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Foto: lanacion.com.co

El gerente de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, es claro en señalar que el gobierno no cumple la Constitución al no proteger la honra y bienes de los colombianos.

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Los arroceros pagan extorsión por hectárea sembrada, como el ganado por cabeza movilizada: Fedearroz

por: CONtexto ganadero- 31 de Diciembre 1969

Diferentes sectores de la producción agropecuaria sienten el flagelo de la inseguridad proveniente de diversos grupos al margen de la ley y la situación se tona cada vez más insostenible.

Si la inseguridad es un flagelo que afecta a las personas en las ciudades, la situación en el campo es todavía mas crítica debido a la presencia de toda clase de grupos al margen de la ley.

Es el caso de los arroceros cuyo principal problema que enfrentan es el orden público, principalmente la extorsión y el secuestro que es el flagelo más grave que azota al campo, según expresó el gerente de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, en Noticias Caracol.

Señaló que hay mucho arrocero que ya no puede ir a su finca porque siempre lo están extorsionando, amenazando y la inseguridad es total. Se registran robos en las mismas fincas, los atracos a los agricultores, les roban la plata que llevan para pagar los jornales de sus empleados.

“Lo más grave de esto es que la ministra de agricultura (Jhenifer Mojica) nos cataloga a los arroceros como multimillonarios. Eso me parece una declaración irresponsable. Esto ha llevado a los arroceros a volvernos blanco de los extorsionistas y de los bandidos”, afirmó el directivo. (Lea en CONtexto ganadero: La inseguridad vuelve a tomar fuerza en muchas de las regiones de Colombia)

Los arroceros están enfrentados a la delincuencia común, pero también están las disidencias de las Farc y los diferentes grupos subversivos que se encuentran en todo el territorio nacional.

“Al productor le toca pagar por hectárea sembrada, como al ganadero por cada cabeza de ganado movilizada, lo cual se convierte en una doble o triple tributación que debe soportar el agricultor en Colombia”, manifestó.


No se puede trabajar

Además, este no es un problema que se circunscriba a una sola región del país, están en todas partes como Meta, Casanare, Tolima, Huila, en la Costa Atlántica, en el Valle, y en general donde se siembra arroz, ahí está presente la delincuencia.

“Ya no se puede trabajar, hay agricultores que ya no pueden ir a su finca, tiene que mandar a alguien que haga sus veces porque si va tiene el temor de ser secuestrado o amenazado, inclusive ya ha habido hasta asesinatos por no pagar una extorsión”, declaró Hernández Lozano. (Lea en CONtexto ganadero: El campo colombiano se llena de inseguridad)

Lo que los arroceros le piden al gobierno es lo mismo que han dicho otros gremios como los industriales, a través de la Andi, y es certidumbre porque los productores viven en una constante incertidumbre por las normas que está dictando el gobierno, por la extorsión, por la amenaza, por todo.

“Quien puede vivir tranquilo en este país si no ha habido acciones que den soluciones o estén en vías de solución. No es suficiente lo que se está haciendo en materia de orden público en Colombia”, indicó.

Con una situación como la que afrontan los arroceros, mucha gente ha vendido su finca y se ha ido, inclusive, del país por amenazas de todo el mundo.

“Necesitamos que el Estado cumpla con un deber de la Constitución que es proteger la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos. Los agricultores somos ciudadanos de Colombia y tenemos los mismos derechos que cualquiera”, concluyó.