que no están preparadas para manejar una avalancha de reclamaciones”.

Además, el problema se agrava por la falta de claridad sobre los criterios usados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para actualizar los avalúos.

“No sabemos con qué criterios técnicos, económicos o metodológicos se hizo esta actualización. Hay información de que en algunos casos se hicieron desde Bogotá, sin siquiera visitar los predios”, denunció.

El descontento ha llevado a que muchos productores retrasen sus pagos o busquen estrategias para mitigar el impacto de la medida. No se trata de una negativa para cumplir con sus obligaciones fiscales, sino de una reacción ante lo que perciben como un abuso estatal. Como bien lo mencionó Botero, “el campesino va a terminar vendiendo su ganado para pagar impuestos, y si esto sigue así, las fincas no serán sostenibles”.

Reforma agraria encubierta

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, ha sido claro en su postura que el incremento masivo de los avalúos catastrales es una estrategia del Gobierno para presionar la venta de tierras, lo que llamó una “truculenta modalidad de reforma agraria expropiatoria”.

El dirigente gremial denunció que el gobierno está violando las normas que rigen el crecimiento predial y que la Ley 2294 de 2023, conocida como ‘Ley del Plan’, ha servido como herramienta para incrementar ajustes catastrales automáticos sin considerar la capacidad productiva de los predios.

Según Lafaurie Rivera, el catastro rural de Colombia tiene un rezago promedio de 16 años, pero la solución no puede ser una actualización masiva y arbitraria que asfixie financieramente a los productores. La ley establecer que los avalúos de tierras agropecuarias deben basarse en su capacidad productiva, algo que, de acuerdo con el dirigente, no se está respetando. (Lea en CONtexto ganadero: Un catastro… catastrófico)

Los ganaderos advirtieron que, de mantenerse estas medidas, la producción se verá afectada, generando un efecto cascada en la estabilidad económica de las zonas rurales y en la seguridad alimentaria.

El temor expresado por los productores es que estas políticas no buscan modernizar el sistema tributario de manera equitativa, sino desincentivar la propiedad privada en el campo.

“La tierra no puede ser vista como un activo financiero que genera impuestos, sino como un medio de producción que garantiza el abastecimiento de alimentos y el empleo rural”, concluyó De La Ossa.